Guerrero: el drama, la impunidad y la indolencia por los desaparecidos

ACAPULCO, Gro., 4 de febrero de 2025.- Casas, comercios y personas se suceden con rapidez a través de las ventanillas del coche de Sergio Ceballos, del colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.

Hombres, mujeres, niños. Chicas con faldas plisadas del uniforme escolar pasan y desaparecen al momento del campo visual conforme el carro avanza sobre el bulevar 95 que comunica a La Cima. Todo ocurre de inmediato. Esta ciudad nunca para. Parece ajena a la del otro lado del Maxitúnel.

Sergio es reservado. No dice nada si no se le pregunta. Tiene un ceño adusto y nunca ríe. El semblante taciturno de aquellos que vienen saliendo de una tragedia. Dice mientras maneja que tiene 54 años, que vive solo porque se separó de su mujer tras la desaparición de su hija adolescente. La única que tuvieron. Que se siente fuerte para seguir en la búsqueda de desaparecidos y que hace ejercicio todos los días. Dice que él y su exesposa no supieron manejar la pérdida y que cada quien se encerró en su dolor y terminaron distanciándose. Al final se divorciaron.

Pero esto será hasta las 12 horas. Ahora son las 10 y el colectivo de Sergio y 10 más están en El Quemado, donde se construye el Centro de Resguardo e Identificación Forense, que no es otra cosa que el lugar donde irán a parar los cuerpos de los muertos que no han sido identificados y que se cuentan por cientos en Guerrero.

En el Cementerio Forense de Chilpancingo hay más de mil, dirá días después el visitador del programa de desaparición involuntaria de personas, Román Jaimes, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

En el cielo azulísimo una parvada de zopilotes revolotea cercana atraída por el olor que despide el Semefo situado en la entrada del predio. Es ese olor peculiar de grasa, sangre y carne, mezclado con líquidos desinfectantes, que se percibe tan pronto se abre la puerta.

Sergio fue con el reportero al terminar la actividad para mostrarle algunas fotos de desaparecidos pegadas en la entrada. Son 17 fichas con fotos. Algunas descoloridas, carcomidas por el sol y la lluvia. Algunas despegándose de la pared por el paso corrosivo del tiempo.

Jesús, Celia, Pedro, Alejandro, Carlos, Gerardo, Alberto, Fernanda, José, Jhonatan, Joshua, Daniel, Antony, Isaías, Evelin…

La dureza de los datos

En datos duros la cantidad de desaparecidos se puede resumir así: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda en los últimos cinco años (2020-2024) hubo mil 582 desaparecidos en Guerrero.

De estos, 524 ocurrieron en Acapulco, 33 por ciento del total. Un promedio de 105 por año y 8.75 por mes, aunque hasta el cierre de este texto (28 de enero) ya se tenía el registro de 14. Y, según una nota periodística que cita a la Fiscalía, sólo en octubre de 2023, hubo en Acapulco entre tres y cinco desaparecidos diarios.

Con todo y la atrocidad que significan los números, 2024 fue el año de menor desaparecidos en Acapulco. En 2020 ocurrieron 106, en 2021 fueron 101, en 2022 se contabilizaron 111, en 2023 fueron 133 (el mayor registro, de aquí el dato de la Fiscalía); y en 2024, 73. Sí, menor. Salvo por una salvedad.

Para ponerlo en perspectiva: en el mismo periodo (2020-2024) en toda la Tierra Caliente, región conformada por nueve municipios, tres de ellos colindantes con Michoacán y tres con Estado de México, que ha hecho fama por su violencia sistemática y de asesinatos del alto impacto (San Miguel Totolapan, octubre de 2022, 20 personas asesinadas junto al presidente municipal Conrado Mendoza, por mencionar uno), se tiene registro de 42 desaparecidos en cinco años.

Así que Acapulco está en primer lugar con sus 524 desaparecidos. Le sigue Chilpancingo en segundo con una cifra, siempre de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 174; cinco en lo que va del año. Iguala en tercero, con 115; uno en enero de 2025. Chilapa está en cuarto sitio con 84 en los últimos cinco años y uno en lo que va del año. Taxco en quinto con 81, dos en estos días de enero. Zihuatanejo en sexto con 78, dos en enero; y Tlapa en séptimo con 40 y ninguno en este año.

Resguardo sin descanso

Justo atrás de las instalaciones del Semefo una construcción inconclusa parece estar casi lista. Será el sitio de identificación forense. Los colectivos ven los planos que muestran los empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del Gobierno de Guerrero. Hacen preguntas.

