El Listón Amarillo
*Discurso pronunciado en la Sesión Solemne por el inicio del proceso electoral 2026-2027 en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 7 de septiembre de 2026.
¡Qué hablen las urnas… pero sin trampas!
Los votos distribuyen el poder político. Eso dice la Constitución y no podemos aspirar a menos, ni aceptar que se conculque, distorsione o defraude la voluntad ciudadana.
El problema es que padecemos una regresión autoritaria que ha dañado la calidad de los comicios y revertido avances históricos. No solo estamos ante la evidente inequidad y la obscena intervención gubernamental, se atenta sin tapujos contra el voto libre y adulteran la representación popular.
Aprendimos una dolorosa lección: las conquistas no son para siempre y es un error darlas por sentadas; si no se cuidan pueden ser revertidas, como ocurrió, echando por la borda lo logrado con el sacrificio de generaciones de mexicanos. Hoy, la lucha por el sufragio efectivo ha recobrado plena vigencia.
El voto es el poder del ciudadano, expresión de su conciencia y herramienta para incidir en la vida de su comunidad. Es un derecho privilegiado para premiar o castigar, para que los poderosos corrijan y las ideas, causas y propuestas sean escuchadas y atendidas.
Pero en la Ciudad de México Somos muchos los ignorados porque escamotearon la representación de la oposición y el gobierno carece de equilibrios y contrapesos. Por eso priva el despotismo y, con ello, la ausencia de rendición de cuentas. Es un círculo perverso porque borraron a los disidentes, no en las urnas sino en la burocracia.
En 2024, el bloque oficialista obtuvo 50.5 por ciento del voto efectivo para diputados locales y la suma de los partidos opositores el 49.5 por ciento. La diferencia de uno por ciento en las urnas se transformó en 30 por ciento en escaños del Congreso Local: 65 por ciento contra 35 por ciento.
Un resultado que obligaba al diálogo, la negociación y el acuerdo fue adulterado a tal grado que al gobierno le bastó con corromper a un diputado para tener mayoría calificada y poder modificar la Constitución desde el Palacio del Ayuntamiento, donde realmente se legisla, ignorando a la representación de casi la mitad de los capitalinos.
Es parecido a lo que sucedió a nivel federal, pero con un agravante.
Después de electos, siete diputados morenistas de mayoría anunciaron su ingreso a alguna de las bancadas de sus aliados para darle la vuelta al tope y que entraran más pluris de Morena. Esa bochornosa farsa no debe repetirse, basta con aplicar el lineamiento de la militancia efectiva que ha usado el INE desde 2021, es decir, que la afiliación del candidato defina su adscripción en el momento del reparto para evitar dicho fraude. Vamos a insistir en ello.
Para dimensionar el tamaño del retroceso recurro a la comparación federal porque durante muchos años los capitalinos no elegíamos a nuestros gobernantes y carecíamos de Congreso Local. En 2024, con el 54 por ciento de los votos, le obsequiaron el 73 por ciento de las curules a la coalición oficialista en la Cámara de Diputados.
La última vez que una fuerza política obtuvo tal porcentaje en dicha cámara fue en la elección de Miguel de la Madrid. Solo que entonces el PRI tuvo 73 por ciento de los votos, no el 54 por ciento; ganaron 298 distritos, no 256; y había solo 100 diputados de representación proporcional, los cuales se duplicaron precisamente para reducir la distancia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Ésa es mi navaja de Ockham: en materia de representación estamos peor que en 1982; las autoridades electorales borraron la transición a la democracia que las creó.
Es imposible minimizar el daño que esa distorsión a la voluntad popular ha ocasionado. Fue un acto golpista porque dio pie a que se modificara la Constitución de manera unilateral con el objetivo de concentrar el poder y perpetuarse en él. Acabaron con la República.
