Hoja verde

Crímenes en zona indígena de Guerrero favorecen minería

Omisión del Estado para difundir en municipios indígenas ley contra el maltrato animal

Ante la Corte Penal Internacional de la Haya la activista amuzga, Marcela de Jesús Natalia, solicitó la intervención de la institución internacional ante crimines de lesa humanidad cometidos contra pueblos indígenas de Guerrero atribuidos a grupos criminales en zonas donde existe interés de 24 concesiones mineras que están provocando violencia y desplazamientos forzados, principalmente en el municipio de Chilapa.

La Organización Campesina de la Sierra del Sur OCSS, en un comunicado afirmó que las compañías internacionales mineras, buscan el aniquilamiento de las comunidades indígenas, pues en la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, existen 24 concesiones mineras y usan a los grupos delictivos para promover la violencia y el desplazamiento forzado.

Marcela de Jesús Natalia, acudió al Palacio Wilson del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Holanda, para denunciar que el gobierno mexicano y el de Guerrero encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, de evitar frenar la crisis de violencia, asesinatos y desplazamiento de comunidades enteras, sobre todo en el municipio de Chilapa del estado guerrerense beneficiando así a las empresas mineras.

Sin embargo, el aludido gobierno de Guerrero el 4 de junio en Acapulco, apoyará el Foro “Guerrero Minero 2026” con los magnates de esa industria extractiva y señalada de fomentar la violencia en zonas de Guerrero en la zona centro del estado, la zona Norte y recientemente en el municipio de Chilapa.

La secretaria de Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega, sostuvo que 400 concesiones mineras en Guerrero sí cumplen con la ley minera y que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, reconoce la disposición de las empresas mineras que operan en la entidad.

Guerrero sin gobernanza ambiental

La “danza del ratón” en el municipio de Acatepec, puso al descubierto el maltrato animal que sufren la fauna silvestres como zarigüeyas, armadillos y ratones silvestres en pueblos indígenas de la Montaña alta de Guerrero.

La misión de PROPAEG según sus propios objetivos es impartir, vigilar y promover el cumplimiento de la legislación ambiental de competencia estatal, sin embargo, la gobernanza ambiental por parte del gobierno de Guerrero para cumplir con la Ley 491 de Bienestar Animal del Estado es asignatura pendiente por su falta de capacidad para informar a los municipios sobre la nueva Ley 491 para el respecto al trato digno a los animales silvestres y de compañía.

El alcalde de Acatepec, Ángel Aguilar Romero, no solo promovió también participó en el maltrato de decenas de animales en una actividad que argumentan como tradicional para la petición de lluvias.

La iglesia católica ha sido omisa con el maltrato animal en los pueblos de la región de la Montaña, donde se registran las festividades dedicadas al Espíritu Santo en los municipios de Acatepec y Zapotitlán Tablas, con el argumento de ser una tradición indígena religiosa, atando los animales con cuerdas, jaloneados, algunos incluso obligados a ingerir alcohol, el estrés es tan alto que algunos mueren durante el festejo.

Las preguntas de hoy:

¿Qué tiene que responder la gobernadora Evelyn Salgado ante la denuncia de la activista amuzga Marcela de Jesús Natalia en la Corte Penal Internacional de la Haya, en la que responsabiliza al Estado de complicidad con grupos armados que buscan favorecer la explotación minera?

¿El gobierno de Guerrero seguirá siendo omiso ante diversos casos de maltrato animal incluso por autoridades?