Escándalo: acusan de corrupción a Adela ante el más alto nivel de la 4T

ACAPULCO, Gro., 5 de febrero de 2020.- La presidenta municipal del puerto Adela Román Ocampo está envuelta en un nuevo escándalo: antes de partir a su ostentoso viaje a la capital de Emiratos Árabes Unidos, fue denunciada por presuntos actos de corrupción ante el más alto nivel de la Cuarta Transformación.

En un documento enviado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, la presidenta suplente del municipio y consejera estatal de Morena, Matilde Testa García, pide que se investiguen los bienes de la alcaldesa Román Ocampo y de sus familiares directos e indirectos, en virtud de que desvía recursos públicos “a través de sus hermanos, sobrinos, cuñados, cuñadas”.

El documento recibido el pasado 30 de enero en la oficina de la Presidencia de la República, también fue sellado en esa misma fecha en la Secretaría de la Función Pública, y un día después en la Secretaría de Seguridad, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema Nacional Anticorrupción, en la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la misma dependencia, en el grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, entre otros.

A lo largo de 10 cuartillas escritas en hojas membretadas del Ayuntamiento como documento oficial, Testa García narra la historia del desencuentro que ha tenido con Román Ocampo, que sintetiza así: “Siempre me trató con groserías, humillaciones y desdén, argumentando mi baja posición económica y mi supuesta falta de preparación académica, al grado tal que el día que le pedí un espacio para laborar, me dijo que no podía darme nada porque yo era una ignorante y que estaba arrepentida de que yo fuera suplente, cuando mujeres millonarias habían querido y ofrecían cantidades millonarias por tener el lugar que hoy tengo”.

El texto entregado en Palacio Nacional y en distintas dependencias, a decir de la alcaldesa suplente va acompañado de diversas pruebas. Allí denuncia que Adela Román Ocampo realiza un gobierno nepotista y corrupto que “tiene a todos sus familiares en nómina, bajo nombres de otras personas y que no cobran (en) una sola tarjeta, cobran (en) varias tarjetas cada uno de sus hermanos y sobrinos”.

Dice en la denuncia que el operador de sus negocios es su sobrino Víctor Román Román, quién fue dado de alta como proyectista en el Poder Judicial de la Federación cuando Román Ocampo era magistrada. Señala que él “condiciona a los empresarios, constructores, etc., para obtener alguna obra o autorización a cambio de un porcentaje fuera de la ley, ordena a funcionarios a hacer negocios”.

Denuncia que hace poco “estrenó” una camioneta Grand Cherokee, color gris, blindada, así como una camioneta blanca, doble cabina destapada y que se traslada con 4 escoltas”.

Dice que el sobrino “consentido de la presidenta” reparte obras sin someterlas a licitación y las adjudica de forma directa a cambio del 30 y 35 por ciento del monto asignado.

El abuelo de Víctor, Jorge Román Ocampo, hermano de Adela, según se lee en el documento “es quien entrevista a las personas que buscan trabajar y es quien hace la mayoría de acuerdos con los que van a emplear”.

Y acusa que en dependencias como la Dirección de Administración y Finanzas de CAPAMA “se hacen movimientos irregulares con dinero público y en detrimento del patrimonio del organismo y del pueblo de Acapulco”.

Asimismo a los organismos fiscalizadores que auditen a esas dependencias, al DIF municipal, “así como a los bienes de la familia Román Ocampo”.

Y señala como a los principales operadores de los desvíos de recursos y “que son quienes pueden tener cuentas escondidas con los recursos desviados” a Víctor Román Ocampo, Adriana Román Ocampo, Jorge Román Ocampo, Nicolás Román Ocampo, Aurora Román Ocampo; María Elena Godoy Román, Carlos Godoy Román, así como a los padres estos dos últimos, Alfonso Godoy Zurita y Elena Román Ocampo”.

Así también da una lista de quienes considera los principales funcionarios que desvían recursos públicos, los que podrían ser acusados de delincuencia organizada, según dice. Ellos son: el director de la CAPAMA, Leonel Galindo González; el director de Finanzas del organismo, Raúl Isidro Juárez Ponce; el director del Fortamun, Rodrigo Ramírez Olmedo; el asesor de la Presidencia Municipal, Rodrigo Ramírez Justo; el director de Comunicación Social, Silvestre Arizmendi Torres; el coordinador de Servicios Públicos municipales Juan Carlos Manrique García; el coordinador de asesores de la Presidencia, Eloy Cisneros Guillén; el asesor de Presidencia, Camilo Valenzuela; el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; el secretario particular del secretario general, Ruy Manuel Escalante Lira; el asesor de Presidencia, Ricardo Castillo Barrientos; el coordinador de Protección Civil municipal; Ricardo Contreras; y el director de Alumbrado Público, Felipe Camacho Díaz, a quien subraya como cuñado de Aurora Román Ocampo, hermana de la alcaldesa.

Al final del documento, la la presidenta municipal suplente Matilde Testa García, le pide al presidente López Obrador y autoridades correspondientes “que intervengan en este caso y les pido que me ayuden poniendo medidas cautelares, ya que temo por la vida de mis hijos y de mi propia vida, por acciones que pudieran sucedernos por este hecho en un futuro”.

Por lo anterior, Testa García presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Estado por el delito de “amenazas y lo que resulte”, por la cual fue abierta la carpeta de investigación 12030310200105240120.