Hontanar/Raúl Pérez García

Gesticuladores del foro de sordos

Guerrero es un estado en donde cada vez hay más víctimas de la delincuencia. Asesinatos, secuestros, asaltos con violencia y etcétera, son un mal creciente por la incapacidad gubernamental de brindar seguridad a la población, enmarcada ésta con la estadística que ubica la pobreza extrema en un poco más del 50 por ciento, condición o cualidad negativa que genera un aumento, quizá exponencial, de la colectividad de delincuentes.

Ni los alcaldes, que cuentan con escoltas “armadas hasta los dientes”, transitan con seguridad. El reciente caso del asesinato – “ejecuciones”, les llaman- del presidente municipal de Pungarabato- Ciudad Altamirano, como cabecera municipal- nos lo comprueba. Y si el político viajó de noche y a horas no recomendables, según el gobernador, resulta entonces que en nuestra entidad la libertad de tránsito está acotada, lo que redunda en un “toque de queda” decretada por los criminales.

Por lo anterior la creación a principios de este año de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, fue bien vista por la ciudadanía: a los familiares – los deudos, pues- se les debe atender como una función del Estado a su cuerpo principal, la Sociedad.

Lamentablemente, este organismo funciona a medias: sin presupuesto aún, sólo sirve para presumir sin fundamento alguno, y los comisionados son parte de la nomenclatura, voces técnicas inaudibles que gesticulan en un foro de sordos.

Son tres los comisionados, y fueron electos por el Congreso del Estado a sugerencia del ejecutivo estatal, y está muy claro que en la elección campeó lo político.

Por ejemplo: el presidente de la comisión, que funge también como representante legal. O sea, el abogado José Luis Gallegos, que tiene un sueldo quincenal elevado, sigue litigando en su despacho jurídico y no ha renunciado a sus muchas  representaciones legales, en donde sobresale la del Instituto Estatal de la Defensoría de Oficio, lo que nos hace temer que incurra en la prevaricación, pues sus representados, los defensores de oficio, defienden a los presuntos delincuentes. Un comisionado debe serlo de tiempo completo, y debe estar al servicio de la sociedad y no de su clientela como profesionista.

Fallas como ésta mantienen al estado de Guerrero en el primer lugar de las incidencias delictivas, y claro está, como la entidad con más víctimas de la violencia.

¿Sería mucho pedir al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo su intervención?

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