Una veintena de albañiles trabaja metódicos como hormigas sin dejar de platicar entre ellos. Metros adelante los fierreros arman los castillos de acero de lo que será el centro de depósito con capacidad, en una primera etapa, para 600 cuerpos, y una retroexcavadora remueve escombros que echa luego a un carro de volteo.

Es un trabajo apresurado. Se ve. Los colectivos piden fecha de entrega y los de SDUOP dicen que a mediados de febrero. Sobre el 16. ¿Ya listo? ¿Ya operando? Preguntan. No, sólo la obra. El equipo material y humano ya no depende de ellos, dice un ingeniero. Sergio dirá más tarde que no es como lo tenían previsto. Que por lo que vio en el plano el laboratorio de identificación genética será un área minúscula que no cumple con los estándares internacionales. No habla porque sí. Ha aprendido a fuerza de estar en las búsquedas desde hace casi 10 años.

—Desde que desapareció mi hija, en agosto 2015 —dirá en entrevista más tarde.

Se llamaba Monserrat. Se llamaba. Sergio ya tiene la certeza de dónde está su hija. A los tres meses fue hallada en una fosa en la colonia Bocamar, cercana de donde vivían en la Garita aunque no se la entregaron sino hasta tres años y medio después por la impericia de la Fiscalía para investigar estos casos. Tenía 16 años. No tuvo la misma suerte Emma, compañera del mismo colectivo cuyo hijo no han sido encontrado desde hace más de 13 años que desapareció… si a encontrar los huesos de su hija en una fosa clandestina después de meses de buscarla y preguntar él mismo a individuos de todo tipo se le puede llamar suerte.

Sergio, Emma y otra compañera de nombre, Janet que conforman la coordinación, se conocieron por ese tiempo. Él se sentía perdido con la desaparición de su hija. Se acercó a la Iglesia católica donde conoció al padre Jesús Mendoza y les sugirió que se organizaran. En 2016 se constituyeron como asociación civil. Fue un puñado de vecinos de Acapulco que tenía en común el dolor punzante de la incertidumbre. Ahora son más de 500 familias las que se han acercado al colectivo en medio de un problema, dirá Sergio, que no para.

Sin nombre

La desaparición de personas es un delito que no tiene adjetivos, dice el doctor Gabino Solano Ramírez, del Observatorio Pi.evi del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), cuando se le pide que lo caracterice, o cómo lo explicaría él, por más lógico que parezca.

—Nadie debería sentirse con el derecho de quitarle la vida a otro —dice—. De apropiarse del cuerpo de otro. Es inhumano. Cruel, en el más amplio sentido de la palabra.

— ¿Tienen una tipología más o menos clara del fenómeno? —se le pregunta desde Acapulco.

—Hay patrones y hay características particulares de las víctimas. La mayoría son mujeres, son jóvenes, viven en pobreza, y en zonas marginadas.

Pi.evi es una iniciativa que nació en el IIEPA y en su plataforma tienen registros desde 2017. Aunque son pocos —60 apenas, tomados de notas periodísticas, en todos estos años cuando tan sólo un colectivo de búsqueda ha acompañado a más de 500 familias— y escasos los recursos para poder cubrir un problema que los rebasa por todos lados.

— ¿Y el perfil del victimario?

—Ligados al crimen. Hay mucha trata de mujeres en medio, por el perfil que tenemos y el patrón de desapariciones.

— ¿Cómo explicar que siga ocurriendo?

—Hay una economía criminal predominante aún. Sin ésta tal vez no estaríamos hablando de esto. Y el costo para los grupos delictivos en términos punitivos es muy bajo. La impunidad también predomina. Poco se castiga, sino es que nada. Los colectivos ya no piden justicia o castigo para quienes se llevaron a sus familiares, piden encontrarlos.

En la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Guerrero parece que la rueda gira. Monótona. Los empleados, cada uno en su oficina, laboran sin mayor distracción, absortos en lo que hacen. Una que otra trabajadora se ve en algún pasillo. Son las 13 horas y aunque afuera el sol calienta, el asfalto de la calle Galo Soberón en el Centro de Chilpancingo, acá adentro es más bien frío y silencioso.

Hasta 2016 no había visitaduría que atendiera el problema de las desapariciones y tampoco era un asunto prioritario en la agenda de los gobiernos hasta antes de septiembre de 2014 que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Román Jaimes Contreras es el tercer visitador y el que lleva el programa de desaparición involuntaria de personas. Aparece en las escaleras y entra serio a su oficina, casi hosco. Hay una bandera de México en unas de las esquinas del fondo. Un escritorio con papeles que regresa a ver de vez en cuando durante la entrevista. Tres sillas.

