Indígenas, afromexicanas y trans luchan por un Guerrero feminista

ACAPULCO, Gro., 6 de septiembre de 2021.- “Tómame por lo que soy, porque nunca cambiaré mis colores por ti”, dice la letra de una de las canciones favoritas de Violeta Fox, I have nothing de Whitney Houston, una cantante estadounidense a la que imita en sus shows: “Es cargarme de adrenalina, de energía, ese cosquilleo en el estómago al subir al escenario y darlo absolutamente todo”. 

Violeta es originaria de Acapulco, Guerrero, uno de los nueve municipios en la entidad con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En las elecciones locales de 2021 fue la primera mujer trans que compitió como candidata a una diputación; el partido Fuerza por México fue el que la invitó y la respaldó por el Distrito 04 en Acapulco.  

Violeta Fox estudió la licenciatura en administración pública y ahora también es estudiante de nutrición. Trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fue Miss Trans Guerrero 2020, y ella, como muchas otras mujeres integrantes de grupos minoritarios, ha sido víctima de violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Guerrero es una sociedad machista y misógina, no se considera que una persona trans pueda desempeñar un cargo público”, explica Violeta sobre las agresiones o comentarios que recibió durante su campaña; también piensa que este momento ha marcado una pauta general para la participación política de las mujeres, y de las mujeres trans. 

Violeta asegura que en las elecciones del 6 de junio de 2021 se notó la importancia de las mujeres porque en Acapulco ganó la alcaldía Abelina López; y es que esta región registró 16 por ciento de los casos, según el Primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Estado de Guerrero en el Proceso Ordinario 2020 – 2021,elaborado por Equipos Feministas, A.C., que contabilizó un total de 45 acciones u omisiones entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año. 

Según el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Guerrero, ésta tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado, además de que puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual. 

Esto quiere decir que puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas: agentes del Estado, colegas de trabajo, partidos políticos, o sus representantes, medios de comunicación. Hay grupos vulnerables que están más expuestos a violencia política contra las mujeres en razón de género, tal es el caso de las trans, indígenas y afromexicanas.

Muriel Salinas Díaz, directora general de Equipos Feministas A.C., una organización dedicada a fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres, indica en entrevista que “si esto (las agresiones) ocurren en Chilpancingo —donde en teoría las mujeres tienen un mayor acceso a la información—, imagínate en contextos indígenas donde la manera en que funciona el sistema electoral, cómo aplica la regla de paridad, y sus derechos en general, muchas veces se desconocen”.

La situación en tiempos electorales se vuelve más agresiva y es necesario ver al futuro; por ello Muriel Salinas propone que los partidos tengan un órgano especializado que dé asesoría a las víctimas de violencia política en razón de género, con presupuesto, autonomía técnica y de gestión; además de la creación de una Defensoría Pública Electoral contra la Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género, como la de Pueblos y Comunidades Indígenas, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ellas no se rinden 

“Las viejas no saben gobernar”, decía una de las frases misóginas pintadas por los adversarios políticos de Ruperta Nicolás Hilario, una mujer indígena me’phaa. 

Las pintas estaban en diferentes puntos de la carretera, postes de luz, bardas y casas del municipio de Iliatenco, ubicado en La Montaña de Guerrero, días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. Esta y otras formas de violencia política contra las mujeres en razón de género ha sufrido Ruperta, pero a pesar de todo, no se rinde.

Cuatro de 45 casos documentados en el Primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Estado de Guerrero en el Proceso Ordinario 2020 – 2021son de mujeres indígenas, como Eneida Lozano Reyes, aspirante a concejala del Gobierno Municipal de Ayutla de los Libres, quien sufrió amenazas de muerte y acoso por parte de grupos adversarios.  

O el de Edith Ramírez Santos, quien en conferencia de prensa anunció su renuncia a una candidatura debido a que sufrió presiones del candidato a presidente municipal del mismo partido político, quien argumentaba que era demasiado joven, “aniñada” y que carecía de experiencia.

El caso de Juventina Asencio Iglesias es otro adicional a los documentados en el informe de Equipos Feministas A.C. Hasta San Juan Tetelcingo, uno de los pueblos nahuas del Alto Balsas, en la región Norte del estado, el partido Morena buscó a la defensora del territorio contra las mineras desde hace 18 años, para ser candidata a diputada federal.

Ella inició la precampaña en los pueblos de su municipio, Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango, Copalillo, Iguala, Taxco y Pilcaya, pero todo concluyó con un juicio electoral ciudadano debido a que los espacios asignados a candidaturas de representantes de los pueblos originarios fueron usurpados.

Juventina impugnó el acuerdo de candidaturas que llegó a la Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral, pero los documentos que presentó fueron desconocidos por quienes presuntamente los habían suscrito. “Impugné, gané y pusieron a otra persona que ahora funge como regidora ahí en Chilapa, que no se registró (en el proceso interno)”, lamenta en entrevista sobre lo que le sucedió al ser borrada de los registros en Morena. 

Pese a todo, se dice satisfecha por el respaldo que recibió de los pueblos en la precampaña; y cuenta orgullosa que nunca tuvo problemas para comunicarse con los pueblos hermanos de otras regiones y estados, porque entiende varias variantes del náhuatl. “A lo mejor no hice gran cosa, pero a lo mejor llegué a concientizar. Debo preparar a más mujeres y hombres también, con principios, con ética y moral, dignidad”, comenta. 

