Exige la ONU ratificar condena contra agresores de Valentina Rosendo

CHILPANCINGO, Gro., 18 de julio de 2018.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y organizaciones de derechos humanos exigieron que se ratifique la sentencia de 19 años de prisión que se dictó a los dos militares que agredieron sexualmente a la indígena me’phaa Valentina Rosendo Cantú en 2002, luego de que los agresores apelaran la condena.

En el foro denominado No más impunidad militar también se pidió justicia para Inés Fernández Ortega, quien también fue abusada sexualmente por soldados, para que sus atacantes reciban una sentencia similar a la que se logró en el caso de Rosendo Cantú.

Valentina Rosendo, indígena me’phaa originaria del municipio de Acatepec, indicó que la condena emitida a su favor representa un antecedente jurídico y da valor a las víctimas de cualquier abuso por parte de efectivos para alzar la voz, denunciar y luchar por la justicia.

Señaló que ella tuvo que luchar por más de 16 años, pues dijo que en México no hay castigo para los militares porque el gobierno no investiga y permite que el Ejército sea un sistema aparte del Estado, por lo que demandó a los tribunales a que la sentencia emitida se cumpla y sus dos agresores no sean liberados.

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, Alan García, aseguró que el organismo estará al pendiente de que la sentencia sea ratificada por los tribunales, pues dijo que esta es derivada de un juicio a nivel internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano.

Rosendo Cantú también pidió justicia por Inés Fernández Ortega, quien al igual que ella fue abusada sexualmente por militares en 2002, y fue hasta 2012 que el gobierno mexicano aceptó públicamente su responsabilidad en el crimen.

Fernández Ortega, quien también estuvo presente en el foro, celebró la sentencia contra los agresores de Valentina y pidió que su caso sea atendido de la misma forma, “para que los responsables también paguen”.

Las organizaciones que se sumaron a la exigencia son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representado por Gabriela Carrión Lee; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representado por María Corina Muskus Toro; el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), representado por Raymundo Sánchez Taboada; y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, representado por su director Abel Barrera Hernández.