ACAPULCO, Gro., 16 de agosto de 2019.- La investigadora y catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), especialista en temas de género, Rosa Icela Ojeda Rivera advirtió que el engrosamiento del Código Penal estatal, no disminuirá la violencia contra las mujeres, pues se debe cambiar la cultura machista que naturaliza las violaciones de niñas por sus familiares en la entidad. 

Ojeda Rivera sostuvo una entrevista con Quadratín para hablar acerca de los avances desde 2007 que fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007 en México y armonizada tres años más tarde en Guerrero, pero que la negativa para establecer políticas reales y no simuladas, detienen su lento avance y logros por algunos gobiernos municipales y el estatal.  

Ley Olimpia 

Aplaudió la promoción de la Ley Olimpia – el paquete de reformas locales para tipificar como delito la violencia digital – y que es promovido fundamentalmente por mujeres jóvenes, quienes han sido víctimas de violencia con la exhibición de su vida sexual, como fue el caso más reciente de la directora de Catastro e Impuesto Predial de Acapulco, Tania Sámano González. 

Al respecto, aseguró que la inclusión de tipo penal de un delito no disminuirá la violencia contra las mujeres ni resolverá la situación, aunque será disuasivo, pues consideró que lo que el cambio debe ser cultural. 

“En Guerrero siempre ha habido machismo y patriarcado para destruir la imagen de las mujeres a partir de exhibirlas como un objeto sexual, pero si no se modifica la cultura, seguirá existiendo y no podemos seguir pensando que engrosar el código penal, si éste no se aplica, va a resolver algo; necesitamos hacer algo a nivel cultural y que las mujeres dejemos ser vistas como objetos, necesitamos ganar espacios para ser vistas como sujetas y como alguien que merece respeto, y no por el tema de la moralidad, de que alguien tenga una vida pública o privada”, propuso. 

Apeló imaginar una sociedad que enjuicie y condene a quienes difunden imágenes que violan la intimidad de las personas y que han sido expuestas sin su consentimiento, sin juzgar a la víctima, y que ésta no tenga que afrontar ningún tipo de daño moral. 

¿Quiénes son las víctimas? 

De acuerdo con la investigadora, la cifra de víctimas incrementa cada año y puso ejemplos casos de Chilpancingo, pues trabaja en un informe que servirá para el diseño de políticas públicas en ese municipio, donde los feminicidios comenzaron en la periferia de la ciudad y ahora también se registran en el Centro de la capital.  

Dijo que en 2005 incrementó el número de feminicidios en Acapulco, mientras que en Chilpancingo, el aumento ocurrió durante 2009, 2010 y 2011, cuando comenzaron a aparecer niñas con carteles de grupos de la delincuencia organizada entre sus cadáveres. 

Resaltó la necesidad de que las víctimas sean identificadas como personas, con identidad y no dejarlas sólo en cifras. 

Habló de dos casos de niñas asesinadas, ambas de 14 años en Chilpancingo; una de ellas estuvo casada durante cuatro años con un hombre de 35; la otra amaneció tirada en la calle con un cartel con la firma de Los Rojos diciendo que era una basura. Esta última, fue violada por al menos tres hombres por todas las vías imaginables y fue torturada antes de ser asesinada. La primera se refugió en la casa de su madre porque era agredida por su esposo, pero la mató dejando huérfano a su hijo. 

Rosa Icela Ojeda reflexionó que el análisis cualitativo en el caso de ambas víctimas, indica que en Chilpancingo se deben atender los matrimonios y abusos sexuales infantiles. 

“Guerrero es un lugar donde ha estado naturalizado el abuso sexual por los abuelos, los tíos, los hermanos y ésta es una realidad de la que tenemos que comenzar a hablar, de lo contrario, no podremos parar los abusos, ni la cosificación de las niñas y las mujeres”, expresó. 

Impunidad como política y los QRR 

Celebró el cuidado de la identidad de las víctimas a partir de 2015, pero criticó que tal “cuidado” en los datos de las víctimas sea manipulado por la autoridad fiscal. 

Desde ese año, continuó, la Fiscalía General del Estado cifró la información solicitada por las instituciones académicas. 

Hizo referencia a que, entre los datos compartidos por la Fiscalía, está el número de sentencias, pero no especifica cuántas son absolutorias o condenatorias. 

Otra fórmula para maquillar la falta de información, reveló, es el lenguaje técnico. 

“El QRR es quien resulte responsable, y si tiene un QRR el expediente, no habrá avance en la investigación, y sabemos que habrá impunidad. Ya no es una falla de la justicia, la impunidad ya es una política”, cerró. 

Reconocimiento de la existencia de violencia contra mujeres 

Opinó que, si bien la Ley Olimpia disuadiría a los agresores de mujeres, su aprobación no resolverá el fenómeno presente en ocho municipios donde fue decretada la alerta de género: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa. 

Analizó que desde la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero de 2007 las trabas para garantizar el derecho de las mujeres a la vida libre de violencia, no está garantizada en el país y menos en Guerrero. 

La experta y fundadora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (Ovicom), dijo que tras 20 años de investigación, las crudas cifras han obligado a efectuar investigaciones cualitativas para dar identidad a los datos, pues las mujeres asesinadas son cada vez más y las autoridades que debieran brindar seguridad y justicia, evaden sus responsabilidades maquillando cifras y manipulando expedientes.  

Sin contraloría social en sistema estatal 

“Las garantías de vida y libertad de las mujeres en México no está garantizada, pero menos lo está en Guerrero”, sostuvo y recordó que de manera formal, el gobierno estatal cumplió con la integración del Sistema Estatal para la Atención, Sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia; lo mismo que algunos ayuntamientos; pero tal formalización no ha sido un beneficio real para las mujeres. 

Si bien se cumple con reuniones, reveló, se restringe el acceso a las organizaciones sociales y algunas instancias académicas como la Uagro, a las sesiones, por lo que no pueden aportar la información y la experiencia que tienen. 

“No se tiene una contraloría Social para exigir el cumplimiento de los derechos y en algunos municipios como en Acapulco, mantienen una composición más amplia, lo que permite participación de más organizaciones y que pueden ser vigilantes”, indicó Ojeda Rivera. 

Mencionó que después de la declaratoria de la alerta de género en 2017, se reconoce que las mujeres están siendo asesinadas con más crueldad y hay más violencia, por lo que ahora, el fenómeno debe ser atendido. 

Vigilancia del extranjero 

Dijo el caso de Chilpancingo, donde a partir de 2010 Ovicom registró una escalada de violencia, y que este año comenzó la aplicación de la iniciativa ONU-UE Spotligth, centrada en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

Informó que la regidora de Género y Cultura de la capital del estado, Itanduvi Villalba Nájera pidió al observatorio un informe sobre las características de los feminicidios con el fin de diseñar políticas públicas a partir de un mapeo.