Exigen abogados apertura de Junta de Conciliación de Zihuatanejo

ZIHUATANEJO, Gro., 3 de marzo de 2021.- Abogados laboristas hicieron un llamado enérgico al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que ordene a los responsables de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que reabran las puertas a los litigantes y al público en general para que se cumpla el precepto de justicia pronta y expedita.

Lo anterior debido a que este miércoles continuaba cerrada la dependencia al público, cuando ya debería de abrir para que haya atención a los asuntos con el aforo del 50 por ciento, pues la atención sigue restringida al igual que cuando estaba el semáforo rojo.

Muchos abogados y trabajadores afectados que buscan se les haga justicia acuden al tribunal para buscar una conciliación o interponer una demanda y se encuentran con que no pueden entrar más que con cita previa hecha por teléfono, pues no hay nadie que atienda en el lugar.

Por ello los abogados, que también se han visto afectados en sus asuntos, los cuales prácticamente no han avanzado mucho, elaboraron un escrito dirigido al Secretario del Trabajo Oscar Rangel Miravete, con atención al gobernador del estado, mediante en el que piden se dé cumplimiento al decreto de reabrir la Junta laboral.

En el documento, firmado por 44 abogados litigantes, se destaca que tienen conocimiento que un reducido grupo de abogados están coaccionando a la autoridad del tribunal para que no reanuden las actividades como lo establece el Diario Oficial del Estado.

Entrevistado al respecto, el abogado laborista David Torres Rodríguez, expresidente del Colegio de Abogados de Ixtapa-Zihuatanejo, dijo que al no reanudar las actividades en la JLCyA se están violando los derechos humanos de los trabajadores que reclaman justicia y están en total indefensión.

“La Junta tenía que reabrir el lunes y no lo ha hecho, pues se sigue limitando el acceso y que se hagan citas por teléfono, lo que es totalmente ilegal y violatorio de derechos humanos, pues muchos trabajadores no tienen para comprar un teléfono o para ponerle saldo, para marcar y hacer una cita”, puntualizó el litigante.

Incluso destaca que mucha gente no conoce el número de teléfono de la autoridad con la que se tiene que hacer la cita, porque no está publicado en las puertas de la dependencia o los encargados no lo proporcionan a quienes acuden a buscar atención.