Piden inclusión de nombres indígenas en actas de nacimiento de Guerrero
ACAPULCO, Gro., 30 de mayo de 2018.- La Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación la notificación de sentencia enviada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a la solicitud de reincorporación de Marco Antonio Leyva Mena al cargo de presidente municipal de Chilpancingo.
De acuerdo con un boletín, en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, se informó a los diputados sobre la recepción de dicha sentencia, misma que se turnó a la Comisión para su conocimiento y efectos conducentes.
Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Elva Ramírez Venancio, informó que este jueves sesionará nuevamente la Comisión Permanente para darle trámite a diversos temas legislativos.
En otro punto del Orden del Día, se turnó a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado el oficio enviado por el director general de Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de la Función Pública, en que remite la denuncia en contra de Fidencio Piza Chona, Javier Gallardo Palma y Marino Rosario Leocadio, presidente, síndico y secretario general, respectivamente, del Ayuntamiento de Florencio Villarreal, por presuntas faltas administrativas.
También se turnaron a la Auditoría Superior del Estado los estados financieros y el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, enviado por Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Además se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el escrito de los presidentes municipales de Tetipac y Eduardo Neri, Viola Figueroa Arriaga y Pablo Higuera Fuentes, donde solicitan al Congreso que apruebe una partida presupuestal especial para el pago de laudos y sentencias definitivas.
Asimismo, el oficio de Hortencia Aldaco Quintana, presidenta municipal de Ayutla, en que informa sobre acciones de violencia política y de género en su contra promovidas por gestores de usos y costumbres, CRAC y UPOEG, misma que se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.