Mujeres ganan terreno en la industria minera de Guerrero
CHILPANCINGO, Gro., 24 de julio de 2026.- El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández señaló que el juez que vinculó a proceso al líder indígena Jesús Plácido Galindo, no valoró las pruebas presentadas por la defensa durante la audiencia y acusó que actuó bajo presión de autoridades para dictarle formal prisión.
Las pruebas, “las hizo a un lado y actuó por consigna. Tuvo presión de otras autoridades para poder declarar formal prisión a Jesús Placido Galindo”, indicó.
En una videoconferencia de prensa en la página oficial de Facebook de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández afirmó que el dictamen del juez Ubaldo de la Sancha, forma parte de la actuación del Estado contra el líder del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), y lo acusó de presuntos nexos con la delincuencia.
Abel Barrera indicó que Jesús Plácido denunció los hechos ocurridos entre el 6 y 11 de mayo en las comunidades de Tula, Chicotlá, Alcozacán y Acahuetlán en Chilapa, que dejó desplazamientos forzados, homicidios y personas desaparecidas.
Añadió que tras las denuncias del líder indígena, el gobierno del estado se molestó debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que interviniera la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para atender las demandas de los pobladores afectados.
En ese sentido, dijo que Placido Galindo evidenció que a nivel estatal, no se actúa con rigor jurídico ni con compromiso para proteger los derechos humanos de los más desprotegidos.
“Jesús Plácido denunció la colusión de autoridades municipales con el grupo delictivo de Los Ardillos, lo que generó malestar en las autoridades”, señaló Barrera Hernández.
El director del organismo, afirmó que las autoridades hasta la fecha no han investigado el desplazamiento que sufrieron las comunidades indígenas de Chilapa, ni los homicidios que se denunciaron, hechos que consideró, quedaron de lado para atacar al dirigente del Cipog-EZ.
“Lo que sí vimos es que se fueron encima de Jesús Plácido, lo colocaron en una situación de riesgo por la campaña que hay en su contra, al señalarlo de ser parte de Los Tlacos, pues claramente se le acusa de delitos sin tener pruebas, pues es falsa la versión de que es un personaje de alto peligro”, apuntó el activista.
La intención de criminalizarlo, agregó Abel Barrera, quedó de manifiesto cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ordenó congelar sus cuentas bancarias, a pesar de que en su tarjeta de BBVA tenía solo 280 pesos y la de Banco Azteca no tenía nada.
“Hay una campaña de desprestigio al decir que Jesús Plácido se mueve en el plano de la ilegalidad, se fraguó dentro de la Fiscalía un expediente, una denuncia al vapor”, añadió.
Para Abel Barrera, la denuncia iniciada por homicidio contra Jesús Placido resulta insostenible debido a que uno de los testigos de nombre Marcos N, fue asesinado en 2022 y, aun así, la Fiscalía General del Estado (FGE) declara que esa persona acusa Jesús Plácido como responsable de homicidio.
También lamentó que el juez no tomara en cuenta el activismo de Plácido Galindo como defensor de derechos humanos, ni como receptor de medidas cautelares por parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que implica que estaba monitoreado de manera permanente por las autoridades.
“Lo que observamos es un actuar parcial y faccioso del juez de control, no muestra independencia, profesionalismo y no tiene visión del contexto en que se dan los hechos” dijo Abel Barrera.
Por su parte uno de los abogados defensores de Placido Galindo, Aarón Díaz Salazar aseguró que la firma contenida en el expediente de la FGE es reciente, y no coincide con la credencial de elector del presunto testigo que falleció en 2022.
El abogado, dijo que será el próximo martes cuando la defensa de Jesús Placido presente la apelación correspondiente.