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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre de 2016.- La diputada federal del GPPRD, Lluvia Flores Sonduk, denunció que a tres años de que impactara el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en Guerrero, al menos 2 mil familias guerrerenses se encuentran en total desamparo y continúan a la espera de recibir los apoyos ofrecidos por el gobierno estatal y por la federación, informó el Grupo Parlamentario de del PRD.
Cabe señalar que en 2013 –mientras el titular del Ejecutivo y funcionarios federales festejaban el Grito de Dolores– ambos fenómenos provocaron efectos devastadores en diversas comunidades de la entidad.
En ese contexto, autoridades de los tres niveles de gobierno se comprometieron a dar respuesta y ayuda a los miles de damnificados sin que hasta ahora haya avances significativos.
“Al día de hoy, algunas personas damnificadas siguen viviendo con familiares, en albergues y en casas improvisadas con madera y láminas, en zonas de alto riesgo y por esto último, y ante el comienzo de la temporada de huracanes, nuevamente se encuentran en un riesgo latente de ser víctimas de los embates de la naturaleza”, advirtió la legisladora del sol azteca.
A principio de este año, se difundió que algunas de las casas que ha entregado el gobierno federal a los damnificados, no cuentan con los principales servicios para poder ser habitadas; además, se supo que otras han sido invadidas por otras personas y que cuando quisieron ser ocupadas por sus legítimos dueños, estos fueron sacados con palos y machetes en mano.
En febrero del año en curso, también se señaló la necesidad de entregar al menos 2 mil viviendas para atender a la totalidad de damnificados por ambos fenómenos.
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el estado, José Manuel Armenta Tello, declaró que el retraso en la entrega de viviendas se debe a problemas legales y administrativos con los predios; sin embargo, las viviendas que faltan por construir deben situarse en diferentes municipios del estado y, por ejemplo, el poblado de La Concepción, es en el que las familias han mostrado ser poseedoras de folios de viviendas que fueron censadas, pero no reconstruidas.
Las autoridades argumentan que estas casas dañadas por las inundaciones provocadas por esos fenómenos meteorológicos superaron los tres metros de altura y por los graves daños de las mismas no pueden ser reconstruidas, pero tampoco les han brindado opciones viables para solucionar la problemática.
Los habitantes de la región de La Montaña –la de más alto rezago social en el estado– han declarado que la Sedatu tampoco ha entregado las viviendas comprometidas; además, carecen de escuelas, centros de salud, carreteras, caminos, red de agua potable, por lo que, ante el comienzo de la temporada de huracanes en el Pacífico, exigen la reubicación de las comunidades asentadas en zonas de riesgo plenamente identificadas.
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