El desarrollo de un país debe tener una finalidad muy concreta: mejorar la vida de sus habitantes. Lograr ese propósito requiere que todas las acciones en los tres órdenes de gobierno estén orientadas a mejorar esas condiciones, desde las económicas hasta las políticas y sociales. Pareciera que esto es de sentido común y hasta una obviedad. Sin embargo, es notorio que en los últimos años el desarrollo nacional impulsado por el viejo régimen ha estado muy lejos de mejorar la vida de las y los mexicanos. O al menos, no de la mayoría de ellos. Más allá de cualquier cifra o estadísticas, la realidad nos muestra el deterioro ocasionado por los gobiernos neoliberales: inseguridad, desigualdad social, corrupción, impunidad, bajo crecimiento económico, ruptura del tejido social, una sociedad individualista alejada de los principios de la solidaridad y empatía, entre otros problemas.

A pesar de esta realidad, los conservadores que se resisten a la transformación del país no dudaron en desacreditar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019- 2024 que entregó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el pasado 30 de abril. La crítica siempre será bienvenida, porque de ella podemos evaluar y en su caso replantear algunas ideas, defender otras y reafirmar nuestras convicciones. En esta oportunidad, estimados lectores, explico los alcances del PND y sobre todo, el impacto de sus propuestas en nuestro estado de Guerrero.

Es preciso dejar en claro que el Plan es un instrumento de planeación democrática que señala cuáles son las problemáticas que tiene el país actualmente y las soluciones que propone el gobierno entrante en el periodo de su administración, es decir, durante los próximos seis años. Además, será de gran utilidad para realizar una programación efectiva del presupuesto público a partir de los programas establecidos como prioritarios con acciones focalizadas a las necesidades reales.

La importancia del Plan radica en que es una ruta de navegación que nos indica el punto de partida y al que aspira llegar un gobierno durante el periodo por el que fue electo. Muchas de las críticas vertidas se centran en que el PND carece de sustento técnico dada la magnitud de los problemas. Tratar de analizarlo desde una comparativa con los planes anteriores sería ir en contra del cambio propuesto. Hay que analizarlo en tres aspectos para determinar sus alcances: el planteamiento político, los ejes y programas prioritarios, así como la visión de futuro de mediano plazo hacia el 2024.

En la primera parte, el documento enumera lo que llamaría las nuevas coordenadas que renuevan el Pacto Social en México. Un asunto que no se ha valorado en toda su magnitud, por su trascendencia política e histórica, es la base filosófica, política y social que el gobierno federal pretende darle al estado mexicano.  Aunque nuestra Carta Magna establece las bases filosóficas del pacto social, el PND recupera de manera puntual la necesidad de retomar una visión donde el ser humano es el centro de toda acción del estado.

Inicia con un deslinde absoluto del neoliberalismo y lo que este representa: un crecimiento sin visión social, un exacerbado mercantilismo y la patética corrupción de sus gobiernos. El daño ocasionado al tejido social se observa en la falta de empatía, solidaridad, consumismo e individualismo que dominaron a la sociedad mexicana en las últimas tres décadas. Con base en este diagnóstico, el PND delinea los principios éticos y políticos que pretenden no sólo transformar una administración, sino darle a la sociedad nuevos derroteros que nos permitan retomar el camino de la paz, la armonía y el bienestar para todos.

Desde mi perspectiva hay tres principios fundamentales: buscar el bienestar de la población como un objetivo primordial de la política económica; garantizar la paz a partir de un nuevo paradigma de seguridad pública; y que gobernar sea una responsabilidad de todos, no sólo de los políticos y tecnócratas.

Buscar el bienestar de la población implica: acabar con la corrupción impulsando la honradez y honestidad; que el estado retome la rectoría del desarrollo nacional; impulsar políticas de inclusión a los que menos tienen y sufren alguna situación de vulnerabilidad (jóvenes, mujeres, pueblos originarios, adultos mayores, personas con discapacidad) y terminar de una vez con los privilegios de la clase política y funcionarios públicos.

En cuanto a la búsqueda de la paz social, el nuevo paradigma de seguridad pública estará enfocada a atender las causas de la delincuencia y la inseguridad a través de programas sociales; sin que signifique abandonar el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad como es la Guardia Nacional y la inteligencia policial.

El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo se pretende materializar reforzando la democracia participativa, las consultas populares; así como la libertad, la ética, la confianza, la legalidad y la justicia.

El Plan Nacional 2019- 2024 está estructurado en tres ejes: política y gobierno; política social; y economía. En cada uno de ellos se desprenden las estrategias y programas prioritarios de la administración federal. Por razones de espacio, comparto con ustedes algunas de estas estrategias y programas que considero tendrán un impacto positivo en nuestro estado, y que como legisladores debemos ponernos a trabajar de manera inmediata.

En el rubro de política y gobierno, destaco tres estrategias concretas: acabar con la corrupción y el dispendio de la vida pública; la estrategia de seguridad pública y fortalecer los mecanismos de la democracia directa. Desde el congreso seguiremos siendo implacables para denunciar cualquier acto de corrupción, monetaria pero también la mentira y la simulación. Construir la paz nos obliga a legislar en tres aspectos concretos: impulsar un modelo de policía estatal y municipal a partir incrementar la capacitación profesionalización, certificación y dignificación policial. Además, debemos reforzar la democracia participativa, la revocación de mandato y la consulta popular. darle poder al pueblo.

En cuanto a la política social vamos a trabajar para que los recursos públicos del estado atiendan el desarrollo sostenible, a través de los programas que si bien son de carácter federal, se va a requerir el esfuerzo coordinado con las entidades federativas a fin de operen con eficiencia y eficacia los programas dirigidos a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, los estudiantes y las comunidades para su desarrollo rural integral. Los derechos a la educación y salud deberán garantizarse con presupuesto federal y estatal para el próximo ejercicio fiscal.

Finalmente, en economía buscaremos adecuar nuestras normas jurídicas del estado para reactivar la economía local y de las regiones; el mercado interno y empleo. Para ello, deberemos orientar el próximo presupuesto a incrementar la inversión social productiva y brindar certidumbre a la inversión privada de manera transparente y sin comprometer las finanzas públicas del estado ni municipales. Un programa que nos ayudará en el estado es la construcción de caminos rurales en el que tanto Oaxaca como en Guerrero se pretende comunicar a 350 cabeceras municipales con carreteras de concreto.

Apreciables lectores, los invito a que lean el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Independientemente de mis opiniones, lo más importantes es que ustedes conozcan de primera mano las directrices del gobierno federal y su impacto en nuestro Guerrero.