ACAPULCO, Gro., 8 de mayo de 2016.- El primer acuerdo del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Acapulco fue aprobar los topes para las adjudicaciones directas e invitaciones a cuando menos tres personas. El segundo fue exentar de licitación pública diversos contratos que suman 344.4 millones de pesos, a cinco funcionarios.

En esa primera sesión de instalación realizada el 5 de octubre del año pasado en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas, el Comité autorizó contratar servicios por un monto total de 393 millones 981 mil 728 pesos, de los que ni un centavo se sometió a licitación, según el acta DRMR-68-R-2.

La gran mayoría de ese dinero, el 87.4 por ciento, correspondió a cinco dependencias a cuyos titulares se les permitió realizar adjudicaciones directas que, de acuerdo con los topes que se acababan de aprobar, debieron ser licitaciones nacionales.

Los exentos fueron el director de Saneamiento Básico José Alberto Alonso Gutiérrez, a quien se le autorizó contratar sin licitación de por medio un total de 195 millones 901 mil 855 pesos; y la directora de Recursos Materiales, Karla Sánchez Olmos, a quien se le dio luz verde para adjudicar directamente 75 millones de pesos.

También se permitió al entonces encargado de la Secretaría de Seguridad Pública no someter a licitación nacional 39 millones de pesos; a quien era el director de Comunicación Social Pedro Mendoza Guevara se le autorizaron 25 millones; y a la entonces directora de Cultura, Citlali Guerrero Morales más de 9.5 millones de pesos.

Eran las 12 del día cuando en su calidad de secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Acapulco, Casimiro Vega Galeana, inició el pase de lista.

La reunión la encabezaron el secretario de Administración y Finanzas, Merced Baldovino Diego, quien coordina el Comité; la síndica administrativa Teófila Platero Avilés y el secretario de Planeación y Desarrollo Económico José Natividad Calixto Díaz.

También estuvieron el contralor Mariano Hanzel Patricio Abarca; el director de Asuntos Jurídicos, César Gustavo Ramos Castro; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ignacio Villalba Bravo; y Jesús Salvador de Alba, director de Programación y Control Presupuestal.

El primer acuerdo que tomaron luego de declarar instalado el Comité, fue que las adquisiciones o contrataciones de más de 200 mil a 1 millón y medio de pesos serían por adjudicación directa; hasta los 3 millones se permitiría hacerlos por invitación a cuando menos tres personas; y de esa cantidad en adelante, licitación pública.

Enseguida comenzaron a exentar de esas restricciones, una por una, conforme el secretario técnico, Casimiro Vega Galeana les daba lectura, a la mayor parte de las millonarias solicitudes de gasto paras las cuales, pese al argumento oficial de que la anterior administración había entregado un Ayuntamiento endeudado y sin dinero, todos los funcionarios solicitantes expresaron contar con “suficiencia presupuestal”.

Esto es, que a cinco días de haber tomado posesión en sus cargos, la administración municipal sí tenía dinero para la adquisición de bienes y servicios.

 

LA DANZA DE LOS MILLONES

 

 A José Alberto Alonso Gutiérrez, director de Saneamiento Básico, le fue autorizada la contratación directa de empresas por 195.9 millones de pesos.

Entre los servicios contratados destaca la contratación de residuos sólidos peligrosos, para los cuales el comité le exenta de licitación un primer contrato de 90 días por 32 millones, y posteriormente otro de un año por 137 millones 10 mil pesos, con lo que tan sólo en ese rubro se vio libre de adjudicar más de 169 millones de dinero público.

A esa cantidad hay que sumarle 23 millones 690 mil 255 pesos por dos contratos para la operación y compactación de residuos en el relleno sanitario, y 3 millones 201 mil 600 en otro para contratar una supervisión externa.

Por separado cada uno de esos contratos excede el monto establecido para una adjudicación directa en el ejercicio fiscal 2015.

A la directora de Recursos Materiales, Karla Sánchez Olmos, le fueron autorizados de igual manera 75 millones de pesos para la compra de gasolina y diesel; al ex secretario de Seguridad, Francisco Sandoval Vázquez 39 millones para el seguro de vida de los policías, dinero que también fue repartido en dos contratos, en este caso uno de dos meses y otro de 13 meses.

Por su parte, al director de Comunicación Social, Pedro Mendoza Guevara se le autorizaron 25 millones de pesos para pagar publicidad en diferentes medios de comunicación durante tres meses.

Mientras que la ex directora de Cultura, Citlali Guerrero Morales, pudo contratar con total libertad diversos bienes y servicios por 9 millones 565 mil 146 pesos para el Festival de la Nao, con la venia del Comité.

El pasado 7 de abril, mediante el portal de Transparencia del Ayuntamiento se hizo una solicitud de información a la Contraloría General, a la que se solicitó copia de los oficios mediante los cuales los funcionarios solicitantes pidieron ser exentos de la obligación de licitar sus adquisiciones y contrataciones, para conocer si sus argumentos se apegan a lo establecido en las Leyes de Adquisiciones federal, estatal o municipal.

La Unidad de Transparencia debió dar respuesta a esta solicitud en los siguientes 15 días hábiles, sin embargo la solicitud no fue atendida.