Ruperta Nicolás Hilario, alcaldesa de Iliatenco de 2018 a 2021, también ha enfrentado violencia política de género a lo largo de su gobierno y en tres campañas políticas por la presidencia del municipio me’phaa, en La Montaña de Guerrero.  

Fue a ella a quien le hicieron pintas con la frase: “Las viejas no saben gobernar” este 2021. En entrevista, explica que los partidos de oposición se unieron contra su reelección, porque sabían que estaban en desventaja y comenzaron a intimidarla a ella y a su equipo. 

“No comparto que traten así a una mujer que tiene aceptación, por más que tanto quieren estar en el poder. Viene mucha gente de afuera que ve (las pintas), y eso afecta, genera un rechazo a la persona”, menciona.

Aunque el tribunal federal confirmó la violencia política en razón de género hacia Ruperta Nicolás, los votos no le favorecieron; pero recuerda que cuando ganó en 2018 fue difícil revertir las agresiones durante su gestión. “No queremos que fuereños nos vengan a gobernar”, le decían en alusión a su esposo, quien no es de Guerrero, pues suponían que ella no tomaría las decisiones de su propia gestión.

Ruperta señala la importancia de la participación política de las mujeres. En su gestión, por ejemplo, logró que hubiera una comisaría y cuatro delegadas. “Creo que como mujeres debemos participar; encabecé una administración y ahora hay delegadas y comisaría”, destaca como ejemplo de avance. 

El triunfo de la afromexicanidad

Después de seis años de trabajo partidista, Marben de la Cruz Santiago es diputada. Con orgullo, asume su triunfo y su identidad afromexicana para representar a esta comunidad. “No es para que los partidos políticos festejen, es para decir: estamos haciendo justicia”, expresa en entrevista sobre su cargo en el Congreso local. 

En 2015, con 25 años de edad y como activista por el reconocimiento de la población afromexicana, Marben de la Cruz Santiago fue candidata de un partido de nueva creación a la alcaldía de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero. Sin embargo, sufrió violencia política contra las mujeres en razón de género: lo primero que le dijeron fue que “cómo tan joven nos va a gobernar, es soltera. Sí, está bien que sea mujer, pero que sea casada”. 

En 2019, el Congreso de la Unión hizo una reforma constitucional para reconocer a las personas afrodescendientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte de la composición pluricultural de la nación y con ello subsanar la deuda de invisibilidad y exclusión que han enfrentado por más 400 años.

Marben nació en Ometepec, cerca de los límites con Oaxaca. Recuerda que desde su adolescencia recorrió localidades con su padre y madre voceando los actos políticos de candidaturas de izquierda. Ahora esos esfuerzos de alguna manera se ven recompensados con su diputación recién ganada. “Siempre hemos andado en el movimiento afromexicano, por el reconocimiento en la Constitución, que ahora cumple dos años” dice; y ahora como congresista su tarea será garantizar todos los derechos de este grupo minoritario.

Buscan fomentar la cultura de la denuncia

En noviembre de 2020, con miras a los comicios del 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero expidió Lineamientos para que partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. “Con la confianza de que fomentarán la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y mejores condiciones de justicia”, dice el documento. 

En ese sentido, la consejera electoral Vicenta Molina Revuelta recomienda agotar las instancias para la presentación de denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género tanto en los órganos internos de los partidos, en el IEPC y en tribunales. Por su parte, Roberto Rodríguez Saldaña, titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), considera que en este proceso electoral hubo más mecanismos para que las mujeres pudieran denunciar ya sea vía telefónica, por correo y redes y no sólo de forma presencial. 

“Una particularidad es un convenio que se firmó entre las mujeres que participan en la vida política del estado y los órganos electorales como es el tribunal o el IEPC”, dice. 

La consejera Vicenta Molina menciona que gracias a estos lineamientos los partidos deben brindar asesoría para las víctimas de violencia política, con organismos internos creados para el ejercicio y protección de los derechos de las mujeres, como propone Muriel Salinas. Sin embargo, es sólo una invitación. “Los lineamientos son orientadores, no tienen una obligatoriedad implícita; son como sugerencia”, admite en entrevista.

Molina Revuelta coincide con la directora general de Equipos Feministas A.C en la necesidad de una Defensoría Pública Electoral contra la Violencia Política hacia las Mujeres en razón de Género, pero más allá de la creación de nuevos órganos insiste en la importancia de denunciar.

“La Comisión y la Unidad de Igualdad de Género y no discriminación del IEPC mantuvo comunicación con mujeres que, sabíamos, estaban sufriendo violencia política y que se resisten a denunciar”, lamenta.

La consejera electoral reconoce que con las mujeres indígenas es aún más complicado fomentar la cultura de la denuncia, pero afirma que desde el órgano electoral seguirán movilizándose. “Tratamos de realizar varias actividades de difusión sobre la violencia política, con mesas de trabajo, estuvimos invitando a las candidatas, sí alcanzamos a un gran número de personas”, asegura finalmente con optimismo de cara al futuro.

El fiscal Roberto Rodríguez Saldaña comparte que, pese a la pandemia de COVID-19, han continuado la capacitación para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género en la modalidad virtual y así seguirán sin importar que ya hayan concluido los comicios electorales, pues se trata de evitar este delito también en la administración pública y no sólo en las campañas.     

“Invitamos a los partidos, a las instituciones del estado y del municipio, para que reciban una capacitación por parte de la Fiscalía electoral, pero también difundimos en nuestras redes. Próximamente habrá cambios de autoridades y la idea es evitar que tanto en el ámbito de la administración pública llámese estatal, federal, o municipal se evite la violencia política contra las mujeres en razón de género”, manifiesta.