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ACAPULCO, Gro., 12 de diciembre de 2022.- El exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell Sánchez consideró injustificada y sin precedentes jurídicos la reforma electoral, al igual que la promoción del Plan B que plantea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de modificar las leyes secundarias ante la cercanía de la elección presidencial y que propone elegir a las consejeras y consejeros electorales, así como a los magistrados del Tribunal Electoral por voto popular.
En declaraciones luego de que impartió la conferencia Claves de la reforma laboral, Carbonell Sánchez criticó además la falta de consenso entre las fracciones parlamentarias, en una propuesta inédita que emergió a partir de quien ejerce el poder en la actualidad porque consideró, es como intentar “cambiar las reglas de un juego a mitad del partido”.
“No está bien justificada, desde mi punto de vista la necesidad de la reforma, es decir ¿qué no estaba funcionando? ¿Había algún obstáculo como para que el voto contara y fuera contado? Yo creo que no”, argumentó el conferencista.
Señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido confiable desde su integración, ha sido transparente.
Ante el argumento de las diputadas y los diputados que defienden el proyecto de reforma, de que habrá un ahorro ante una nómina abultada de los consejeros y las consejeras, opinó que se puede ahorrar en otras instancias y no en los recursos destinados a la democracia.
“Los salarios los determinan ellos, los salarios están determinados por los legisladores y si no les gusta un salario que lo modifiquen, pero eso no quiere decir que tengan que acabar con una institucionalidad electoral que llevamos tres décadas construyendo, que ha dado buenos resultados, que es un ejemplo a nivel internacional, que acompaña a otros países para que ellos sepan cómo hacerlo, por ejemplo proponiendo, porque está en la propuesta, que ahora sean electos por voto popular. ¿Quiénes resultarían electos?”, cuestionó.
Añadió que otro factor en contra del Plan B para la reforma electoral es que el calendario no ayuda: “se lee desde el sospechosismo, desde la cercanía de un proceso electoral que se avizora, no lo sabemos, muy competido, que se avizora muy álgido, donde se van a jugar muchas cosas: un proyecto político como la 4T y algunas otras cuestiones y desde ese punto de vista parecería que cambiar las reglas del juego a mitad del partido, no es lo más correcto”.
En otro tema dijo que, a pesar de la reforma laboral aprobada en la actual administración federal, puntualizó que está enfocada a las trabajadoras y a los trabajadores del sector privado, por lo que el apartado B de la Ley Federal del Trabajo, que rige a las y los trabajadores del sector gubernamental en todos sus órdenes de gobierno, no cambió, por lo que sugirió desaparecerlo.
“Siguen habiendo trabajadores de primera y de segunda en México y los trabajadores al servicio del estado tienen un estatuto jurídico disminuido en relación con los del apartado A (de índole privada) y esa discusión no la hemos tenido y creo que la de debemos tener”, afirmó.
El investigador recordó que en otro momento la propuesta de ley federal del trabajo era desaparecer el apartado B y fusionarlo con el del apartado A del artículo 123 de dicha ley, con la existencia de un estatuto jurídico compartido, independientemente de dónde se labore, si en el sector privado o en el público, exceptuando a las fuerzas armadas.