El ultimátum y el colapso

No habla por hablar. Sus palabras mueven instituciones y autoridades, lo hemos visto en dos ocasiones. Por eso la advertencia de provocar un “colapso”, en caso de que el gobierno mexicano no atienda sus peticiones, es para tomarse en serio. Un par de misivas suyas mostraron el nivel de su incidencia en las altas esferas del poder público y es fácil deducir las razones de tal influencia. El silencio es moneda de cambio.

La primera carta que El Mayo envió estableció la narrativa del gobierno mexicano, la cual, ahora lo sabemos por la segunda, es coincidente con los argumentos de la defensa para pedir su repatriación y evitar la pena de muerte. López Obrador insistió, una y otra vez -en ocasiones sin que viniera a cuento-, que estaba solicitando al gobierno de Joe Biden una explicación pormenorizada de la captura de Ismael Zambada y su traslado a Estados Unidos, alimentando la tesis del secuestro ilegal, el cual desde hace tiempo fue asumido sin ambages por la Fiscalía General de la República.

Gertz Manero avaló la versión de Zambada. Estableció que Melesio Cuén, adversario del gobernador de Sinaloa, no fue asesinado en una gasolinera como lo había asegurado la fiscalía local mediante un montaje y ubicó el lugar de los hechos donde aquel lo señaló. Además, se quejó de que las autoridades norteamericanas no le habían proporcionado el nombre del piloto, el cual también están solicitando los abogados defensores, y presentó denuncia penal por “traición a la patria” contra Joaquín Guzmán López por haberlo capturado en México y entregado a la policía de otro país. El secuestro binacional está prohibido en un tratado suscrito después del caso del médico Humberto Álvarez Machaín, a quien vincularon al asesinato y tortura de Enrique Camarena y luego resultó absuelto, pero no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum ha mencionado que El Mayo tiene órdenes de aprehensión en México y que, sin reparar en el personaje, debe revisarse si se cumplió el debido proceso en su detención y traslado a Estados Unidos, “como se haría con cualquier mexicano”, agregó aguantándose la risa. La defensa puso sobre la mesa la posibilidad de que a su cliente le apliquen la pena de muerte, lo cual es discutible; pero dado el escalamiento explícito en el combate al narcotráfico con la nueva administración no suena descabellado y apela al sentido humanitario de la legislación mexicana que lo prohíbe, añadiendo que si hubiera sido detenido y extraditado con todas las de la ley sería imposible que lo condenaran a la pena máxima por estar así estipulado en el tratado vigente.

Desde la primera reacción presidencial se perfila el cumplimiento estricto de las condiciones exigidas por Zambada en el ultimátum que dejó por escrito en su segunda carta. Si éste decidió publicarla con tan fuerte advertencia explícita es porque seguramente se hartó de que el gobierno siguiera pateando la lata, alegando que están esperando las explicaciones de Estados Unidos. Seguramente en la administración de Sheinbaum están conscientes de que pedir la repatriación los va a dejar en una situación difícil, luego del señalamiento que hizo la Casa Blanca sobre la “intolerable alianza con los cárteles” y la puntilla de Donald Trump al afirmar que “especialmente ahora” gobiernan en México dichas organizaciones criminales; pero desde que tomaron posesión no han tenido mayor prioridad que cubrirle las espaldas a López Obrador.

No se ven muchas posibilidades de que proceda la petición. Clasificaron a cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y el antecedente de impunidad del general Salvador Cienfuegos está fresco, agravió que no olvidan en el Departamento de Justicia. Está por verse que El Mayo Zambada quede contento con una gestión infructuosa de la cancillería. La pregunta obligada es qué sabrá como para poder “colapsar” las relaciones entre ambos países. La respuesta solícita de las autoridades mexicanas nos dice que quieren dejarnos con la duda. Pero hay algo que les quita el sueño: una vía segura para evitar la pena de muerte es declararse culpable y convertirse en testigo protegido. El señor es Enciclopedia de Narcopolítica.