—Es una situación sensible, de alto impacto en la sociedad y en las familias. Hay en ellas una incertidumbre permanente por saber dónde está su familiar. Muchos lo que quieren es hallarlos y, si es el caso, sepultarlos, para estar en paz —dice cuando se le pide un diagnóstico.

— ¿Ven alguna solución a corto plazo?

—Tendrá que ser mediante un cambio generacional. No es un asunto sólo de seguridad pública. Debe ser tratado desde la prevención y el restablecimiento del tejido social. Las desapariciones ocurren, por lo general, en un entorno de violencia.

— ¿Y de impunidad?

—No hay señalamientos directos contra los responsables —dice en tono neutro, sin mayores gestos en la cara, más bien rígida— porque ni las mismas víctimas saben quién o quiénes pudieron haberse llevado a su familiar, y no hay denuncias. Ellos, en su incertidumbre, se conforman con hallarlos.

— ¿En el acompañamiento que han hecho a las familias con qué se han encontrado?

—La Fiscalía de Desaparición Forzada de Personas no tiene los trabajadores necesarios. En el área de periciales no hay peritos especializados. Las instancias de impartición de justicia eran poco sensibles ante el tema, algo que ha estado cambiando poco a poco. Me parece que han ido entiendo el problema.

La Fiscalía General del Estado es un cajón hermético e insondable. Nadie da información de nada ni en Acapulco ni en Chilpancingo (salvo los boletines que les interesa difundir). El jefe del área de prensa, Carlos Hernández Monje, ni siquiera responde el teléfono. No hay manera de conocer patrones de desapariciones en Acapulco ni en ninguna otra parte de Guerrero; carpetas de investigación en los diferentes años, o al menos desde 2020; cuántas se han judicializado, cuántas sentencias se han conseguido, o niveles de impunidad. Nada.

Una Ley para los desaparecidos

Adriana Bahena, del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, está en El Quemado, donde también está Sergio Ceballos, David Molina, José Díaz, Patricia Retana; compañeros de Socorro Gil. Todos con esa singularidad que los hace comunes: tienen familiares desaparecidos. Hijos, esposos, hermanos, padres. Ahora supervisan el avance de una obra considerada dentro de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Hacen preguntas. Se les ve dudosos. Piden que les expliquen cada área que se ve en los planos, pegados en una mampara.

Adriana interviene. Pide a los ingenieros de la SDUOP los pormenores de la obra para cuando esté hecha no haya reclamos. Propone que vayan todos el lunes siguiente a Chilpancingo al edificio de Derechos Humanos para que ahí se reúnan. Se acepta. Arturo Solís, de la Comisión Estatal de Búsqueda, y a quien no se le pudo entrevistar porque dijo que no está autorizado para declarar, dice que sí. Al final la reunión se haría a puerta cerrada en la Comisión de Búsqueda y no en la CDHEG como se acordó en un principio.

Luego se reúnen por grupos. Hablan entre ellos. Los funcionarios observan. Un trabajador de Derechos Humanos pasa con una hielera ofreciendo agua y cocas. Otros van a ver el arranque de lo que será la zona de las gavetas. Seiscientos cuando estén terminadas. Los fierreros tejen alambre recocido, indiferentes a quienes los miran. A simple vista la losa de cimentación se ve robusta y sólida. Es un predio extenso donde se construye, y dentro de poco todo esto estará ocupado por cientos de cadáveres sin identificar.

Días antes, desde Iguala, Adriana recordó que en Guerrero está pendiente la Ley de desaparición involuntaria de personas que, según dijo, está congelada desde la legislatura pasada. Dijo que no se conoce bien a bien qué contiene, cómo viene, por qué no se ha votado; aunque a finales de diciembre se reunieron con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y les ofrecieron acelerarla. Una semana después, en la entrevista, el visitador Román Jaimes aclaró que sí existe esa ley, sólo que no está “armonizada” con la federal.

—Es lo único que hace falta —dijo.

El área de la oficina que ocupa la diputada Araceli Ocampo Manzanarez en el edificio del Congreso local está colmada por sus auxiliares. Cinco empleados se apretujan en un espacio minúsculo. Los pasillos bullen en un movimiento de empleados que van y vienen sin parar. Adentro de su despacho, la diputada saluda bendiciendo a dios. “Dios te bendiga”, dice y luego mira su iPad que está sobre su escritorio sin nada más encima. Tiene una foto de ella con el expresidente Andrés Manuel López Obrador pegada en la pared izquierda. Una auxiliar está con ella. Le explica algo que fueron a solicitar unas personas. Pide que la esperen. La empleada sale.

