Feminicidios en Guerrero son menores, dice Florencio en comparecencia

CHILPANCINGO, Gro, 25 de noviembre de 2019.- Al comparecer ante la 62 Legislatura, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame defendió las reformas legales que impulsó para regular las policías comunitarias, dijo que los feminicidios en Guerrero son menores y que no se deben confundir con los asesinatos de mujeres que son asesinadas por participar en grupo delictivos; reveló que en algunos casos los desplazamientos en la entidad se debe a que los campesinos se niegan a sembrar amapola para de la delincuencia organizada.

El responsable de la política interna del gobierno estatal dijo que a pesar de las circunstancias que se viven en Guerrero las instituciones funcionan y dijo que nadie le puede regatear al gobernador “su extraordinaria movilidad”.

En respuesta a cuestionamientos del morenista Moisés Reyes Sandoval en torno a los asesinatos de mujeres, Salazar Adame dijo que un sólo feminicidio preocupa, pero matizó que Guerrero no ocupa los primeros lugares en la comisión de ese delito, pues se ubica en el 18 nacional, y que los feminicidios “afortunadamente son menores”.

“No hay que confundirnos con los casos de mujeres que son víctimas por actividades de carácter delictivo, lamentablemente los grupos delincuenciales están integrados los mismo por hombres que por mujeres que igualmente pueden ser halconas, sicarias, y que desgraciadamente son víctimas de enfrentamientos con otros grupos criminales”, dijo.

De acuerdo con lo informado por el secretario, del 1 de enero al 19 de agosto de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública registró sólo ocho feminicidios.

Aunque no se trata de un tema registrado en el lapso del cuatro informe de labores, Reyes Sandoval le preguntó sobre el caso del Zirándaro, sobre lo que Florencio Salazar justificó que los conflictos no fueron tratados de manera oportuna ante instancias de gobierno por el presidente municipal Gregorio Portillo.

Argumentó que el gobierno estatal se enteró de lo manifestado por el alcalde mediante redes sociales y por el mismo medio, reconoció, corroboraron la información y no se encontraron testimonios gráficos.

El caso de las policías comunitarias, que de acuerdo con lo informado por el secretario tienen presencia en 49 municipios, fue tocado por la panista Guadalupe González Suastegui, el perredista Robell Urióstegui Patiño, la priísta Alicia Zamora Villalba y el morenista Aristóteles Tito Arroyo, quien reclamó las reformas al artículo 14 y a la Ley 701.

El secretario argumentó que las reformas hechas a la legislación local son para que los policías comunitarios actúen dentro de un marco legal, sean de las mismas comunidades y no haya infiltración de grupos delincuenciales. Dijo que no están en contra de los policías comunitarios, sino de que estas puedan abrir la puerta a los grupos armados, ajenos a las comunidades e incluso al estado.

Dijo que una legislación laxa al respecto permitiría la intromisión de cualquiera y sería lo opuesto a brindar seguridad como en el caso de Xaltanguis en donde, reveló, los grupos armados autodenominados comunitario cobraban cuota a los padres de familia por cada niño que tenían en las escuelas.

Dijo que los marcos regulatorios buscan garantizar los derechos de los pueblos a contribuir en su propia seguridad y aseguró que las reformas hechas obedecieron a recomendaciones de la CNDH y los acuerdos internacionales, como la OIT.

Criticó que la situación se ha llevado al ámbito político y el gobierno lo quiere tratar en el ámbito jurídico; también reprochó que no ha sido invitado a los foros que se llevan a cabo para reformar las legislaciones.

Llamó a esperar los resultados de las dos controversias constitucionales que están ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo que de serles adversos se tendrán que hacer las reformas necesarias.

Por otro lado, Florencio Salazar informó que el gobierno estatal está a la espera de que se apruebe una solicitud hecha al Secretariado de Seguridad Pública para que reduzca de preparatoria a secundaria como el límite para ingresar a la Policía Estatal, con lo que se lograría duplicar el número de la fuerza policiaca en la entidad.

Salazar Adame informó también que se lleva a cabo un mapa de riesgo ante las posibles protestas que generaría en la entidad la falta de capacidad de los ayuntamientos para el pago de las prestaciones de fin de año, para saber la manera en la que podrían contribuir para evitarlas, aunque reconoció que no hay recursos económicos para apoyarlos.