MÉXICO, DF, 5 de diciembre de 2014.- El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tenía a su servicio un cuerpo parapolicial integrado por un centenar de elementos armados, informó el diario La Jornada.

Los miembros de ese grupo no estaban registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y tampoco habían sido sometidos a exámenes de control de confianza, como obliga la ley a todas las corporaciones estatales y municipales.

Abarca tenía una serie de elementos en paralelo, armados, y esos no estaban dados de alta en el registro nacional. Creo que ahí es de donde vino todo el problema, dijo al diario Jorge Carlos Hurtado, secretario ejecutivo del SNSP, de la Secretaría de Gobernación.

Hurtado se refería a los hechos ocurridos en la noche del 26 de septiembre pasado cuando la policía de Iguala asesinó a seis personas, hirió a más de una veintena y secuestró a 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa a la postre desaparecidos.

De manera indirecta, vía subsidios, el gobierno federal contribuyó para los fines del alcalde, acusado por la Procuraduría General de la República de ser autor intelectual, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, del crimen de Iguala.

Al menos 22 policías de Iguala están en la cárcel, acusados de participar en los hechos.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó al Congreso un decálogo de medidas para enfrentar situaciones como la de Iguala. Una de las principales iniciativas es crear un mando único a nivel de estado para los cuerpos policiales municipales.

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