Es equivocado tomar el camino de la seguridad militarizada: Patrón

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero de 2017.- Frente a las cuatro iniciativas en el Congreso de la Unión que buscan satisfacer la necesidad de las Fuerzas Armadas en el país, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Agustín Pro, afirmó que es equivocado tomar el camino de la seguridad militarizada para salir de la espiral de violencia y violaciones a los derechos humanos reconocidas por las más altas instancias internacionales.

Al llevarse a cabo la Mesa sobre Seguridad y Derechos Humanos en México, el activista arguyó que el propio Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en su estudio sobre Seguridad Interior elementos para el debate, consigna que entre el 2007 y 2011 la tasa de homicidio pasó de 8.1 a 23.7.

Justo en 2016, expuso que el país cerró en 21 homicidios por cada 100 mil habitantes, con marcados incrementos en las entidades donde se implementaron operativos conjuntos y la confianza en el Ejército a la baja en estos mismos lugares.

En números absolutos, aseguró que son 186 mil homicidios de 2006 a 2015, según datos oficiales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, concebido como la instancia de coordinación y distribución de competencias entre la Federación, las entidades y los municipios en materia de seguridad pública “ha sido un fracaso”.

Bajo esta premisa, Patrón Sánchez conminó a que hoy se debería estar debatiendo cómo transformar de raíz el modelo de seguridad y fortalecer las instituciones civiles, aquellas obligadas a desempeñar esas tareas, y no viendo cómo aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas para una tarea para la que no han sido diseñadas y preparadas, como sus mismos mandos han reconocido.

En un espacio de discusión entre expertos que han prevenido de las consecuencias de legislar sin atender el interés público, como Centro de Derechos Humanos dijo que no tienen ninguna duda de que las iniciativas que hoy están en discusión son contrarias a la Constitución al carecer el Congreso de facultades para legislar sobre seguridad interior y por el actual énfasis del carácter civil de la seguridad pública que limita las funciones de las fuerzas armadas.

“Son también contrarias a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano y a las recomendaciones que han realizado las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; son perjudiciales pues permitirán que las violaciones sigan aumentando y no responden a cuestiones de efectividad, pues esta estrategia ha fracasado”, reiteró.

Señaló que aunque el retiro inmediato de los militares de las calles no es factible, sin embargo, la alternativa no es obligarlos a cambiar de funciones mientras las instituciones y los políticos abdican de su responsabilidad de proporcionar seguridad a los ciudadanos.

“Sí hay alternativas a militarizar la seguridad y a exponer al Ejército a un mayor desgaste”, expresó al referir que la seguridad sin derechos es una trampa en la que el país no puede caer de nuevo, pues esta vez puede ser irreversible.

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