Araceli es de Iguala y es la presidenta la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Dice que conoce el problema de las desapariciones. Que siguen sin resolverse. Que prevalece la impunidad. Y que comparte el dolor de las familias porque ella misma lo sintió en 2014 cuando le desaparecieron a un hermano y lo encontraron sólo en los huesos. “Solo la osamenta nos entregaron”. Se le buscó porque es esta Comisión la que tiene que promulgar la Ley de desaparición involuntaria de personas.

—Los colectivos no se explican por qué se están tardando tanto. ¿Cuál es el problema? ¿No es algo urgente? —se le pregunta.

—Cuando Araceli Ocampo llegó al Congreso —habla de sí misma en tercera persona— y recibió esta Comisión no se le entregó nada. Es más, no sabe que haya una ley o un proyecto de ley en la materia. En esta Comisión no la tenemos, no la conocemos.

— ¿Entonces, no la hay?

—Ya la hay porque se tuvo que hacer una nueva.

— ¿Qué contiene?

—La creación del Centro de Resguardo e Identificación Forense, por ejemplo.

—Ese ya se está construyendo en El Quemado desde el año pasado.

—Ah. Pero también el fortalecimiento de las capacidades de Comisión Estatal de Búsqueda. Y algo importante: el presupuesto suficiente para atender el problema.

— ¿Qué falta? ¿Por qué no sale?

—Presentarla ante el Pleno e ir con las otras comisiones: Gobernación, Justicia, Presupuesto.

— ¿Cree que el presupuesto sea una de las dificultades porque las que no sale la ley?

—En parte. Hay que meterle techo presupuestal.

— ¿Tienen fecha?

—Marzo, tal vez. Cuando inicie el segundo periodo ordinario.

Cifra no oficial

El doctor Gabino Solano no oculta en su voz un tono de desilusión. Dice que tardará en llegar el día en que no haya una sola desaparición. El punto de llegada debe ser ese: que sea un delito impensable, porque una sola persona desaparecida ya es un grave problema. Será un proceso largo.

— ¿Por qué?

—Porque hace falta pensar el problema desde lo local. Es decir, desde la constitución de los gobiernos locales donde el crimen domina sectores importantes. Pocas policías, por ejemplo, están profesionalizadas y es fácil para el crimen infiltrarlas. Eso causa que haya un Estado rebasado. Además de que ha resultado muy costoso combatirlo. Se debe focalizar, tener claro que ocurre en las zonas donde la economía criminal opera.

— ¿Tienen identificado los índices de cifra no oficial?

—Son elevados. Los pocos datos que tenemos nosotros son por ese motivo. No hay dónde obtenerlos y nos basamos sólo en notas periodísticas. Mucha gente prefiere no denunciar. Otra cosa es que hemos aprendido a enfrentar la violencia con más violencia. Nos hemos desapegado a la cultura de la legalidad.

— ¿Tienen alguna idea de la cifra no oficial, de las desapariciones que no se denuncian? —se le pregunta al visitador Roman Jaimes.

—No tenemos ese dato. Sabemos por los colectivos que muchos casos nunca se denuncian.

— ¿Cómo tipificarlo, el fenómeno?

—Es un crimen de lesa humanidad en toda regla. Ha cambiado el criterio. Antes se consideraba desaparición forzada o involuntaria sólo cuando actuaba algún agente del Estado, ahora ya tiene el tipo de ejecutado por “particulares”.

—La gente sigue sin denunciar —dice Sergio Ceballos cuando se le pregunta lo mismo en El Quemado de donde ya todos se han ido.

— ¿Han sabido por qué?

—Es por miedo. En Chilpancingo hay 54 cuerpos ya identificados que nadie se presenta a reclamar. Que nadie se ha atrevido a irlos a reclamar.

— ¿Qué cambio ha visto en la gente?

—Nos hemos malacostumbrado a la violencia. Nos hemos vuelto indolentes y nos hemos desentendido del problema. Nadie lo regresa a ver hasta que no nos pasa. O decíamos “en algo andarían” y ese tipo de cosas. Yo mismo lo hice hasta que no me desaparecieron a mi niña.

— ¿Y ahora?

—Le puede pasar a cualquiera. No hay, creo, en Guerrero alguien a quien de manera directa o indirecta no le haya ocurrido o que no conozca un caso.

— ¿Y cómo calificaría la respuesta del gobierno?

—Les ha ganado la delincuencia —dice y menciona el caso de un Ministerio Público (MP) del área de desaparición forzada asesinado apenas en la ciudad. Se refiere al agente del MP adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición, Henner Thomas, hallado asesinado en su carro en agosto de 2023 en la autopista Viaducto Diamante. Un reporte policiaco, de acuerdo con información periodística, dice que el agente fue “privado de su libertad” por hombres armados en el poblado de Tres Palos.