CHILPANCINGO, Gro., 18 de junio de 2019.- Elizabeth Patrón Osorio, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), habla al oído del auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta. Pasan de las ocho de la noche del miércoles 13 de marzo y acaba de iniciar la primera sesión pública del Comité Coordinador del SEA en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Incipiente, el Sistema Anticorrupción de Guerrero no tiene nada. Este día, con casi un año de retraso, nombrarán apenas a Itzel Figueroa Salazar como secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva, cuya primera tarea será conseguir los fondos para sufragar los gastos de operación y el pago de salarios —contraprestación, dicen en el SEA— de los miembros del CPC y de ella misma.

No será tarea fácil la de Itzel, recién salida de la administración municipal perredista de Chilpancingo. El SEA Guerrero no tiene un peso etiquetado en el presupuesto de 2019 que aprobó con casi dos semanas de retraso el Congreso del estado de mayoría morenista, cuyos diputados Jesús Villanueva Vega, de la comisión de Vigilancia; Yoloczin Domínguez Serna, de Transparencia; y Alfredo Sánchez Esquivel, de Presupuesto, no supieron decir —en entrevistas por separado— por qué no le etiquetaron recursos.

O al menos no lo dijeron con claridad. Yoloczin Domínguez dijo —con un tono suspicaz— que el CPC había ido a pedirle 20 millones de pesos para sueldos. Luego, a pregunta expresa, aclaró que las seis dependencias que conforman el Comité Coordinador harían una bolsa presupuestal para hacer funcionar al SEA. Alfredo Sánchez aseguró que le presupuestaron dos millones y cuando se le dijo que en el Presupuesto publicado no aparece nada buscó una hoja impresa y, de lejos y sin soltarla, mostró la cantidad. Jesús Villanueva aceptó que no, que el SEA no tiene presupuesto para este año y preguntó, además, que entonces cómo va a operar.

—¿Cómo? ¿el SEA no corre el riesgo de convertirse en figura decorativa?

—No me gusta adelantarme a hechos que todavía no acontecen. Hay un foco amarillo prendido. Hay un riesgo —dijo, cauto.

Las trabas planteadas por los entrevistados se antojan insalvables: desde la falta de asignación de presupuesto hasta los obstáculos burocráticos, producto, en el mejor de los casos, de omisiones legislativas o del gobierno, pero hay quien piensa que esta lentitud es planeada para que el Sistema Anticorrupción no termine de cuajar. ¿A quién le conviene eso? Marcos Méndez, presidente del CPC y activista especializado en temas de transparencia, considera que ni más ni menos que al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por motivos que explicaremos más adelante.

En esta entidad, una de cada cinco personas que tuvo contacto con algún servidor público vivió una experiencia de corrupción, durante 2017, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Impacto Gubernamental del INEGI. Mientras que el Gabinete de Comunicación Estratégica, en su encuesta de ese mismo año, destaca que la desconfianza hacia el gobernador Astudillo es de 84.6 por ciento entre los guerrerenses.

Biografías con pasajes incómodos

Por ahora, además de la secretaria técnica del SEA, están en la mesa los integrantes del Comité Coordinador: Alfonso Damián Peralta, el auditor superior puesto por la legislatura pasada de mayoría priista; Olimpia María Azucena Godínez Viveros, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, veterana funcionaria en gobiernos priistas; Javier Murguía Gutiérrez, fiscal anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, mencionado en temas de corrupción por obras en Acapulco y en cuyo despacho cuelga la foto del gobernador Héctor Astudillo (PRI). Acaso por eso, en entrevista en su oficina, Murguía dijo que se debe fortalecer la cultura de la denuncia, para no inventar querellas contra nadie.

En la mesa también están Eduardo Loría Casanova, contralor del gobierno de Guerrero, cuya labor es más bien gris; Pedro Arzeta García, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero (Itaigro) y quien hace unos meses entregara un reconocimiento a la esposa del gobernador, Mercedes Calvo, por hacer del DIF la dependencia más transparente; y Alfonso Vélez Cabrera, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y miembro del Consejo de la Judicatura, señalado como parte de una presunta red de nepotismo que designó en fechas recientes a parientes y amigos como jueces.

La mesa del Comité Coordinador que celebra su primera sesión con casi un año de atraso la encabeza el presidente del CPC, Marcos Méndez Lara. Cada uno de sus cinco integrantes lo presidirá un año a la vez. Marcos es el primero. Mientras tanto, sus compañeros pueden observar y así lo hacen. Lo miembros de un Comité de Participación que se pretende ciudadano, sin nexos ni intereses creados con el gobierno, observan. Elizabeth Patrón Osorio le habla al oído por segunda vez al auditor, quién sabe de qué cosa, antes de ponerse a grabar con su teléfono. Ella sabe manejarse en estos ambientes.

