Impunidad en extorsión en Guerrero llega al 99%, advierten empresarios

ACAPULCO, Gro., 8 de julio de 2025.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de esta entidad señaló que la impunidad en los delitos de extorsión en Guerrero alcanza el 99 por ciento.

En un comunicado en el que reconoció la nueva Estrategia Nacional Antiextorsión del Gobierno Federal, celebró que se otorguen nuevas capacidades legales y operativas al Ejército para garantizar la seguridad pública.

El CCE Guerrero aseguró que en los 85 municipios del estado las extorsiones han avanzado progresivamente, afectando a sectores como el comercio, turismo, minería, construcción, agroindustria y transporte.

Señala que el número real de incidentes rebasa las 47 carpetas de investigación oficialmente registradas.

En contraste, la activista y luchadora social Tita Radilla Martínez advirtió que el poder que el Estado mexicano ha delegado a las Fuerzas Armadas no ha significado justicia ni avances reales en casos de violaciones a derechos humanos como el de su padre, Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en un retén militar en 1974 en Atoyac.

“Es lamentable que se siga depositando la seguridad en el Ejército, porque no hay garantías para que estos delitos no se repitan. No hay transparencia, ni rendición de cuentas. La impunidad es absoluta”, expresó la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afadem), en entrevista con Quadratín Guerrero.

Pese a ese contexto, el sector empresarial de esta entidad consideró integral y robusta la estrategia nacional presentada este domingo por el Gabinete de Seguridad federal, de la cual dio cuenta Quadratín Guerrero, y reiteró su disposición para colaborar en su implementación.

En el comunicado difundido en redes sociales, los empresarios urgieron a concretar la reunión pendiente con autoridades federales en Guerrero para relanzar una Unidad Antisecuestro y Extorsión creada en 2015 con participación del sector privado.

Como informó Quadratín Guerrero, esta entidad es una de las ocho entidades prioritarias dentro de la estrategia nacional anunciada el domingo por el Gobierno Federal, junto con Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Michoacán, que concentran el mayor número de denuncias por extorsión.

Los empresarios advirtieron que, en la entidad, es particularmente mortal atreverse a denunciar este delito.

Por ello, insistieron en que la coordinación con autoridades debe traducirse en acciones concretas y protección efectiva para las víctimas, a quienes hoy el Estado no ha podido garantizar justicia.