La consumación del golpe

El régimen de la transición no existe más.

Se acabó el experimento democrático, un sector de sus beneficiarios aprovechó la llegada a la cumbre del poder para echar abajo los históricos avances que ellos mismos impulsaron, junto con otros partidos y organizaciones civiles, cuando eran oposición.

Lo pudieron hacer por la ilegal distorsión de la voluntad popular en favor del oficialismo, llevada a cabo por autoridades electorales capturadas que ignoraron los límites constitucionales a la sobrerrepresentación.

Con la espuria mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la que se hicieron en el Senado mediante la obscena compra y extorsión de senadores, usando órdenes de aprehensión como amenaza, cambiaron unilateralmente la Constitución y, con ello, al régimen político, pasando sobre la representación de quienes no votaron por ellos, es decir, del 46 por ciento de los votantes.

La Carta Magna debe ser expresión de un amplio consenso, pero se rompió ese principio al darle 74 por ciento de escaños a quienes obtuvieron solo el 54 por ciento de votos.

Tal composición ilegítima abrió la puerta a la imposición de un nuevo orden constitucional diseñado para concentrar el poder, extenderlo a todos los ámbitos y perpetuarse en él quienes hoy lo detentan. Eso se llama golpe de Estado.

Se trata de un golpismo sui generis, pero golpismo al fin.

Una especie de autogolpe, porque se operó desde la Presidencia, que fue realizado mediante la perversión de instituciones sometidas por el alineamiento de una mayoría de consejeros y magistrados que se olvidaron de su responsabilidad constitucional y optaron por servir al grupo en el poder, obsequiándole una fuerza muy superior a la que obtuvieron en las urnas para que pidieran modificar el pacto fundacional de la República sin acordar con nadie, cuidándose de cumplir formalmente con los procedimientos y plazos legales.

Dicha mayoría ilegalmente amplificada para volverse hegemónica se avocó a cumplir el proyecto autocrático, conocido como Plan C.

Militarizaron el país a niveles insospechados; dieron al Ejecutivo el control y la regulación del ciberespacio, espectro radioeléctrico y el otorgamiento de concesiones de radio y televisión, como en el viejo régimen; establecieron un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva para poder encarcelar a cualquiera con solo la acusación de fiscalías carnales y luego averiguar; desaparecieron el INAI y el resto de los contrapesos. Pero el punto de no retorno se cruzó con el asalto al Poder Judicial.

Ya no habrá diques contra la arbitrariedad y, cuando lo requiera, la última palabra legal siempre será a favor del gobierno. Nadie litigará contra éste pensando que le puede ganar, aun teniendo la razón jurídica.

 La independencia judicial es condición para que haya juzgadores imparciales y, tras su pérdida, la justicia estará al garete de consideraciones políticas y beneficios económicos.

Control y corrupción al servicio de la oligarquía morenista, en medio del caos por ineptitud, inexperiencia e improvisación.

Una muestra de lo que viene es lo que hemos visto con la mayoría de tres magistrados del TEPJF.

La reforma judicial no solo está marcada por la ilegitimidad de origen al ser aprobada por la espuria mayoría calificada ya mencionada, también por la elección a la que dio lugar y que es indefendible de principio a fin y desde cualquier perspectiva democrática… pero todo lo han avalado sin siquiera ruborizarse.

El retroceso en cada momento del proceso, desde la convocatoria hasta la calificación, es elocuente y está documentado; pero, así como la caída del sistema marcó las elecciones de 1988, los acordeones harán lo propio con las de 2025.

No ha habido un fraude más grotesco y desvergonzado como el que acabamos de ver.

La entrega de acordeones fue sistemática, generalizada y promovida por el gobierno y su partido, conculcando el voto libre y secreto. Su incidencia está matemáticamente comprobada.

Además, el 87 por ciento de los ciudadanos no acudió las urnas y más del 3 por ciento anuló o dejó en blanco su voto. La votación efectiva no llegó al 10 por ciento del padrón y el fraude definió los resultados.

El obradorato se impuso a la mala, pero la falta de legitimidad les pasará factura.