Exigen justicia por masacre de Aguas Blancas a 31 años del crimen

COYUCA DE BENÍTEZ, Gro., 28 de junio de 2026.- La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar imprescriptibles los delitos cometidos en la masacre de Aguas Blancas, ocurrida hace 31 años, y desconoció el acta de reparación firmada con viudas y sobrevivientes durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores.

En el mitin efectuado en el vado de Aguas Blancas, después de una caminata que salió del poblado hacia el lugar donde ocurrió la masacre, Norma Mesino Mesino leyó un boletín en el que demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Suprema Corte la reapertura del caso.

Afirmó que la masacre de Aguas Blancas fue un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado mexicano el 28 de junio de 1995, cuando policías dispararon contra campesinos que se dirigían a una manifestación en Atoyac para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez y subsidios para el campo.

En el acto, que reunió a un centenar de personas de diferentes organizaciones, integrantes de la OCSS exigieron juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de la masacre, libertad para Antonio Barragán Carrasco, justicia para integrantes asesinados de la organización y presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez y de Benito y Mauro Baena Maldonado.

Norma Mesino afirmó que el acuerdo firmado en las oficinas de la Promotora Turística, durante el gobierno de Héctor Astudillo, pretendió cerrar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dijo que en ese acuerdo se fijó un monto de 250 mil pesos para cada viuda y 110 mil pesos para cada sobreviviente como pago por reparación del daño.

Sin embargo, subrayó que no incluyó la judicialización de los autores materiales e intelectuales, atención médica y psicológica, garantías de no repetición ni otras medidas de justicia transicional.

"Como Organización Campesina de la Sierra del Sur, desconocemos el acta de reparación del caso Aguas Blancas, que en realidad debería llamarse acta de impunidad del caso Aguas Blancas", expresó.

La organización también pidió a la Suprema Corte que declare imprescriptibles los delitos del caso, como ocurrió con la Guardería ABC, para que sean investigados y perseguidos exfuncionarios vinculados con la masacre de hace 31 años.

Mesino Mesino recordó que la Suprema Corte emitió el 23 de abril de 1996 la resolución 396, en la que señaló violaciones graves a las garantías individuales y responsabilidades de Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán y Antonio Alcocer Salazar.

También citó la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 18 de febrero de 1998, en la que se pidió ejercer acciones penales para establecer responsabilidades individuales de altos funcionarios del estado de Guerrero.

La OCSS acusó que los gobiernos federales y estatales del PRI, PAN, PRD y Morena han pasado sin mostrar voluntad jurídica ni política para enjuiciar a los responsables de la masacre.

El sobreviviente de la masacre y fundador de la OCSS, Marino Sánchez Flores afirmó que el gobierno intentó destruir y dividir a la organización, pero no lo logró. Dijo que la recomendación de Amnistía Internacional no se cumplió y que sólo lograron la salida de Rubén Figueroa, pero no que fuera enjuiciado.

El también fundador de la OCSS, Hilario Mesino Acosta llamó a mantener la lucha por la presentación de los desaparecidos y por justicia para los campesinos asesinados. Señaló que los caciques y políticos buscan el poder sólo para beneficiarse, por lo que pidió continuar la organización.

En el mitin también se exigió la libertad de Antonio Barragán Carrasco, fundador de la OCSS en Tepetixtla, sobreviviente de la masacre y preso desde 2001 en el penal de Atlacholoaya, Morelos, quien está por cumplir 25 años encarcelado.

La hija del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Micaela Cabañas, afirmó que la masacre de Aguas Blancas mantiene una herida abierta y que asesinar campesinos es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Dijo que la deuda histórica continúa y que los gobiernos de antes y los actuales no han reparado el daño.

La nieta de Daniel López Castañeda, uno de los 17 campesinos asesinados, Maricruz López recordó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1995, en el que se estableció que su abuelo se encontraba en estado de indefensión y no portaba arma de fuego.

La hija del dirigente Arturo Hernández Cardona, Soledad Hernández dijo que Guerrero tiene historias de violencia cometida por integrantes del Estado y se sumó a la exigencia de justicia para las familias de Aguas Blancas.

La hija de Ranferi Hernández Acevedo, Diana Hernández criticó la falta de sensibilidad y voluntad política para resolver la masacre, y cuestionó a las instituciones de derechos humanos, fiscalías y gobiernos por no caminar con las comunidades ni con las familias de las víctimas.

La hija de Luis Olivares, Selene Olivares Romero señaló que acudir cada 28 de junio al vado no es una celebración, sino un acto de memoria para evitar que la historia se repita. Dijo que no recordar también es cometer injusticia y pidió mantener unida la lucha social.

De la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gonzalo Martínez Villagrán criticó al gobierno federal actual, al que llamó de continuidad neoliberal, y dijo que no quiere dialogar con maestros, madres buscadoras ni padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque instale mesas.

El representante magisterial llamó a articular las luchas sociales y construir una organización nacional que reúna a trabajadores del campo y la ciudad frente a lo que llamó un gobierno que se dice de izquierda, pero gobierna con leyes neoliberales.

De la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame dijo que la violación a los derechos humanos continúa en el país y que en el actual proyecto de la cuarta transformación están infiltrados priistas, panistas y zeferinistas. Señaló que no existe un segundo piso de la transformación, ni siquiera un ladrillo.

Al acto acudieron familiares de víctimas, sobrevivientes, organizaciones sociales, integrantes de la CNTE, representantes de los Pedregales de Coyoacán y el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz.

La OCSS reiteró que continuará su exigencia de verdad y justicia para los 17 campesinos asesinados el 28 de junio de 1995.