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CHILPANCINGO, Gro., 8 de diciembre de 2021.- El Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunciaron que en la entidad los tres poderes del Estado han incumplido con las 13 medidas que contempla la segunda alerta de género, dictada el 5 de junio de 2020.
Los dos observatorios ciudadanos consideraron que dichas medidas (nueve de prevención, tres de seguridad y una de justicia) no se han cumplido por falta de compromiso y responsabilidad de las autoridades de Guerrero.
A través de un comunicado de prensa firmado por las dos organizaciones, se indica que actualmente las guerrerenses siguen sin tener garantías en la salud sexual, tampoco existe justicia para aquellas que han sido víctimas de violencia, ni se han esclarecido los casos de feminicidio.
Indica que Guerrero es el primer estado del país que no ha entregado a la Secretaría de Gobernación las evidencias sobre el complimiento de las medidas que contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Guerrero ha recibido dos alertas de violencia de género; la primera se declaró en junio de 2017 y la segunda alerta en junio de 2020, sin embargo, la falta de cumplimiento de las 13 medidas evidencia el nulo compromiso con la vida de las mujeres guerrerenses, y las autoridades anteponen prejuicios religiosos por encima de sus derechos humanos, para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas y adolescentes en el estado, señalaron los observatorios ciudadanos.
Llamaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que su gobierno sea impulsor del cumplimiento cabal de las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación en beneficio de las mujeres, y que informe cómo dará cumplimiento a estas.
Exhortaron al Congreso local para que los diputados realicen una reformar el artículo 159 del Código Penal, en el apartado del aborto. A la Fiscalía le llamaron a implementar acciones que garanticen el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual, así como la atención adecuada para la interrupción legal del embarazo.
Al Poder Judicial le demandaron una revisión de los casos judiciales de mujeres privadas de la libertad, imputadas por el delito de aborto y homicidio.