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ACAPULCO, Gro., 19 de agosto de 2024.- El encargado de la Comisión de Búsqueda de la organización Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Sergio Ceballos Ascencio informó el hallazgo de 180 fosas clandestinas con restos de víctimas y la localización de más de 200 personas con vida en nueve años de existencia de esa asociación.
Añadió sin embargo que son ellos como familiares quienes continúan arriesgándose ante condiciones adversas, buscando en predios inhóspitos y en otras entidades del país, a costa de la desintegración de sus familias, por la falta de dinero y el infierno que viven durante cada proceso ante la desaparición de sus seres queridos y el proceso de búsqueda.
Este lunes se llevó a cabo el conversatorio Contexto de las desapariciones en Acapulco y medidas de prevención, convocado por la organización que preside Emma Mora Liberato y el cual forma parte de las actividades de sensibilización programadas por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, en las que se incluyen una charla con jóvenes en una escuela pública, una misa, una movilización, entre otras.
Sergio Ceballos lamentó la normalización de la violencia y las muertes cotidianas en plena calle.
Llamó a la sociedad a capacitarse, estar al pendiente de lo que ocurre y exigir a las autoridades para tener investigaciones adecuadas, porque reprochó, no las hay.
“Estamos cansados de lo mismo, de que no haya investigación y lo único que queremos es encontrar nuestro familiar”, expresó.
Uno de los panelistas, el director del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz subrayó que en las políticas públicas dirigidas a la búsqueda de personas falta un enfoque de articulación de sectores que sean interdisciplinarios.
Señaló que falta coordinación entre los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno, la academia y la sociedad civil organizada para hallar a sus familiares desaparecidos.
Caros Juárez afirmó que se necesita la solidaridad de los sectores económicos, las iglesias, la sociedad y anticipar la crisis que viene, ya que cada vez más aumenta la proporción de mujeres desaparecidas, ante lo cual sugirió la aplicación de un enfoque de género en las políticas públicas.
Sugirió asimismo a las autoridades, capacitarse para entender lo que viven las familias, cómo procesan el dolor, debido a que eso les permitirá atender con humanidad el infierno que viven y no pensar en que las personas desaparecidas son carpetas, sino personas, y familias afectadas por la desaparición.
En el conversatorio también participaron el representante de la Comisión Estatal de Búsqueda, Arturo Solís Felipe; el encargado de la Fiscalía Especial en Desaparición y Búsqueda de Personas en Acapulco, Baldomero Millán Tejeda; y la comisionada de la Agencia Especializada en Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eva de la Sancha Flores.
Los funcionarios coincidieron en que son escasos los recursos con que cuentan para llevar a cabo búsquedas en campo y atender todos los casos que se presentan.
Antes, el director del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz recalcó que son las familias de las personas desaparecidas las que subsidian la omisión del Estado ante la desaparición.
“Tendría que haber una política pública que articule los esfuerzos, porque las instituciones no responden a la complejidad de las circunstancias ni atienden las demandas ante una crisis grave de desapariciones de poderosas”, remarcó.
Indicó que son pocos aliados de los colectivos de las familias que buscan a sus desaparecidos por lo que necesitan contar con acciones más afectivas de las autoridades y voluntades políticas.
Solís Felipe indicó que los delitos de desaparición son cometidos primordialmente en vía pública o las viviendas de las víctimas.
Baldomero Millán admitió que la institución ha sido rebasada ante el creciente número de personas desaparecidas y pidió a las familias hacer denuncias en menor tiempo y extensivas, porque los datos que proporcionan a veces resultan insuficientes para abrir más líneas de investigación.
Asimismo los participantes coincidieron en que el alto grado de impunidad mantiene el grave problema de desaparición, ya que no hay castigo a los responsables materiales ni intelectuales de la desaparición de personas.
Así también coincidieron en que debe haber mayor sensibilización entre diferentes sectores de la sociedad y poner en el centro de la conversación este problema.
Convocaron a los gobiernos federal y estatal a mostrar voluntad política reflejada en más recursos para las dependencias encargadas de prevenir e investigar la desaparición de personas.
La moderación del conversatorio estuvo a cargo del coordinador de la organización Guerrero es Primero, Fernando Terrazas.