Sin embargo, por grave que haya sido la devastación institucional, todo tiene remedio si se conserva el voto libre. Es el último reducto, el vestigio que aun queda de lo que hace no mucho era una democracia, con deficiencias, contradicciones y pendientes, sin duda, pero que se abrió al pluralismo, cultivó las libertades y normalizó las alternancias. Por desgracia, también está bajo asedio.
El voto secreto es condición del voto libre. Es la garantía de que el elector cruzó el emblema de su preferencia, con independencia de amenazas u ofertas. Para eso existen las mamparas. Sin embargo, la tecnología las volvió insuficientes porque se pide a votantes la imagen de su boleta marcada para no perder apoyos, conservar el trabajo, obtener despensa o recibir dinero en efectivo.
Tan peligra la inviolabilidad del voto que la elección judicial se definió por el acarreo de clientelas con acordeón en mano. Es el triunfo cultural de Gonzalo N Santos y Manuel Bartlett. Les indican por quién votar y condicionan la contraprestación al envío de la foto.
Prohibir la entrada de teléfonos celulares a las casillas protegería el voto libre y secreto. Vamos también a insistir en ello, aunque prevemos resistencias alegando intromisiones al ámbito personal. Los que extendieron la prisión oficiosa se ponen garantistas para proteger el libre comercio del sufragio. Pero, al margen de si la prohibición camina o no, al menos podríamos acordar una intensa campaña que deje en claro que quien pida la foto del voto es un delincuente electoral e invite a la denuncia ciudadana.
El clientelismo ya no es un subproducto del viejo régimen, tolerado y alentado con el eufemismo de movilizar al voto duro bajo la premisa de que quien tiene más saliva traga más pinole. Ahora es política de Estado que se presume con interminables filas de camiones, cuotas de asistencia decididas en oficinas gubernamentales y un ejercito de servidores de la nación que indican a los beneficiarios por quién deben votar para conservar los programas sociales que, por cierto, avísenle a la senadora Mícher, se financian con los impuestos de todos.
Pero lejos de fortalecer controles, se relajan. Las boletas planchadas, cuya imposibilidad física de entrar a la urna sin doblarse es confesión de fraude, podrán ser computadas y a ver si las tiran en el tribunal. Por su parte, con solo mentir los servidores de la nación podrán ser observadores electorales y recibir en las casillas a quienes les entregan apoyos, pues ya no lo verificarán. En cambio, el INE se ocupará en censurar programas y cuentas en redes sociales que cuestionen o hagan sátira del gobierno y sus políticos.
Estamos en la declaratoria formal y solemne del inicio del proceso electoral y, sin embargo, hay muchos adelantados. Pudieron, como en otros temas, cambiar la ley a su antojo, pero prefieren violarla. Aspirantes oficialistas llevan meses promoviéndose con singular alegría, jactándose de defraudar la norma con impunidad.
Ellos saben que están haciendo campaña anticipada; nosotros sabemos que están haciendo campaña anticipada; las autoridades saben que están haciendo campaña anticipada; la opinión pública sabe que están haciendo campaña anticipada… y, sin embargo, insisten en hacer campaña anticipada, aun cuando todos sabemos que es delito electoral. Lo único que tienen que hacer las corcholatas para evitar las consecuencias, en caso de ser destapadas, es no decirse candidatos sino coordinadores. ¡Qué listos son!
Pero, a pesar de todo, el voto sigue siendo poderoso y el 6 de junio de 2027 habrá una insurrección cívica y pacífica. Con valentía los capitalinos dejarán constancia de su inconformidad y votarán por la alternativa.
Somos más los que queremos medicinas en los hospitales. Somos más los que queremos transporte público seguro y eficiente. Somos más los que repudiamos a la industria del despojo y la extorsión que actúa con impunidad. Somos más los que queremos aprovechar el agua de lluvia y evitar inundaciones. Somos más los que estamos hartos de la corrupción; somos más los que queremos que nuestros hijos vayan a la escuela y se diviertan sin miedo. Somos México… ah, y por cierto, pedimos la libertad del preso político Ernesto Ruffo, creador de la credencial para votar con fotografía.