Fiscalía de Guerrero, maquinaria de impunidad, rezago y opacidad

CHILPANCINGO, Gro., 17 de julio de 2026.- En la Fiscalía General del Estado hay una puerta trasera por donde se puede ingresar sin dejar registro de que se haya pisado el lugar. Está a espaldas del Banco de Sangre, a orillas del bulevar Vicente Guerrero y es, también, camino para los que laboran en esta parte de la dependencia. Se llega por una callejuela privada donde se erigen algunas casas de clase media con corredorcitos y pequeños jardines adoquinados. El C-4 también pasa desapercibido por aquí.

Por este acceso, desconocido para el común de la gente, se puede llegar a la sala de prensa. El jefe del área, Carlos Monje, por lo general no atiende aquí. Aquí es donde otros trabajadores monitorean la prensa y hacen la síntesis diaria. A la oficina de Carlos se entra por la puerta de enfrente, del lado del encauzamiento del río Huacapa, aunque allá él no recibe, es decir, a los reporteros. Su oficina está muy cercana al despacho del fiscal Jesús Torres Ojeda.

Los recovecos de la Fiscalía, su puerta trasera, la fortificada entrada principal, que semeja el corredor hacia una cárcel, bien puede ser una analogía de cómo se hacen las cosas aquí: en el mayor de los sigilos, sin dar información –salvo su propaganda que visten de boletines para difundir alguna detención, alguna judicialización, alguna sentencia condenatoria que los deje bien parados–, con la opacidad como constante y la dilación como norma. No hay excepción a estas reglas.

—Y para qué vas a grabar? — pregunta Carlos cuando se le informa que se grabará la plática, dentro de un cubículo en cuya mesa hay un frasco de café soluble abajo de la mitad, papeles, recortes de periódicos; fuera, en la amplia sala de prensa, tres empleados miran sus computadoras.

—Para registrarla —se le dice. Antes se le aclaró que se buscaba información de contraste sobre la situación de la Fiscalía, y se le citaron datos y fuentes.

—No, yo no puedo declararte. No puedo decirte nada de manera oficial. Para eso están los fiscales y el fiscal general.

—Es muy difícil vernos…

—Hazlo vía oficio. Formula tus preguntas vía oficio y mándalos a los correos institucionales. Te los paso.

—¿Los leen?

Esa no debió ser la pregunta.

Son las siete de la noche del miércoles 10 de junio. El día ha estado tranquilo –se le hizo notar en el primer saludo. “Cuando no hay muertos”, respondió–. Y así fue. Tranquilo hasta que le llegó la notificación de que habían matado a Ermelo Rivera Campo, aspirante de Morena a la alcaldía de Coyuca de Benítez. Junto con Ermelo fue abatido otro hombre que lo acompañaba en la camioneta donde fueron baleados cuando circulaban por el poblado de El Papayo, de aquel municipio.

Han pasado más de 20 días desde que ocurrió el doble asesinato y no hay detenidos ni se conoce nada más que las escuetas notas informativas sobre lo que pasó aquel día. Por medios distintos a los oficiales se conoció el nombre del otro muerto: Rufo García Santos. Han pasado también más de 20 días desde que se le mandó el oficio con las preguntas al fiscal, primero vía los correos institucionales –que fue rebotado de inmediato– y luego vía WhatsApp de Carlos Monje, sin recibir respuesta. Pareciera que el silencio institucional es la métrica de su desempeño.

De las peores del país

De acuerdo con la organización Impunidad Cero –en su informe 2026 que puede ser consultado en línea–, la probabilidad de que un delito sea denunciado y resuelto en Guerrero es de apenas 0.24 por ciento, lo que sitúa al estado entre las tres más bajas del país: Tlaxcala con 0.22, y la Ciudad de México, con 0.16 por ciento. Dicho de otro modo: en Guerrero de cada mil delitos, apenas dos o tres llegan a denunciarse y resolverse, con una tasa de impunidad acumulada en cinco años de 98.5 por ciento en homicidios intencionales.

Y de los casos denunciados se registra una efectividad de sólo 6.2 por ciento en resoluciones, muy por debajo del promedio nacional, de 23.1 por ciento. Aunque en este punto, el índice de las denuncias también es de los menores del país. De los delitos ocurridos sólo se denuncia de manera efectiva 5.7 por ciento, lo que la coloca como la segunda peor a nivel nacional, siempre de acuerdo con la misma fuente.

