La pobreza y el aguafiestas

No es recomendable ser anticlimático, pero en ocasiones resulta irresistible la osadía. Echaron a andar la maquinaria de propaganda para celebrar los avances contra la pobreza medidos por el INEGI como un logro propio y exclusivo. La presidenta Sheinbaum no escatimó en la hipérbole y la llamó “hazaña histórica” que valida “el proyecto de transformación”.

Con tal alharaca quieren redimirse de sus fallas, fracasos, omisiones, vicios y excesos, además de justificar sus pretensiones hegemónicas y el cambio de régimen para satisfacerlas. Pero, antes de seguirle el juego a los propagandistas, es importante analizar el estudio y poner los puntos sobre las íes.

Es cuesta arriba plantear reparos frente a la condena moral que reprocha “mezquindad” al que no se suma al coro, pero, si se tienen elementos, vale la pena resistir la corriente y no callar por miedo al anatema. No es que tenga otros datos, lo que sucede es que existen cuestiones que han sido ignoradas o se les escatima importancia.

El estudio muestra que la reducción en pobreza de 12.3% -13 millones de personas que salieron de esa condición- se debe fundamentalmente a que aumentaron los ingresos laborales y eso tiene que ver con el alza sustancial al salario mínimo. Pero lo que olvidan es que tal medida no se financia con recursos públicos, sino que se sostiene sobre los hombros de las empresas y la productividad de los trabajadores.

Están haciendo caravana con sombrero ajeno o, para ser más precisos, no le dan el crédito que corresponde a quienes lo hacen posible y ni siquiera aceptan que es un éxito compartido. La decisión, dirán con razón, se impulsó desde el poder político, pero los que llevan la carga son privados y particulares. Lo que le toca al gobierno con su presupuesto es atender otros indicadores, como Salud y Educación, y ahí no tienen nada que presumir.

Ahora bien, la definición política de elevar el salario mínimo no fue de una sola fuerza, mucho menos de una persona. El camino se preparó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se desindexaron multas, trámites, obligaciones fiscales y otros pagos a dicha referencia, creándose la UMA.

Se hicieron cambios constitucionales y legales para quitar obstáculos, mismos que fueron aprobados por unanimidad. El entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, insistía en que se diera un aumento sustancial, pero la tecnocracia y sus dogmas se impusieron en el último momento, colocando al salario mínimo muy por debajo de lo que se requería; pero dejaron la mesa puesta para la siguiente administración.

Ayudó también que, en las observaciones al T-MEC que hizo la Cámara de Representantes de EEUU en 2019, se recogiera la condición de los sindicatos de ese país para que aumentaran los salarios en México.

Lo que no se puede ocultar es el desastre en el acceso a la salud, con todo y que cambiaron la pregunta: 44.5 millones de mexicanos tienen esa carencia, más del doble que en 2018. No perdamos de vista que la medición es solo cuantitativa, el diagnóstico sería peor si considerara el desabasto de medicamentos, los hospitales saturados y sin mantenimiento, las maquinas descompuestas, la falta de personal y el tiempo que tardan en programar citas con especialistas o intervenciones quirúrgicas.

Algo similar pasa con la educación básica. Si bien los datos no son tan dramáticos, la calidad de la enseñanza es deplorable y la mediocridad, la deserción y el adoctrinamiento tienen atrofiada a la principal herramienta de movilidad social.

Maravilloso que aumentara el ingreso y tantas personas salieran de la pobreza, pero eso no borra las carencias en Salud y Educación. Para atenderlas, el gasto público es esencial, pero gran parte está comprometido y se mantiene el derroche, el capricho y la corrupción.

Al poco margen de maniobra se suma la economía estancada. Durante el obradorato la población ha crecido más que el PIB y la deuda se duplicó. Si eso sigue así no habrá dinero que alcance y lo logrado podría esfumarse en una eventual crisis. La incertidumbre respecto al T-MEC, la falta de certeza jurídica y el creciente autoritarismo desincentivan la inversión. Por mí que regresen el champán al hielo.