Hontanar/Raúl Pérez García

Tercermundismo deplorable

La ciudadanía, por lo regular, le pide, y en ocasiones le exige, al gobierno, obras materiales que mejoren su calidad de vida. Agua potable, energía eléctrica, pavimentación de calles y etcétera.

Empero, cuando esas obras tardan seis o más meses en concluir, los habitantes del rumbo terminan maldiciendo el momento en que se les ocurrió solicitarlas, sobre todo cuando son de una sencillez que obliga al contratista a finalizarlas en el tiempo pactado.

Pero no, en Acapulco todo es al revés como toda ciudad del nunca acabar.

Las calles Adolfo López Mateos (el tramo con camellón) y José Azueta (completa), ambas obras de ochocientos metros lineales de longitud, tardaron un poco más de un año, provocando el cierre definitivo de más de una docena de negocios por quiebra económica, misma situación que están pasando ahora los habitantes de la parte alta y poniente de la calle Quebrada, que lleva más de cuatro meses cerrada a la circulación, y al ritmo que llevan los constructores  será hasta febrero cuando concluyan esos cuatrocientos metros lineales, afectando casas particulares, oficinas públicas y media docena de hoteles.

Argumentan los encargados de las obras “que es culpa de la Comisión Federal de Electricidad, Telmex, telefónicas de comunicación celular, compañías cableras y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que suelen iniciar tardíamente sus instalaciones subterráneas, pero lo cierto es que la afectación provoca que la población beneficiada pierda la confianza en sus gobernantes y en los partidos políticos. Entonces no nos preguntemos el porqué es en tan alto el índice de abstencionismo en las elecciones locales, estatales y federales.

Hay quienes afirman que las compañías constructoras pertenecen a políticos y que son de creación reciente, por lo cual es de esperarse que su inexperiencia sea lo que ralentice las obras.

Por ejemplo, un tramo de cincuenta metros de la céntrica calle Jesús Carranza, que desemboca en la Plaza Álvarez (el Zócalo) tiene cuatro meses en obras y no tienen para cuándo terminar.

¿Qué les pasa?

No es por falta de dinero, los fondos fueron aportados por el gobierno federal.

A todas luces se conjugan varios factores: inexperiencia de los constructores, falta de coordinación entre los contratistas y las empresas privadas y públicas que participan en las instalaciones subterráneas de sus servicios, y la falta de carácter de los gobiernos del estado y municipal que no los obligan a cumplir con el tiempo estipulado y que no aplican sanciones económicas por incumplimiento contractual.

La suposición está en un alcance visual caliginoso: no les importa, a los gobernantes locales el perjuicio que están causando a los supuestamente beneficiados con las obras, lo que nos enclava en un tercermundismo que deploramos.