Exigen justicia a 26 años de la masacre de Aguas Blancas

ACAPULCO, Gro., 28 de junio de 2021.- Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, familiares de luchadores sociales asesinados como de Ranferi Hernández Acevedo e integrantes de sindicatos magisteriales y de jubilados marcharon en la carretera del vado de Aguas Blancas a 26 años de la masacre en la que murieron 17 campesinos.

La integrante de la OCSS, Norma Mesino Mesino declaró a Quadratín que la intención de los gobiernos priistas ha sido la de desaparecer a esa organización, pues desde 1995 ha sido la que ha recibido la mayor represión con más de 36 asesinatos después de los 17 campesinos.

Subrayó que a pesar de la cercana transición en el gobierno estatal, las familias de las víctimas y sobrevivientes han puesto su esperanza en los movimientos sociales y no en los gobiernos.

“Este gobierno de Evelyn Salgado no va a hacer las cosas de la noche a la mañana, pero ella tiene que poner los cimientos de que las cosas serán diferentes. Nosotros sabemos que hoy nuestros ministerios públicos, todas las instituciones que imparten justicia, están corrompidas y eso ha alentado la impunidad”, destacó.

Exigió una Fiscalía estatal que emita órdenes de aprehensión contra los responsables de los asesinatos de luchadores sociales.

“Nuestra lucha de justicia es una lucha que hemos llevado durante 26 años que no se va a callar y van a seguir compañeros jóvenes en esta lucha por la justicia”, expresó.

En el sitio donde fue erigido un memorial con los nombres de las víctimas, se pronunciaron porque haya justicia y se cumpla la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, la cual señala que existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos de Aguas Blancas y que responsabiliza a Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida, a José Rubén Robles Catalán, exsecretario General de Gobierno y Antonio Alcocer Salazar, exprocurador General de Justicia.

Asimismo, exigieron que se cumpla la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 18 de febrero de 1998, que estableció “ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en consecuencia se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables”.

La marcha estuvo dedicada al caricaturista y artista gráfico Antonio Helguera, de quien se indicó siempre fue solidario con la lucha por la justicia.

En un boletín se advierte que después de 26 años de la masacre se evidencia que el poder de la dinastía Figueroa goza de plena salud y de impunidad y, que después de 1995, está siempre la intención del gobierno de enterrar el hecho de lesa humanidad cometido en contra de campesinos pobres del estado de Guerrero, porque llegaron a concluir que con el olvido del caso Aguas Blancas era posible destruir a la OCSS.

Acusaron de pasividad de los gobiernos en turno, que demostró su verdadera intención: que la impunidad impere en la masacre del vado de Aguas Blancas. Finalmente, en un pronunciamiento exigieron verdad y justicia para los asesinados en el vado de Aguas Blancas, verdad y justicia por los asesinatos de Miguel Ángel Mesino Mesino, Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Acevedo y todos los crímenes políticos; se pronunciaron por la libertad inmediata e incondicional de los militantes de la OCSS Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena, Antonio Barragán Carrasco y Jerónimo Hernández Refugio; la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos en el país; y la libertad de todos los presos políticos.