Exhorta Congreso a municipios a que respeten escalafón de trabajadores

ACAPULCO, Gro., a 17 de febrero de 2021.- A la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo se turnó un exhorto a los 80 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que apliquen el escalafón en igualdad de condiciones para las promociones y ascensos de trabajadores de base, buscando siempre el bien común, equidad, legalidad, certeza, imparcialidad, salvaguardando los derechos laborales y factores escalafonarios previstos en la Ley y el Reglamento.

Esto a propuesta de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), quien refirió que una práctica recurrente es que en el último año de administración, los ayuntamientos otorgan ascensos a trabajadores que no cumplen a cabalidad con las bases establecidas en la Ley, dejando en la indefensión a los que sí cumplen con lo señalado en la normativa, de acuerdo con un boletín.

Explicó que la Ley Número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, señala claramente los requisitos para que se les pueda otorgar un beneficio los trabajadores.

Por esto, Hernández Martínez considera necesario solicitar a las autoridades municipales que respeten los procedimientos escalafonarios para efectuar los ascensos de los trabajadores de base.

Acuerdos

A la Junta de Coordinación Política se turnó un Punto de Acuerdo propuesto por el diputado Carlos Cruz López (Morena) para citar a comparecer ante el Congreso al secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado y a las presidentas de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y de Justicia Administrativa, a efecto de que rindan un informe del estado que guardan dichas instancias jurisdiccionales.

En el acuerdo, el legislador señala que, a pesar de que los juzgados locales y federales que están en el estado, así como los de otras entidades están en funciones desde hace más de diez meses, respetando las debidas medidas y protocolos sanitarios, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal y Juntas laborales siguen cerradas, no admiten demandas, no señalan fechas para desahogo de pruebas y mucho menos ejecutan sentencia ni laudos que ya causaron ejecutoria.

Estas omisiones, agregó provocan una terrible violación a los derechos humanos de los justiciables, por negarles el acceso a la justicia, lo que se traduce en una inobservancia a la Carta Magna y a los pactos internacionales que el Estado Mexicano ha celebrado.