CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2018.- México recibió 21 recomendaciones durante el Diálogo de seguimiento de la sustentación del Informe sobre desaparición forzada ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado el 9 de noviembre pasado, en Ginebra, Suiza.

De acuerdo con el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el órgano de supervisión de Tratados del sistema universas de los derechos humanos puso especial énfasis en fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.

Sin embargo, esto se prevé lejos de cumplirse ante la implementación de la nueva estrategia de seguridad del Gobierno federal con una Guardia Nacional.

Se recomienda así adoptar un marco normativo que regule el uso de las fuerzas por los agentes de las fuerzas del orden, compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales.

Además, reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas.

Insta a otorgar su acuerdo a la visita del Comité, cooperar para definir las modalidades de dicha visita y ofrecer las facilidades necesarias.

Garantizar que en la práctica todas las desapariciones forzadas queden expresamente excluidas de la jurisdicción militar y solamente puedan ser investigadas y juzgadas por las autoridades civiles competentes, incluidas aquellas que pudiesen ser cometidas por un militar en contra de otro militar.

La ONU solicitó poner a la brevedad en funcionamiento los registros y herramientas contemplados en la Ley General, incluyendo el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas.

A fin de garantizar un traspaso de los datos existentes a los nuevos registros con diligencia, instó a fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de administrar e incorporar datos a los registros.

El documento también conmina a la creación de una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, la cual realice investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales.

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