Exigen encarcelamiento de propietario de Crematorio del Pacífico

ACAPULCO, Gro., 16 de junio de 2016.- Personal de Ministerio Público y familiares de víctimas del Crematorio del Pacífico, apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado para que se gire una orden de aprehensión contra Guillermo Estua Zardáin y 14 señalados de ser los posibles responsables del fraude.

La mañana de este jueves, siete mujeres asistieron a una audiencia a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para solicitar que el caso donde se investiga el hallazgo de 60 cuerpos en dicho crematorio desde 2015 no sea archivado y coadyuven en la apelación con el encargado del Ministerio Público adscrito a la sala, Aristeo Pérez Galeana, porque aseguraron existen los medios para “acreditar el engaño”.

Anteriormente,  el Juez Primero Penal, Marco Antonio Odorica Ortega resolvió que no se acreditaron los fundamentos, por considerar que “no hubo engaño”, y por ello se negó la orden.

El Ministerio Público dijo que la petición se turnó el expediente para que un magistrado, analice el caso y que por ello él y las víctimas presentaron pruebas para “atacar el criterio del juez donde negó la orden, porque supuestamente el juez dice que no hay el elemento engaño”.

La madrugada del 6 de febrero de 2015, fueron hallados los cuerpos en el crematorio ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en colonia La Navidad de Llano Largo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) en ese entonces era encabezada por Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien confirmó a las 13:00 horas del viernes el hallazgo de 60 cuerpos embalsamados los cuales fueron llevados a la Fiscalía Regional de Acapulco.

En ese entonces, en una rueda de prensa, Godínez Muñoz informó que se inició la averiguación previa TAB/COL/01/0051/2015 contra quienes resulten responsables por la comisión de los delitos contra el respeto de los restos humanos, contra las normas de inhumación y exhumación y atentado contra los muertos previstos en el Código Penal del Estado.

Así mismo dijo que se giró una orden de localización y presentación por el presunto fraude contra  quien la Fiscalía identificó como propietario del crematorio de nombre Guillermo Estua  Zardáin  y  se pidió apoyo a las corporaciones nacionales e internacionales para dar con su paradero.

De igual modo indicó que se les harían estudios de genética, criminalística de campo, además de fotografía, antropología, medicina y odontología forenses. Días después a través de un comunicado, la FGE dio a conocer que hasta el 1 de abril se habían identificado 11 de los 60 cuerpos encontrados en las instalaciones de los cuales cinco fueron entregados para esa fecha.

Ayer miércoles 15 de junio de2016 se entregó el cuerpo una persona de la tercera edad  y su familiar quien se reservó el nombre, dijo que nuevamente ha tenido que gastar para poder darle sepultura a quien fue su abuelita.

La primera vez, cuando murió, señaló que gastó más de 13 mil pesos a la funeraria Ciprés, que fue la que se encargó de todos los trámites en 2013 en que falleció su familiar. Ayer miércoles, por fin la enterró en un panteón en el ejido El Cayaco.

Por su parte, la víctima Marisela Partida Villareal, expresó  “lo que nos dijo el Ministerio Público, creo que por primera vez dijeron la verdad y eran cosas que ya sabíamos a pesar de que nosotras no habíamos tenido acceso al expediente, entonces todo lo que dijo él, sonó espantoso para todos nosotros, porque la mayoría no se había dado cuenta de lo que acaba de decir, creo que por primera vez vamos donde deberíamos haber ido desde el principio, porque aunque sea un delito de fraude fue algo espantoso lo que este señor hizo”, detalló.

Agregó que la noticia del hallazgo de los cuerpos aún no la supera y que a pesar de ellos busca justicia, porque lo ocurrido “va en contra de todo lo que yo creo, todas las tradiciones, el señor simplemente lo tomó y lo pisoteó por dinero, porque no vemos otra razón”.

De acuerdo con lo presentado por el Ministerio Público ante la Segunda Sala Penal, se realizaban incineraciones de varios cuerpos, a la vez que se descompuso el horno, y a pesar de ello seguían ofreciendo y cobrando el servicio de cremación, cuando no lo cumplía.

Explicó que lo que ella sabe, es que fueron 60 familias las que denunciaron y exigieron investigar si se trataba de su ser querido, esto sin contar a quienes llevan a cabo su juicio de manera particular para sus defensores particulares.

De acuerdo con Marisela Partida ellos saben que “son 25 cuerpos se les hizo las pruebas, pero quedan 34 cuerpos todavía, algunos necesitan pruebas de cromosoma X, no todos son de prueba de ADN”.

Destacó que por parte de la empresa de cremaciones, no se presentó nadie y que es por ello “nosotras debemos demostrar que ellos son los culpables, aunque parezca ilógico”.