Seis punto dos por ciento (6.2%) en un estado cuya incidencia delictiva es de una tasa de mil 162 investigaciones iniciadas por cada 100 mil habitantes; o sea, poco más de una investigación por cada 100 guerrerenses, donde los homicidios intencionales (dolosos y feminicidios) registraron una tasa de 5.8 por cada 100 mil habitantes. Y según la Envipe 2025, elaborada por el Inegi, la prevalencia delictiva es que cuatro de cada 10 guerrerenses fueron, ese año, víctimas de algún delito.

Según el Presupuesto de Egresos 2026, la FGE tiene un presupuesto de mil 556 millones 847 mil 511 pesos. Para ponerlo en perspectiva: ningún municipio de los 85 de Guerrero, excepto Acapulco –que es una región en sí misma–, recibe tantos recursos públicos. Y para dimensionarlo mejor: Santa Cruz del Rincón, un municipio pobre de la Montaña de unos ocho mil habitantes, tuvo un presupuesto de 9 millones 278 mil 972. Un equivalente de apenas 3.18 pesos diarios por habitante.

Con todo este dinero la Fiscalía de Guerrero cuenta con apenas 28.1 trabajadores sustantivos –ministerios públicos, policías ministeriales, peritos, no trabajadores administrativos– por cada 100 mil habitantes. En otras palabras: un trabajador tendría que atender, él solo, a 3 mil 560 guerrerenses. Por este motivo Impunidad Cero sitúa a Guerrero en el grupo de entidades con más “bajos resultados y recursos (humanos) escasos”.

Cada agente del Ministerio Público, por ejemplo, atiende un promedio de 137 carpetas de investigación al año, el promedio nacional es de 128; y 17 por ciento de los ciudadanos que acudieron a hacer alguna denuncia reportaron haber tardado más de cuatro horas en ser atendidos en al menos 15.5 por ciento de los delitos a denunciar, la mayoría de los cuales son “de baja complejidad”, como robo sin violencia. La tendencia nacional es que sólo uno de cada diez pudo denunciar en menos de una hora.

Y en el Índice que Transformación Digital –el nombre se explica por sí mismo–, Guerrero tiene un puntaje de 31 por ciento, donde el mayor es de 84 (Ciudad de México, Chihuahua) y lo coloca en el lugar 26. Este parámetro mide las herramientas básicas como la denuncia en línea o los sistemas digitales de seguimiento de casos, y se destaca como una limitante tanto en la eficiencia de las investigaciones como en el acceso de las víctimas a la justicia.

Según el Inegi, la Fiscalía de Guerrero tiene un acumulado de 46 mil 399 carpetas pendientes de concluir dentro del Sistema Penal Acusatorio. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025, con cifras definitivas actualizadas al 30 de enero de 2026, indica que se abrieron 24 mil 588 carpetas de investigación, pero sólo se emitieron 9 mil 618 determinaciones en etapa inicial y apenas 732 en etapa complementaria.

De estas miles de carpetas, sólo se formularon imputaciones contra mil 41 personas, y se logró la vinculación a proceso de 861 de ellas. Del Sistema tradicional el informe del Inegi menciona “un rezago histórico masivo” con 39 mil 857 averiguaciones previas pendientes de concluir.

La de Guerrero es una de las instituciones con el desempeño más bajo del país. Está en la posición 28 de las 32 entidades con una calificación de 30.1 de 100 posibles. La calificación –precisa el estudio de Impunidad Cero– se deriva a partir de tres indicadores: la capacidad estructural de la institución, la eficiencia de sus procesos operativos y los resultados que produce. Esa puede ser una explicación del porqué la confianza ciudadana es de apenas 9.8 por ciento; es decir, sólo una de cada 10 personas respondió que confía en la Fiscalía. En este punto, Guerrero está en el lugar 24 de los 32 estados.

El informe de Impunidad Cero no deja lugar a dudas. Salvo porque los datos duros no pasan de ser cifras técnicas que no dicen mucho más que estadísticas.

Frágil autonomía

Establecido en la Ley Orgánica de 2014, cuando dejó de ser Procuraduría, la Fiscalía se define como un órgano dotado de autonomía funcional y administrativa. Desde esa fecha, el Congreso nombra al fiscal y le asigna el presupuesto. A cambio, el fiscal general está obligado, entre otras cosas –también a ceñirse a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–, a comparecer para informar sobre los asuntos a su cargo. El último que lo hizo fue Zuriel De los Santos Barrila.

