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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de enero de 2019.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD informó que el pasado 3 de enero impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la resolución de la Sala Regional Especializada sobre el caso de los llamados Servidores de la Nación.
En conferencia de prensa desde la sede nacional del partido, el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, señaló que los mismos magistrados electorales acreditaron violación a la Constitución, esto ante la queja que este partido presentó en agosto pasado contra de los llamados Servidores de la Nación, acusando que hacían propaganda ilegal para favorecer al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, utilizando recursos públicos.
Sin embargo, y pese a que la autoridad electoral acreditó en su sentencia la responsabilidad de diversos funcionarios, el PRD acusó que se eximió de manera indebida a los que son los principales orquestadores y responsables de esta conducta violatoria, que son el presidente López Obrador, la secretaria de Bienestar y el coordinador general de los Servidores de la Nación.
Y es que, de acuerdo con la sentencia de la Sala Regional, se fincó responsabilidad a 14 superdelegados, 22 subdelegados regionales y a siete Servidores de la Nación; mientras que, por el desacato a las medidas cautelares por parte del INE, señaló responsabilidad a 17 superdelegados, en total son 25 superdelegados del mismo número de entidades, que fueron señalados por ambas conductas o alguna de ellas.
“La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos da la razón en el sentido de que reconoce que, los Servidores de la Nación son una estructura que están violando permanentemente el artículo 134 constitucional y que están haciendo campaña de manera ilegal a favor del Presidente. (…)
Lo que le falla y lo que le falta a la Sala Regional Especializada es que, no se anima a ir en contra de los autores intelectuales de la creación de esta estructura electoral ilegal financiada con recursos públicos, los autores intelectuales son, en primer lugar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de programas sociales de la Presidencia Gabriel García, y como brazo ejecutor la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores”, aseveró.
Aunque reconocieron la actuación de la Sala Especializada sobre las responsabilidades fincadas a otros servidores públicos por este caso, criticó que ésta misma no se anime a sancionar a dichos personajes que tienen mayor nivel político.
Los perredistas afirmaron que existe una estructura jerarquizada que es pagada por el Gobierno federal con dinero público, y que está integrada por un Coordinador General de Programas para el Desarrollo; los 32 Delegados Estatales (superdelegados); 266 Subdelegados Regionales; y 18 mil 300 Servidores de la Nación.
Ávila enfatizó que lo anterior está acreditado por tres mil 500 pruebas certificadas con fe pública, consistentes en fotografías, videos, textos, documentos y notas periodísticas, las cuales están certificadas en cinco Actas Circunstanciadas por la Oficialía Electoral del INE.
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