Elizabeth ha sido en varias ocasiones funcionaria del gobierno de Guerrero. La primera vez con el priista René Juárez Cisneros como jefa de prensa de la Secretaría de Fomento Turístico; la segunda con Zeferino Torreblanca Galindo, llegado al gobierno con las siglas del PRD, en el área de transparencia de la Contraloría General; y también fue tres años comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Guerrero, que presidió de febrero de 2017 a febrero de 2018 en pleno gobierno de Astudillo.

Brenda Romero Méndez viene de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde fue funcionaria de primer nivel del entonces rector Arturo Contreras Gómez, de abierta militancia priista. En su biografía destaca que fue (durante ese periodo) contadora general, directora de Finanzas, jefa de Conciliaciones bancarias y auditora interna del Sistema de Gestión de Calidad. Brenda sigue trabajando en la Universidad de Guerrero y ha sido profesora invitada del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.

Ignacio Rendón Romero, otro de los integrantes del CPC, no asistió a la sesión. Quizá porque este edificio le es muy familiar. Pasó ocho años aquí como auditor general del gobierno del estado, desde 2002 con el gobierno del priista René Juárez Cisneros, hasta 2010 con el perredista Zeferino Torreblanca Galindo. Ignacio Rendón Romero tampoco necesita mayor presentación, basta googlear su nombre para conocer los escándalos y pormenores de corrupción en que acabó su periodo al frente de la entonces Auditoría General del Estado. Quizá por eso, también, sea el miembro más cuestionado dentro y fuera del CPC, cuya inclusión es una paradoja que nadie logra explicar del todo.

César González Arcos, último integrante del CPC —último es último, estará cinco años en el puesto—, más bien discreto, está en otra silla observando la sesión. Él no se mueve, pasa desapercibido, aunque su labor dentro del gobierno de Astudillo destaque más que su perfil público. Fue, hasta antes de que lo nombraran parte del CPC, presidente del Comité Consultivo del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero, una iniciativa salida del gobierno, de cuya labor no se conoce más que un librillo sobre ética repartido en las dependencias estatales. César también ha sido miembro de la Coparmex y del Colegio de Contadores. En su ramo de consultor ha tenido como cliente al gobierno de Guerrero.

“Lo que Astudillo quiere es que el SEA funcione hasta después de 2021”

Este cuadro, el cuadro ante el que está sentado Marcos Méndez presidiendo la sesión de 18 minutos del martes 13 de marzo, rodeado de seis funcionarios de Astudillo y rodeados a su vez por los tres miembros restantes del CPC —recuérdese que Ignacio Rendón no asistió—, bien pudiera estar decorando una de las salas de Casa Guerrero, la residencia oficial que habita el gobernador. Marcos lo sabe y le incomoda cómo se eligió al CPC y el orden en que los pusieron. Él se irá primero. Le tocará hacer la talacha: el trabajo inicial para que la rueda gire.

Un día antes de la sesión Marcos entregó a pie o en pesero 12 oficios a diferentes áreas y dependencias relacionadas con la reunión del día siguiente. En entrevista, no puede disimular su desilusión. Cuando en el grupo de WhatsApp del CPC pidió voluntarios para entregar los documentos nadie levantó la mano. Por eso, sospecha del orden en que los pusieron: él en primer lugar, Elizabeth en segundo, Brenda en tercero, Ignacio en cuarto y César en quinto. Asume que la disposición obedece a una recomendación del gobernador Astudillo.

—Lo que Astudillo quiere —dice— es que estos poco menos de tres años que le quedan (se va en 2021) el SEA no funcione, o funcione lo menos posible.

César González, por el contrario, está optimista y para él todo va muy bien.

—Está a un ciento por ciento —dice en entrevista, y recuerda que si algo no funciona es porque tampoco funciona en el Sistema Nacional Anticorrupción, tema en el que pone el acento.

Y no, el SEA Guerrero lleva acaso 50 por ciento de avance; es más, si fuera una silla de cuatro patas, tendría sólo dos. Una de ellas sería el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador; la segunda, la Secretaría Ejecutiva que acaban de nombrar. La tercera pata sería el Sistema Estatal de Fiscalización que aún no está listo y que no hay fecha posible porque debe estar integrado, además de la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría.