Otro fue Xavier Olea Peláez. Olea había hecho declaraciones que incomodaron al gobernador Héctor Astudillo Flores. Entre muchas otras dijo que la Policía Ministerial estaba infiltrada por la delincuencia y que eso lo limitaba cumplir con su deber. Poco después presentó su renuncia. Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la última fiscal antes del actual Jesús Torres Ojeda, tuvo que renunciar al igual que Olea. Aunque Sandra Luz fue más allá. Se atrincheró en la Fiscalía y se negó a renunciar. Y aunque no fue llamada a comparecer, al final, muy a su pesar y a regañadientes se fue.

Estos episodios no han pasado desapercibidos. Impunidad Cero dice que la Fiscalía del estado atraviesa por una “inestabilidad institucional”, porque a pesar de contar con autonomía constitucional, “ha mostrado una autonomía de facto frágil”. Dice que desde 2018 ha enfrentado múltiples casos de “renuncias y remociones forzadas de fiscales, lo que compromete la estabilidad institucional y la continuidad de las investigaciones”.

Una “volatilidad que demuestra que los blindajes normativos actuales son insuficientes para resistir las presiones políticas del poder Ejecutivo estatal”. Lo que no menciona es que aunque el fiscal es nombrado por el Congreso, este sale de una terna enviada por el gobernador en turno. Así sí que sí, es el mismo gobernador en turno el que le pide renunciar cuando la relación se vuelve insostenible.

*

En el diminuto privado de la mesa directiva del Congreso del Estado –detrás de la sala de sesiones–, la diputada local Pilar Vadillo Ruiz espera. Llegó un par de minutos antes que el reportero, que le insistió en la plática durante más de dos semanas. Este día, miércoles 26 de junio, la Comisión Permanente tuvo una sesión de poco más de tres horas. Inició cerca de las 12:00 del mediodía y terminó pasadas las 3:00 de la tarde. La diputada Pilar es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y es, por tanto, la comisión que observa el desempeño de la Fiscalía General del estado.

Con ella está su asesor, un hombre de mediana edad al que también llama “mi compadre”, llamado Imir Cedeño. La salita tiene una mesa de madera rectangular, vacía; varias sillas, y en uno de los rincones una bandera de México. La diputada está sentada. Se nota con prisa.

—Yo me voy a circunscribir en mis respuestas a la parte legislativa, porque en nada abonarían mis opiniones políticas —aclara cuando se le da el motivo y el contexto por el que se le buscó.

—¿En qué supuestos el Congreso puede llamar a comparecer al fiscal general para que explique la situación de la Fiscalía?

—No hay necesidad de ningún supuesto. Es facultad del Congreso pedir cuentas de qué se hace con el presupuesto.

—¿Y por qué no se ha hecho, dadas las condiciones en las que se encuentra?

—Porque no es cuestión de pararse en tribuna y solicitar que se presente el titular de alguna dependencia —dice, sin mencionar al fiscal en particular—. Todo pasa por un filtro, y ese filtro es la Junta de Coordinación Política.

—¿Cómo funciona eso?

—Cualquiera de los partidos representados –lo están todos los que tienen diputados en la legislatura– puede proponer llamar a comparecer a algún funcionario. Se vota entre ellos, y si de ahí sale el acuerdo, entonces se le llama a pedir cuentas.

—¿Usted no sería la indicada, como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, de hacer esa solicitud ante su bancada?

—No. No porque yo sea la presidenta de esta comisión estoy obligada a hacerlo. Cualquier diputado tiene la facultad, y la Jucopo lo determina previa discusión entre sus integrantes.

—¿Conoce el caso de los colectivos de desaparecidos que tuvieron que bloquear el bulevar Vicente Guerrero por más de cinco horas, hace un par de semanas, para ser atendidos por el fiscal?

—Así es, claro…

—¿Sabe cuáles son las sanciones que determina la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuando un funcionario no respeta el derecho de petición al que está obligado?

Pilar voltea a ver a su asesor que está sentado a su lado, fuera de la mesa. Dice:

—Ahí sí te voy a dar una respuesta política.

