Exhorta el Congreso evitar difusión de imágenes con contenido violento

ACAPULCO, Gro., 5 de junio de 2019.- El Congreso de Guerrero exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Gobernación, para que con base a las facultades que les otorga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, generen acuerdos con medios de comunicación impresa, digital o de radiocomunicación, a efecto de evitar la publicación de fotografías o videos que muestren violencia; esto con el propósito de proteger la integridad de las víctimas y sus familiares, así como para combatir actos de morbo.

De acuerdo con un boletín, la propuesta fue llevada a tribuna en sesión de este martes por el diputado Robell Urióstegui Patiño, del PRD, quien recalcó que con esto “no se pretende cuartar la libertad de expresión, porque es un derecho humano; por el contrario, se lucha por la libertad de expresión de ideas, opiniones e información. Somos unos de los defensores de este derecho”.

Pero manifestó que la propuesta se deriva de una preocupación que deviene de la situación actual que se vive a lo largo y ancho del país, provocada por los efectos del combate a la delincuencia y los altos índices de homicidios dolosos, mismos que son difundidos en diferentes medios de comunicación tanto digital como impresa, generando que ese tipo de información sea vuelva algo cotidiano, y lejos de informar, provoca morbo y afectaciones a los familiares de las víctimas.

Por eso es urgente, dijo, crear protocolos para evitar en lo necesario exhibir la fotografía de un cuerpo sin vida o desmembrado, que no se haga más que la difusión de la crónica de los hechos, con lo que se cambiarán los paradigmas de la comunicación, evitando que ese tipo de información llegue a la juventud y niñez, ya que es una obligación protegerlos en cuanto a su desarrollo humano, cívico y cultural.

Patiño Urióstegui recalcó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en su Capítulo IV de los Derechos de las Audiencias, la obligación de que los medios cuenten con códigos de ética públicos y con defensores de las audiencias, por lo que quienes ejercen la comunicación están obligados a cuidar los contenidos que publican.