La cuarta pata que le falta al SEA es el Sistema Digital de Información Estatal. Una plataforma en la que se subirá toda la información referente a la función pública en materia de evolución patrimonial, de declaración de intereses, y constancias de presentación de declaración fiscal; nombres de funcionarios que hagan contrataciones públicas; nombres de servidores públicos y particulares sancionados; información referente al sistema anticorrupción y del sistema de fiscalización; denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y toda la información de contrataciones públicas.

Es un entramado complejo que se puede dimensionar tan pronto se lea la Ley 464 del SEA, su cimiento legal. Tanto, que asusta hasta al más experimentado; al auditor Superior del Estado, por ejemplo. En entrevista en su despacho, dos días después de la sesión del SEA, Alfonso Damián Peralta dice que la rueda es tan grande y tan enrevesada que hasta parece que se diseñó para que no ande, para que todo termine en simulación.

—Es el riesgo —dice a pregunta expresa.

En cambio, cree que una vez que esté funcionando sentará un precedente que obligará a las autoridades a manejarse con transparencia y se mejore, se eficiente, el uso de los recursos públicos.

—La exigencia viene desde la sociedad —recuerda y lo destaca como una de sus fortalezas—. Como el mismo Marcos Méndez, tal vez, la fortaleza más grande —dice.

Luis Miguel Castrejón Serna mira las cosas desde la sociedad civil, en efecto, y desde allí hay mucha desconfianza.

—El SEA no tiene dientes —dice el presidente de Crea AC, una ONG que busca poner el tema de la corrupción en la agenda estatal, aunque sin tanto éxito—. Para esto organizó dos foros sobre el asunto, pero no tuvo la resonancia que hubiera querido.

En entrevista en Chilpancingo, Luis enumera una serie de cosas por las que hay más escepticismo que entusiasmo con el SEA. Dice, por ejemplo, que sus integrantes —salvo el caso de Marcos Méndez y tal vez Elizabeth Patrón— no tienen los antecedentes más íntegros. Sin contar que no podrá hacer recomendaciones vinculantes. Sus pronunciamientos serán exhortos, llamados sin ninguna obligatoriedad de ser atendidas por parte de las instancias gubernamentales.

—¿Y entonces?

—La sociedad civil debe seguir vigilante, exigente —apuesta—. Se debe fortalecer y articular a las organizaciones locales para que el gobierno sea transparente en el uso de los recursos. La parte ciudadana es la única fortaleza que le vemos al SEA.

La gente no sabe para qué sirve el SEA

Porfirio Leyva Muñoz, profesor de la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Guerrero tiene sus dudas. La gente no sabe siquiera que existe el SEA, para qué sirve, quiénes lo integran, dice en entrevista el también director de tesis en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. A esto le suma los antecedentes de algunos de los miembros del CPC, las resistencias que hay en el gobierno para el tema de la transparencia y ejemplifica que hay funcionarios que a estas alturas se niegan a hacer su declaración patrimonial.

—¿Qué le hace falta al SEA?

—Dos cosas de suma importancia: independencia y autonomía. Toda su estructura terminó obedeciendo a cotos de poder y así sólo cumplirá con el protocolo y no será funcional. Si de veras hubiera voluntad de combatir la corrupción no serían necesarias nuevas leyes, se combatiría y ya. A pesar de que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción data de 2015 y sus leyes secundarias del año siguiente, Guerrero es uno de los ocho estados que a principios de año todavía no resolvían la situación presupuestal de sus Sistemas Estatales Anticorrupción.

Marcos Méndez Lara, miembro de la organización civil Comunica A.C. —desde donde fue promovido para integrar el CPC del SEA—, carga con sus oficios que él mismo reparte, que él mismo redacta e imprime en la ASE o en la Contraloría, pidiendo favores porque ellos ni a impresora llegan. Y carga también con su dosis de pesimismo.

—¿Le ves futuro al SEA?

—La verdad, ya lo estoy dudando.

Tampoco es para menos. A pesar que el Artículo 71 (página 72) de la Ley de Presupuesto de 2019 dice que “se destinarán recursos para la creación del organismo público descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción”, no vienen cifras detalladas. También se contempla que los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana reciban una “contraprestación”, pero no se estipulan montos.

El Artículo 73 de la misma Ley, publicada por el periódico oficial de la entidad, plantea que sean las mismas dependencias y órganos autónomos vinculados al Sistema Estatal Anticorrupción las que “deberán etiquetar los recursos que destinarán al desarrollo del mismo”. Otra vez, sin abundar en cifras.

[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya. https://ethos.org.mx/es/