Insabi pretende resucitar letra muerta sobre acceso a la salud

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de enero de 2020.- Para tratar de resucitar la letra muerta de que se cumpla lo que establece la Constitución en el Artículo 4 sobre el derecho universal del acceso a la salud, el gobierno federal puntualizó una vez más cómo se va a consolidar el Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar (Insabi).

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la tendencia de los conservadores es ir en contra de las medidas del Insabi porque no conciben que deje de ser un negocio:

“Lo que no queremos es la corrupción, que se siga habiendo negocios… se daba convenios a contratistas cercanos a los funcionarios, vendían medicinas políticos, tenían relaciones con servidores públicos estatales, había toda una red de corrupción con relación a la salud, todo eso se termina”.​​​​​​​

En la conferencia matutina de este martes, el Jefe del Ejecutivo presentó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, quien detalló los pasos por los que irá pasando el Insabi hasta concretar de forma paulatina, la gratuidad total en todos los niveles de atención para las personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

“En 19 estados hay el sistema IMSS-Bienestar, por si no se adhieren los gobernadores, con este sistema que son unidades médicas, que son hospitales ubicados en las zonas más pobres del país iniciaría eso, en esos estados en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el Insabi”, dijo.

“No quisiera que el tema central sea si se van a adherir o no se van a adherir, a los que no están de acuerdo, vamos a esperarnos”, reiteró para evitar seguir la polémica con los mandatarios estatales.

Apuntó que cada quién asume su responsabilidad y ser respetuosos de la Constitución y las Leyes para garantizar.

“En todos los niveles de atención, todo lo que se requiera, trátese de la enfermedad de que se trate, cueste lo que cueste”, afirmó, al ser cuestionado sobre la atención del cáncer de la que se han deslindado algunos gobiernos estatales.

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