HONTANAR/Raúl Pérez García

Entre Escila y Caribdis

El estado de Guerrero pasa por una etapa muy difícil: la delincuencia organizada tiñe de sangre la entidad, y el gobierno en sus tres niveles no ha podido, siquiera, disminuir el índice de asesinatos que se registra cotidianamente, llegando al extremo de ejecutar policías federales que fueron enviados por el gobierno de la República, junto a soldados y marinos, a restablecer la paz y el orden entre los guerrerenses, ante la incapacidad de los cuerpos policiacos locales, bajo sospecha, estos, de estar al servicio del narcotráfico.

Acapulco y Chilpancingo son los municipios más afectados por ese estado de cosas: están, prácticamente, en manos de la delincuencia: cobran cuotas a los comerciantes, empresarios, constructores, transportistas y etcétera. Quien no cubre lo exigido, es asesinado. ¡Escenario aterrador!

Y, por si lo anterior fuera poco, entre los grupos de delincuentes hay un estado de guerra por el control de las plazas.
Nada nuevo: lo sabemos desde hace más de diez años, década en la cual se aceleró la caída de la economía estatal, sin que como paliativo, “toquemos fondo”, puesto que el tobogán en el que nos deslizamos está más largo de lo que quisiéramos.

Todo está contra Guerrero: la crisis del magisterio por la Reforma Educativa nos golpea también. Plantones, marchas, tomas de casetas de la autopista. ¿Qué hacer? Todo, nos respondemos, pero dentro de lo que marca la ley.
Todo, pero en el caso del narcotráfico, ¡jamás iniciar un diálogo con ellos! Pues gobierno que pacta con delincuentes se convierte en un gobierno de delincuentes.

Con el magisterio, sí al diálogo, pero sin concederles nada metalegal. Estamos a favor del sindicalismo, pero en contra de dirigentes de trabajadores que convierten al sindicato en grupo de presión política y económica, en detrimento de la educación y afectando a millones de niños estudiantes que reciben clases de profesores no capacitados para hacerlo.

Estamos los guerrerenses entre Escila y Caribdis. Por una lado los narcotraficantes y por el otro los maestros disidentes.

Necesitamos pues que el gobierno opere como debe operar: solucionar la problemática dentro de los cauces legales.

Tres y medio millones de habitantes de este estado suriano, reclamamos a Enrique Peña Nieto y Héctor Astudillo Flores nos regresen a la tranquilidad y el progreso. Es su obligación, y si aspiran a que su partido, el PRI, se mantenga en el poder, deben actuar en beneficio de los guerrerenses.