Gravar las remesas

La reciente propuesta del presidente Donald Trump para imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México no solo es una medida económicamente regresiva, sino también una afrenta directa a los principios de cooperación bilateral y justicia tributaria que han guiado la relación entre nuestros países durante décadas. Implica un enorme daño para las familias que en México y otros países son apoyadas con las remesas, fruto del esfuerzo de los trabajadores migrantes que ya contribuyen fiscalmente al gobierno de Estados Unidos.

Las remesas no son un lujo. Son el fruto del trabajo arduo de millones de mexicanos que, con esfuerzo y sacrificio, sostienen a sus familias desde el extranjero. En 2024, México recibió más de 63 mil millones de dólares en remesas, una cifra que representa no solo un salvavidas económico para comunidades enteras, sino también un símbolo de la conexión humana y solidaria entre quienes migran y quienes se quedan en México. El impuesto 

La propuesta de Trump, disfrazada de política fiscal, es en realidad un castigo selectivo contra los migrantes. Al enfocarse en quienes no tienen ciudadanía o residencia permanente, el impuesto se convierte en una herramienta de discriminación económica. Y lo que es peor: viola principios fundamentales del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos.

Este tratado, vigente desde 1994, establece que los ingresos ya gravados en un país no deben volver a serlo en el otro. El impuesto a las remesas rompe con este principio, al imponer una carga adicional sobre ingresos que ya han contribuido al fisco estadounidense. Además, vulnera el principio de no discriminación fiscal, al aplicar condiciones desiguales según el estatus migratorio del remitente.

Desde México, la respuesta ha sido firme. La presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado la medida como injusta y contraria al espíritu de cooperación. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha iniciado gestiones diplomáticas, y no se descarta recurrir a mecanismos de solución de controversias bajo el T-MEC.

Pero más allá de lo legal, está lo humano. Este impuesto no solo amenaza con reducir el flujo de remesas; amenaza con romper la red de apoyo que millones de familias mexicanas han tejido con esfuerzo y esperanza. Castigar a quienes ayudan a sus seres queridos no es política fiscal: es crueldad institucionalizada.

México debe alzar la voz, no solo en defensa de su economía, sino en defensa de su gente. Porque cada dólar enviado desde Estados Unidos no es solo dinero: es amor, es compromiso, es patria extendida más allá de las fronteras.