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CHILPANCINGO, Gro., 23 de agosto de 2017.- Integrantes de la Federación de Núcleos Agrarios del Estado de Guerrero (Fenagro), pidieron al gobierno federal, estatal y a las empresas mineras en la entidad que se suspenda la extracción de minerales hasta que no exista un marco regulatorio y leyes adecuadas que permitan la recaudación justa al Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el presidente de la Fenagro, Jesús Basilio Goytia, indicó que las empresas mineras que existen en Guerrero han dejado de aportar al Fondo de Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, el cual se originó por la reforma a la Ley federal de derechos aprobada en el 2013, que establece que las empresas mineras deben construir y equipar centros escolares en zonas donde tengan presencia.
Así como pavimentar calles, construir rellenos sanitarios, plantas tratadoras de aguas residuales, sistemas de drenaje e impulsar obras que preserven áreas naturales, entre otras acciones.
El abogado Francisco Javier Curtidor señaló que a inicios del 2014, las empresas mineras interpusieron un amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de los empresarios mineros con el argumento de que el derecho sobre minería no recae en el sujeto obligado a cubrir la aportación, sino en los concesionarios que obtengan ganancias por extracción de minerales.
Es decir, que los concesionarios mineros pueden ceder derechos a un tercero para que las ganancias que pudieran llegar a obtener sean por las ventas y no por material extraído.
Basilio Goytia indicó que dicha determinación se disfrazó de impuesto a derecho, lo que violenta la proporcionalidad establecida en la ley, porque la jurisprudencia permite a las mineras que se auxilien en elementos como beneficio aproximado obtenido por ventas y no por el deterioro ocasionado ni por la explotación a la tierra.
Por ello, la Fenagro demanda el paro total a la actividad minera hasta que existan leyes adecuadas para una recaudación justa en el fondo minero y que la federación, a través de la recaudación federal participable, reintegre las cantidades que se dejaron de recaudar.
También que el Congreso de la Unión modifique la Ley de impuestos sobre la renta, sin que las empresas mineras opten por modificar su comprobación tributaria.