—Dígame…

—Creo que el gobierno debe tener siempre una mesa negociadora, de diálogo. No entiendo por qué esperar a que surjan estas acciones para, finalmente, hacer lo que pudieron haber hecho sin que se ocasionaran. Es una falta de oficio político.

—¿Y en este caso no se configura –en el caso del fiscal que se negaba a recibir a los colectivos– algo que se llama abuso de autoridad?

—Claro que sí. Pero también hay una falta total de empatía.

—Ya no hablemos de eso…

—No, es que no son sensibles a los temas de carácter social. Son ejecutivos de escritorio, fríos. No entienden que tiene que atender a la gente en sus demandas legítimas.

La más apercibida

También esto: de acuerdo con la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, en su informe anual 2025, el funcionario con el mayor número de recomendaciones por violaciones a los derechos humanos es el fiscal general del estado. También esto: ese año Jesús Torres Ojeda tuvo 15 recomendaciones, aunque no fueron todas las quejas. Quejas tuvo 79, junto con agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos. La Fiscalía en su conjunto, pues.

De estas 79, dice el informe proporcionado por la comisión, 24 derivaron en una determinación de responsabilidad –ya sea por faltas graves o no graves– dirigida en particular al fiscal general para su cumplimiento. En comparación, la Fiscalía no solo es la autoridad más señalada (junto a la policía), es la que más resoluciones por violaciones a derechos humanos acumula al cierre del año. Supera por casi el doble a la Secretaría de Educación (ocho) y por más de siete veces a la Secretaría de Seguridad Pública (dos) en cuanto a recomendaciones emitidas.

Las 15 recomendaciones enviadas al fiscal son consideradas graves por la Comisión de Derechos Humanos. Y el informe ofrece las descripciones de cada una. Seguridad jurídica por dilación en la integración de la carpeta de investigación: cuatro casos; tortura: dos casos; violación del principio de presunción de inocencia: un caso; acceso a la justicia: cinco casos; y vulneraciones a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia: tres casos.

¿Qué respuesta dio el fiscal a la Comisión de Derechos Humanos? De estas 15 recomendaciones, rechazó (no aceptó) tres, y no ha dado respuesta a otras tres. El documento resalta que la “dilación en la integración de carpeta de investigación” es una de las causas de recomendación, lo que impacta en el derecho a la seguridad jurídica de las víctimas. Además, el fiscal acumuló nueve opiniones y propuestas por violaciones consideradas “no graves”, donde predominan las faltas al trato digno y al derecho de petición.

Sin lugar a dudas. Sólo que los datos duros no pasan de ser cifras técnicas que no dicen mucho más que estadísticas.

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Gema Antúnez, coordinadora del colectivo de desaparecidos María Herrera, dice que tuvieron que pasar 60 días con seis horas –estas últimas bloqueando el bulevar Vicente Guerrero, de Chilpancingo– para que el fiscal Jesús Torres Ojeda los recibiera después que desde marzo se les habría ofrecido que serían recibidos por el funcionario. Gema, enfermera, madre de Juan Sebastián García Antúnez, desaparecido en febrero de 2011, está en Acapulco donde cuida a otro de sus hijos que enfermó de manera repentina y tuvo que ser intervenido de urgencia en la clínica del ISSSTE.

Desde allá, dice que el bloqueo que efectuaron en el bulevar el 18 de mayo pasado no fue un acto impulsivo sino un acto de desesperación. En tres ocasiones les habían pospuesto una reunión con el fiscal, el 5 y 18 de marzo y la última el 17 de abril. Necesitaban verlo para solicitarle acceso a las carpetas de investigación relacionadas con las desapariciones de sus familiares.

—Además –dice en medio de interrupciones esporádicas–, queríamos expresarle nuestras inquietudes, las preocupaciones que tenemos. A los problemas que nos hemos enfrentado. Pedirle seriedad. Ya estábamos muy molestas.

—¿Desde cuándo están organizados como colectivo?

—En 2014 se formó el primero con Guadalupe Rodríguez. El colectivo creció mucho y se nos sugirió crear otro. Entonces creamos el María Herrera, en honor a una madre que perdió cuatro hijos (dos en Guerrero y dos en Veracruz) y sigue buscándolos a sus casi 80 años. Es ícono para las familias.

—¿Cuál ha sido el trato que le ha dado la Fiscalía en todo este tiempo?

