
Teléfono rojo
Dip. Urióstegui: evitar despojos y violencia
Se trata de que la gente no se haga justicia por mano propia; también se trata de que presuntos delincuentes no se apoderen de patrimonios ajenos.
Asimismo, se debe proteger a personas, adultos mayores, que son víctimas de despojos por sus propios familiares consanguíneos, hasta por cuarto grado.
También se entiende que el aparato de justicia opere, no margine e ignore a personas vulnerables, para que no tengan que jalar el gatillo por el abandono institucional.
Eso es, en esencia, la iniciativa antiinvasores que recientemente presentó ante el pleno del Congreso el diputado local Jesús Eugenio Urióstegui García, para reformar el artículo 246 del Código Penal del Estado de Guerrero. Tal reforma hará historia.
Más que oportuna es la proposición que hizo el legislador morenista Urióstegui García, para impedir la impunidad de invasores, ante despojos de patrimonios que casi nunca se resuelven.
El diputado propuso que se establezca una penalidad de 12 años de prisión a quienes cometen el delito de despojo, aprovechándose de la condición de personas adultas mayores, enfermedad, analfabetismo, desconocimiento de la ley o situación de abandono del propietario y/o legítimo poseedor de un bien inmueble.
Y es que todos los días, a todas horas, no sólo en Guerrero sino en el resto del país, se perpetran despojos de bienes inmuebles; diariamente se presentan denuncias ante autoridades contra presuntos delincuentes, pero el aparato judicial no actúa y, en muchas ocasiones, se convierte en cómplice de los delincuentes mediante argucias legaloides. Eso debe terminar.
Existe un caso reciente que sacudió a la opinión pública nacional: una señora adulto mayor -Carlota N, guerrerense, de 74 años de edad- en Chalco, Estado de México, mató a balazos a dos hombres y dejó herido a otro. El motivo: intento de despojo de su casa. Los hechos ocurrieron durante los primeros días del pasado mes de abril.
Las víctimas -sobrevivientes al ataque- alegan haber rentado la casa, pero Carlota N tuvo que jalar el gatillo ante el abandono institucional; es la historia de un hartazgo acumulado, porque la anciana había sido marginada e ignorada por el aparato judicial. No se le podría llamar heroína, pero tampoco criminal. Juzgue usted.
Más que oportuna es la iniciativa de reforma presentada por el diputado Urióstegui García, quien tiene el respaldo de las fracciones del PRI, PRD, PVEM y PT, ante la “modalidad moderna de despojo”.
El fenómeno -dijo el legislador- ha ido creciendo por los vacíos legales, silencios jurídicos, que han sido históricamente tolerados como si fuera un mal menor, pero no deja de ser grave y tiene que ser castigado severamente.
Agregó: “No podemos seguir permitiendo que, quienes han trabajado toda su vida para tener un hogar, un patrimonio, terminen despojados por oportunistas o servidores públicos corruptos que hacen del tráfico de sus influencias un negocio; no más adultos mayores llorando frente a su casa ocupada por desconocidos; no más inmuebles, terrenos y propiedades ocupadas por ajenos”.
La iniciativa antiinvasores -insistió el legislador- tiene como propósito que, quienes cometan de forma reiterada el despojo de bienes y el autor del delito sea familiar por consanguinidad o afinidad -hasta el cuarto grado-, apoderado legal, albacea, servidor público, notario, administrador de bienes o cualquier persona con quien la víctima tuviera una relación de confianza, se le impondrá una pena de 8 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días (salarios) de multa.
La iniciativa de reforma al artículo 246 del Código Penal de Guerrero, presentada hace menos de una semana por el diputado Jesús Eugenio Urióstegui García, ha tenido buena aceptación no sólo del pleno de legisladores, sino también de un gran segmento de la ciudadanía guerrerense, que ya lo manifiesta a través de las redes sociales y otros medios.
Sin duda, es una ley que trascenderá infinitamente. Evitará que vuelvan a ocurrir hechos como los de Chalco, Edomex, donde la adulta mayor Carlota N, pistola en mano, tomó la justicia al ser ignorada por el aparato judicial que ahora la castiga en una prisión… Punto.
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