¿Arte o negocio? ¡Globos de oro!
La detención de los principales líderes del magisterio disidente de Oaxaca, y los vejadores de Chiapas, hacen ver que el Estado está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para recuperar su estatus institucional.
Con cálculo premeditado, para no enturbiar los comicios de gobernador en Oaxaca, el gobierno federal ejerció la acción penal, pese a que los mandamientos de captura ya habían sido obsequiados por el juez desde el pasado mes de abril. Y van por otros 24 profesores, anuncia el Subprocurador de la PGR Gilberto Higuera.
Seguramente las detenciones avivarán el fuego de las protestas y la radicalización de las acciones de la CNTE, como es de esperarse de todo grupo anti sistémico, pero también es cierto que la Segob ya debe tener prevista la contra respuesta.
Lo que no puede permitir el gobierno es la dilación del conflicto, pues correría el riesgo de que el movimiento sea cooptado por López Obrador para llenar sus alforjas en el 2018. De entrada la tiene fácil, pues la imagen del presidente Peña Nieto y del PRI, después de su fracaso en los recientes comicios estatales, han quedado muy deterioradas y el voto conservador se dividiría entre el tricolor y el blanquiazul dándole al peje la posibilidad de cristalizar su ansiado sueño de estar en la recta final. Esto presupone que la contienda presidencial en dos años será una de las más costosas para el PRI.
Por cierto, el dirigente de Morena ni tardo ni perezoso aprovechó la ocasión que le brindó la detención de Rubén Núñez y Francisco Villalobos para acusar al gobierno de cobarde y autoritario. No ignora, pero sí obvia que en un régimen pleno de derecho, el orden legal puede imponerse por la fuerza.
El ejercicio de la libertad tiene una línea, un tope. Así como también la tiene el ejercicio legítimo de la fuerza. Entre ambas líneas existe un espacio para los acuerdos políticos, pero una vez que los resultados son adversos, por la persistencia de intereses ajenos al beneficio de las mayorías, el Estado tiene la obligación constitucional de resguardar los derechos del conglomerado social, los cuales garantizará por sobre los intereses de grupos de presión que trastoquen el orden público. Así funciona el Estado de Derecho. Y la mayoría de los profesores han entendido que la reforma llegó para quedarse. Los líderes y los grupos minoritarios que aún persisten en aferrarse a las viejas prácticas lo entenderán más adelante, pero tal vez sea demasiado tarde.