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ACAPULCO, Gro., 22 de noviembre de 2019.- El contralor del estado, Eduardo Loría Casanova informó que está por concluir la auditoría al Fideicomiso de Promoción Turística de este puerto (Fidetur), luego de que Silvia Sandoval Peláez fue separada de la administración por presuntas irregularidades al gasto ejercido durante el primer semestre de 2018 por poco más de 99 millones de pesos, y que favorecieron a algunas empresas.
Entre las empresas beneficiadas se encuentran la que administra el actual director del Fideicomiso, Pedro Haces Sordo, Inmobiliaria El Kano; el grupo Mundo Imperial del empresario Juan Antonio Hernández Venegas; y la empresa Standex, encargada de montajes, iluminación y servicios técnicos propiedad de José Aguirre Ramírez.
En declaraciones luego de que inauguró la 15 convención nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) en la zona Diamante de Acapulco, Loría Casanova indicó que ante los señalamientos a tal ejercicio, la auditoría se amplió a 2010, cuando Sandoval Peláez llegó al cargo, pues la auditoría no se redujo al período señalado según el informe de gastos del Fidetur Acapulco de enero a junio de 2018, y que fue difundido en octubre de ese mismo año.
“Ella tiene cerca de 10 años, prácticamente desde que se creó el Fideicomiso, creo que fue la primera administradora o la segunda. Todos los años fueron auditados”, declaró a reporteros esta mañana.
La auditoría se amplió a su administración y fue separada del cargo, informó.
“En un par de semanas se tendrá la resolución por parte de nosotros” expuso.
En relación a las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la actual administración estatal, comentó que el 90 por ciento de éstas se encuentran en revisión y esperan la solventación.
Añadió que la ASF retrasó el trámite por la creación de una nueva área dedicada a la atención de observaciones, que requirieron 60 mesas de trabajo.
Advirtió que el reto por venir el próximo año para la Contraloría General de Guerrero es la declaración patrimonial que contaba con siete mil sujetos obligados a tal trámite, pero por ley, ahora todos los funcionarios -al menos 120 mil declarantes en el ejecutivo estatal- se sumarán funcionarios municipales y colaboradores de órganos autónomos.
“Es una de las obligaciones fundamentales, porque es la mejor muestra de rendir cuentas (…) y cada año se muestra cómo evoluciona”, señaló.