—Vemos que nos quieren tratar como si fuéramos chamacas. Ya no permitiremos que nos sigan humillando. Los colectivos compartimos problemas y buscamos cómo solucionarlos. Muchos hemos enfrentado un sinfín de obstáculos para acceder a carpetas. Las compañeras han denunciado que hay expedientes desaparecidos y pruebas extraviadas o destruidas. Discos con evidencia de cámaras –que mostraban quiénes se llevaron a sus familiares, en qué vehículos y hacia dónde– aparecieron perforados e inservibles. No hay avances ni búsquedas efectivas. A las brigadas que nos acompañan en las búsquedas no les dan viáticos, el personal es mínimo y sólo tienen un perito forense.

—Cuando hacen salir al fiscal, ir donde estaban bloqueando ¿qué les dijo?

—Al principio no quería salir, mandó decir que nosotros fuéramos a la Fiscalía, que quería escuchar nuestras quejas, pero nosotros ya le habíamos entregado oficios como nos lo solicitaron ahí, así que negamos hasta que él llegó. Entonces nos trasladamos a una sala de la dependencia.

—¿De qué hablaron?

—Poco, no pudimos llegar a nada, porque no estábamos todos los colectivos. Entonces se agendó otra reunión con los 25 colectivos de Guerrero.

—¿Se hizo? ¿Qué temas trataron?

—Así es. Cada colectivo planteó urgencias. Se discutió la acusación de acoso contra el encargado de identificación forense; aunque no hay denuncia formal, nuestra molestia es que esto detiene el trabajo y afecta a las familias buscadoras. Se pidió su destitución. El fiscal dijo que sin denuncia no puede proceder; los colectivos apoyarían si las afectadas deciden denunciar. Se comprometió a dar fechas para revisar carpetas. Ahora revisan las del colectivo Los otros desaparecidos de Iguala.

—¿Cuántas carpetas de investigación sobre desapariciones tendrían que revisarse?

—No nos dieron el dato exacto. Sé que ya superan las 3 mil. La Secretaría de Gobernación reportó en febrero alrededor de 4 mil 642 desaparecidos desde 2015.

—¿Qué expectativa tienen luego de esa reunión?

—Hay poca esperanza, aunque todas quieren creer que habrá avances. Falta personal capacitado en la fiscalía de desaparecidos, sobre todo en identificación forense. El Semefo de Chilpancingo está saturado, el Panteón Ministerial de Chilpancingo está saturado, el Semefo de Acapulco está saturado. Aunado a eso, hay cuerpos identificados de los que no encontramos a su familia. Es una cosa pesada.

—¿Y sobre su caso en particular qué le han dicho en la Fiscalía?

—Una tiene que hacer el trabajo de ellos. En 2023 tuve información de que las dos personas que participaron en la desaparición estaban detenidas en el reclusorio de Chilpancingo. Me llegó la información por un vecino que está preso. Fui a ver de inmediato al MP. Le dije que ya estaban ahí detenidas. Él me respondió: “Sí, señora, ahorita voy a mandar oficios para ver qué información tienen. La llevo a usted”. Pasaron tres meses y nada. Regresé a verlo y ya no estaba el licenciado encargado de la carpeta. Se fue. Ahorita ya no sé si sigan esos detenidos ahí o no.

“Localizamos a nuestros familiares nosotras mismas. Ahorita hay un indicio. Hay un lugar (un cementerio clandestino) donde se supone que está la mayoría de los desaparecidos de Chilpancingo. De los que han asesinado. Se habla de más de 400 cuerpos. Ese lugar ya lo localizamos nosotros. Pero no lo queremos hacer con la Fiscalía del estado. Yo me voy con la Fiscalía General de la República. Ya tengo cita para el viernes de esta semana”.

Preguntas sin respuestas

Estas son algunas de las preguntas que se quedarán sin respuesta. Son las preguntas que por petición expresa del jefe de prensa de la Fiscalía, Carlos Monje, se enviaron al fiscal.

1.- ¿A qué factores atribuye la Fiscalía que menos del 40 por ciento de las investigaciones iniciadas en el año logren una determinación?

2.- Existen 39 mil 857 expedientes atrapados en el Sistema Tradicional. ¿Existe un plan de liquidación específico para cerrar estas investigaciones que tienen años de antigüedad, o se consideran ya “casos perdidos”?

