Juicio político al fiscal Olea

Los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio del interés público que vulneren los principios fundamentales consagrados en la Constitución y las leyes, que cometan violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos serán sujetos de juicio político (artículo 195 de la Constitución Política de Guerrero). Es por ello que, con absoluta responsabilidad y convicción, he decidido presentar en los próximos días este recurso en contra de la persona de Xavier Olea Peláez, fiscal general del estado de Guerrero.

El fiscal debe entender que, ni la sociedad ni el Poder Legislativo pueden tolerar ni las burlas ni las ofensas de un servidor público omiso que olvida la representación social que adquirió y que se distingue por polémicas declaraciones que lo mismo acusan a un legislador de ser el líder de un cartel delincuencial, y aún sabiéndolo no hace nada para detenerlo, que en asumirse como el portavoz del Ejecutivo estatal en la orden de darle pa’bajo a un delincuente de la Tierra Caliente, según consta en videograbaciones públicas y difundidas a nivel nacional.

La procuración de justicia es la razón de ser de la Fiscalía General del Estado y el hecho de que el titular de la institución permita y auspicie la operatividad de 293 elementos de la Fiscalía sin certificar (ministerios públicos, peritos y policías investigadores) constituye un delito que pone en riesgo el debido proceso penal, delito que viola la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo tanto, tolerarles significa ir en contra de la ley.

El fiscal Olea, ha violado el artículo 139 fracción IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala que se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien asigne nombramiento de policía, Ministerio Público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta ley.

Xavier Olea Peláez, no sólo ha violentado la ley, sino que sus declaraciones ofenden, agreden y minimizan los reclamos de la sociedad en materia de procuración de justicia, ha violado recurrentemente el derecho humano de las víctimas a encontrar justicia. Guerrero, y en especial durante la gestión de Olea, tiene un 99 por ciento de impunidad en los homicidios, según lo ha señalado el Índice de Paz México 2017. Es el Estado con el mayor número de homicidios dolosos, como lo confirman las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que precisa que en mayo se cometieron 216 homicidios dolosos en la entidad.

En Guerrero y en prácticamente todo el país, el deterioro de las instituciones se debe en gran medida a la corrupción y la impunidad, el Estado de Derecho está quebrantado y la aplicación de la ley es discrecional y nula, en muchas ocasiones.

Por lo tanto, la falta de capacidad técnica, administrativa, operativa o su negativa dolosa para resolver los retos del encargo conferido por el Congreso local queda de manifiesto con los nulos resultados exhibidos en su informe. Según da cuenta el fiscal general de 27 mil 588 carpetas de investigación iniciadas sólo se formularon 505 imputaciones, y solamente se ejecutaron 65 órdenes de aprehensión. En los casos más notorios de homicidios y agresiones que corresponden a periodistas o políticos, salvo en el de Demetrio Saldívar en el que se detuvo al presunto autor material del crimen, en los demás no hay avances.

Del informe, llama la atención las líneas dedicadas a la paz. El fiscal se refiere a que la paz se encuentra solamente en el corazón y que, los guerrerenses debemos de dejar a un lado las fricciones, los ataques y los resentimientos de cualquier índole, dice textualmente.

Por tanto, el debate abierto en universidades, centros de pensamiento, centros de investigación, partidos políticos y en todas las áreas de la sociedad civil queda resumido a un personalísimo concepto y no a un proceso social dinámico, que a diferencia de las concepciones de paz, como ausencia de guerra o no violencia, se constituye en la búsqueda y razón de ser de la superestructura de la cultura de paz.

Durante todos los trabajos que ha sostenido esta Legislatura hasta el momento, el disenso en las opiniones se ha encontrado presente, pero siempre bajo un ánimo constructivo en busca de las mejores acciones. Desde que el nombre de este personaje se manejó en la lista de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general, me he opuesto pública y abiertamente al nombramiento de Olea Peláez, polémico abogado que se ha especializado en defender delincuentes, nunca en defender el interés público, que es el objeto de la representación social del Ministerio Público. Lo mismo defendió al ex tesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, que cometió fraude y peculado junto al ex gobernador de aquella entidad Andrés Granier que al hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas, o a Juan Manuel Moro Ávila, asesino material del periodista Manuel Buendía.

Otra de las notorias omisiones del fiscal general es que desde el 10 de junio de 2016, fecha en que se publicó la reforma que crea la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, no ha presentado al Congreso su propuesta de titular de esa Fiscalía, cuando el tema es de relevancia para el Estado frente a la grave problemática de desaparición forzada que se ha recrudecido en los últimos años, no sólo con el caso Ayotzinapa, sino con los cientos de desaparecidos que hay en la entidad. Siguen apareciendo fosas, y perpetrándose desapariciones y el actuar de la autoridad no puede limitarse a hacer panteones ministeriales. No es posible enfrentar esta violencia si no hay una transformación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Concluyo retomando la primera línea y eje del decálogo de la Fundación de Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz en 1992, quien dice que no hay paz sin justicia. De ahí la importancia de tener a un titular del Ministerio Público estatal a la altura de las necesidades de Guerrero.