CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2016.- “Una vez más el gobierno mexicano aporta una nueva cifra sobre personas no localizadas, sin claridad sobre cómo la obtuvo y sin mostrar transparencia alguna. No queda claro cómo estas 22 mil 322 personas se relacionan con los datos aportados por la Secretaría de Gobernación (Segob), que el pasado el 22 de mayo se referían a ocho mil personas y el 16 de junio explicó que en realidad se trataba de 16 mil”, subrayó Amnistía Internacional (AI).

Y aunque AI estuvo de acuerdo con la construcción de un Plan Nacional de Búsqueda y el surgimiento de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, indicó que “no se ha brindado evidencia de que en el día a día las personas víctimas y sus familiares estén recibiendo una mejor atención. No hay pruebas –lamentó–, de que las búsquedas sean más rápidas, enfocadas, coordinadas o eficaces y que lleven ante la justicia a las personas responsables, ya sean funcionarios públicos o delincuentes.

Hay que recordar que hace un año, el 8 de octubre pasado, en una misiva enviada al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que “el gobierno no ha proporcionado una lista de personas cuyo paradero aún se desconoce ni de aquellas que han sido localizadas” y que en “vez de aclarar el problema, el gobierno de Peña Nieto ha emitido una serie de anuncios contradictorios que han suscitado más interrogantes de los que han respondido”.

Observó Vivanco que en febrero de 2013, la PGR firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas cuyo paradero sea desconocido, que podría ser crucial para esclarecer el destino de muchas de las personas desaparecidas. No obstante, hasta agosto de 2014, sólo seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para que la CICR les donara el software necesario, y el sistema no estaba funcionando en ninguna de ellas.

De manera similar, el gobierno cuenta con varias iniciativas para ofrecer apoyo a víctimas de delitos, incluida una Ley de Víctimas que prevé medidas de justicia y reparación, y la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y una oficina en el ámbito de la Secretaría de Gobernación. No obstante, la Comisión Ejecutiva no puede brindarles reparación a las víctimas debido a que el gobierno no ha reglamentado la ley, un paso necesario para ejecutar el presupuesto de cerca de 500 millones de pesos que ya ha sido aprobado por el Congreso de la Unión.

En ese sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidió al gobierno federal esclarecer las cifras sobre personas desaparecidas y planteó que observa “con preocupación el anuncio de números respecto de los cuales no se especifica la metodología utilizada para su obtención, ni se explican las variables que representa esa cifra; es decir, los datos no están desagregados por género, estado, municipio, averiguaciones previas abiertas, y sentencias.

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