3.- Con el acumulado de carpetas pendientes en el Sistema Acusatorio, ¿a qué se debe este acumulado? ¿Cuál es la carga de trabajo promedio actual por cada agente del Ministerio Público en Guerrero?

4.- De los más de 25 mil delitos registrados, solo se vinculó a proceso a 861 personas. ¿Por qué la tasa de vinculación es tan baja en comparación con la incidencia delictiva reportada?

5.- El documento del Inegi señala que solo cuentan con 12 analistas de inteligencia para todo el estado. ¿Considera que esta cifra es suficiente para combatir delitos de alto impacto como el homicidio doloso, que cobró la vida de mil 743 personas en 2024?

6.- Según Impunidad Cero el estado ocupa el último lugar nacional en cumplimiento de órdenes de aprehensión, con solo un 12.2 por ciento de ejecución. ¿A qué se debe? Mientras que la probabilidad de que un delito sea esclarecido es de apenas 0.29% (lugar 28 de 32), ¿Coincide con este dato? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes a este respecto?

7.- A pesar del presupuesto que manejan el rezago parece no disminuir de manera significativa. ¿En qué áreas prioritarias se está invirtiendo estos recursos para acelerar la resolución de carpetas?

8.- Sólo se iniciaron 2 mil 76 expedientes en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). ¿Qué estrategias tienen para desfogar la carga del Ministerio Público a través de la mediación y conciliación?

9.- Ante las cifras que sitúan a Guerrero con un rezago acumulado (sumando ambos sistemas) de más de 86 mil expedientes, ¿qué acciones concretas de reingeniería institucional se están tomando para solventar este retraso y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas?

Un problema conocido

Dentro de la Fiscalía no lo ignoran. El problema no es la falta de autocrítica, sino la falta de acciones. En un documento interno elaborado en 2024 –cuya copia tiene el reportero– se dice en la parte de “diagnóstico”, que hay una severa crisis de confianza y percepción, porque existe poca confianza ciudadana debido a una labor ineficiente, percepción negativa y temor a la revictimización; lo que genera un desinterés por denunciar al considerar el proceso como una pérdida de tiempo.

Hay deficiencias operativas al reportar elevados índices de impunidad y corrupción, desempeño deficiente y burocrático, falta de material básico de oficina y limpieza, y personal insuficiente. Sólo se logra acreditar la participación en hechos en no más del 20 por ciento de los casos denunciados. El marco jurídico es obsoleto; el presupuesto es limitado e insuficiente, y existe un desorden administrativo con quebranto financiero y sueldos no ajustados a la ley. Muchos servidores públicos permanecen “anquilosados en el pasado”, renuentes a recibir capacitación.

Prevalece la desvinculación social; hay un aumento constante de carpetas de investigación sin concluir o judicializar; rezago en el cumplimiento de órdenes de protección; mientras que la etapa de la investigación complementaria es “letra muerta” (las investigaciones son deficientes) porque se llega a la audiencia de Juicio Oral con las mismas pruebas que sirvieron para la prisión preventiva.

El documento de 35 páginas hasta cita algunos “ejes rectores” para “transformar la institución”. Van desde mejorar y consolidar el marco jurídico; procurar una justicia eficaz, pronta, imparcial y transparente con el servicio civil de carrera y programas para abatir el rezago en investigaciones”; reorganizar los Semefos y ampliar el Panteón Estatal Forense, y fortalecer la Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada de personas; hasta atender a víctimas u ofendidos y derechos humanos; dictar en tiempo y forma las órdenes de aprehensión y mejorar la asesoría jurídica, psicológica y médica, e implementar una línea de atención telefónica para víctimas en situaciones de crisis; así como mejorar y consolidar el sistema de justicia penal.

En la parte final de documento –el resto son estadísticas, gráficas de barras, etcétera–, en sus “conclusiones”, dice que la transformación de la Fiscalía pasa primero por reconocer la gravedad de su situación. Propone priorizar la investigación y judicialización de los delitos de alto impacto, sustituir los métodos rutinarios (exceso en el uso de la fuerza de la PIM) por investigaciones científicas apoyadas en inteligencia y análisis estadístico, combatir la corrupción mediante mayor transparencia y rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización del personal y la atención a víctimas, reducir la impunidad y la cifra negra de los delitos no denunciados.