ACAPULCO, Gro., 5 de septiembre de 2019.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez anunció sin precisar una fecha, la presentación ante el Congreso de la Unión de la Ley de desplazamiento forzado, para establecer las normas que permitan la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y se definan las responsabilidades del Estado ante el fenómeno.

Encinas Rodríguez dijo que con la ley, tendrán que converger políticas de atención al desplazamiento forzado, que involucren las de combate a la inseguridad, las políticas sociales para la reconstrucción del tejido social y, la dotación de herramientas para restituir o recuperar los proyectos de vida a los desplazados.

Durante su mensaje en el arranque del foro nacional de desplazamiento de personas, para la conformación del Plan Nacional de Derechos Humanos que se desarrolló este jueves en la zona Diamante del puerto, el funcionario federal sostuvo que México enfrenta “una profunda crisis humanitaria y de violación de derechos humanos”, a pesar de que ha querido ser invisibilizado en el país durante muchos años, pese a “experiencias lacerantes” del fenómeno.

“Hoy que el fenómeno obedece a problemas derivados de la violencia delictiva en el país, se ha querido minimizar y esconder el problema”, reiteró Encinas Rodríguez y reconoció que los desplazamientos persisten por la ausencia de seguridad.

“Lo que ha provocado el desplazamiento es la ausencia y debilitamiento del Estado, que no ha cumplido con su responsabilidad primigenia de garantizar la seguridad y protección de las personas y de sus bienes. El paso más importante va a ser el restituir las condiciones para que la población desplazada regrese al lugar de origen, a recuperar sus bienes, su calidad y su condición de vida; y eso va a implicar acciones del Estado muy firmes, respetando por supuesto, siempre los derechos humanos, enfrentando los grupos delictivos”, detalló.

Destacó que el desplazamiento forzado no se incorporó en la agenda de riesgos a la seguridad nacional.

Recordó que el Estado fue el principal violador de derechos humanos y en Guerrero, durante la Guerra Sucia provocó el desplazamiento de personas por la presencia del Ejército.

Al acto de arranque acudieron el jefe de la oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores, Alejandro Bravo Abarca; y la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, entre otros.