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Por el bien de todos, primero los pobres
La evolución constitucional de los derechos sociales tiene su punto de partida en el texto del Constituyente de Querétaro de 1917, particularmente en sus artículos 3, 27 y 123. En ellos se parte fundamentalmente de la idea de igualar (en la educación, la propiedad de la tierra y en el trabajo) a quienes en la realidad económica son desiguales.
La política de bienestar social del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido como punto de partida el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”.
Este enfoque ha sido la piedra angular de su administración y podría considerarse el legado más significativo de su gobierno. Durante su mandato, López Obrador ha implementado una serie de programas sociales destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, los pobres.
Entre estos programas se incluyen la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 años; jóvenes construyendo el futuro, que es un programa que ofrece becas y capacitación laboral a jóvenes que no han podido acceder a la educación superior ni a un empleo formal; sembrando vida; que es un programa que tiene por objetivo la reforestación integral del territorio nacional con la colaboración de los campesinos de México; y las becas Benito Juárez, para estudiantes de todos los niveles educativos, con prioridad para aquellos que se encuentran en situación de pobreza.
Estos programas, aunados al alza de los salarios que se habían mantenido acotados a la baja por las políticas económicas neoliberales, han tenido un impacto notable en la reducción de la pobreza y la desigualdad en México. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los últimos cinco años, cinco millones de personas han salido de la pobreza. Además, la inclusión de estos programas en nuestra Constitución, mediante la modificación de su artículo 4, ha garantizado plenamente su continuidad como un derecho y reforzado el compromiso del Estado con el bienestar social.
La política de bienestar social de López Obrador, basada en el principio de priorizar a los pobres, es la parte más relevante de su legado y ha dejado una huella significativa en la sociedad mexicana. Una muestra de que si es posible aplicar, en el siglo XXI, una política económica distinta a la neoliberal, sustentada en el combate a la corrupción y la dirección del gasto público a resolver las desigualdades sociales.
Junto a la determinación constitucional de los programas sociales como derechos sociales constitucionales, la política salarial impulsada por la cuarta transformación ha tenido varios efectos más que positivos en los índices económicos del país:
1. Reducción de la pobreza: Entre 2018 y 2022, aproximadamente 4.1 millones de personas salieron de la pobreza gracias a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
2. Mejora en la brecha salarial de género: Desde 2019, la brecha salarial de género se ha reducido en un 25%, lo que indica una mejora en la equidad salarial entre hombres y mujeres.
3. Impacto en la inflación: A pesar de los aumentos históricos en el salario mínimo, no se ha observado un efecto negativo considerable en la inflación, como preconizaban los economistas neoliberales. Esto sugiere que los incrementos han sido manejados de manera responsable para que no desestabilicen la economía nacional.
4. Posición en América Latina: México ha escalado posiciones en términos de salario mínimo en la región. Antes de 2020, México ocupaba el lugar 16 en América Latina, pero los incrementos recientes han permitido que el país suba al séptimo lugar.
5. Aumento del poder adquisitivo: El salario mínimo general ha pasado de 207.44 a 248.93 pesos diarios en 2024, lo que representa un incremento del 20%. Este aumento ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores, permitiéndoles acceder a una mejor calidad de vida.
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