ACAPULCO, Gro., 7 de diciembre de 2019.- Luego de estar 36 horas retenidos, la madrugada de este sábado fueron liberados los 16 efectivos de la Guardia Nacional, tras la intermediación del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno.

Informó en entrevista a Quadratín que los uniformados nunca fueron desarmados por los familiares de cuatro policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quienes fueron detenidos el pasado 11 de noviembre en una operación de seguridad en Xaltianguis, poblado de Acapulco.

“Nosotros decidimos participar; no obstante que (los integrantes de la Guardia Nacional) estaban en semilibertad, para que se dediquen a lo que tienen por encomienda, que es brindar seguridad en esa zona”, indicó el Ombudsperson de Guerrero.

Añadió que uno de los acuerdos con los familiares de los detenidos de la UPOEG, es que continúe un cauce legal con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero.

Navarrete Magdaleno mencionó que habrá una mesa de trabajo el próximo 11 de diciembre en este puerto, en la cual se expondrán “algunas condiciones” de atención jurídica que realizarán los abogados de la organización para que lleven a cabo las promociones ante el juzgado federal en defensa de los detenidos en Xaltianguis.

Aseguró que estará al pendiente de las condiciones que reclaman los miembros de la UPOEG presos en la cárcel de Chilpancingo, para vigilar las condiciones de su reclusión.

“El juzgado en el que se encuentran es del orden federal y la policía retenida es igualmente del orden federal. Sin embargo, quienes intervenimos fuimos instituciones estatales. Tuve una plática con el gobernador para establecer algún mecanismo que nos permitiera expresar a los miembros de la UPOEG su mejor disposición, de acuerdo a su facultad y, que haya justicia tanto para los miembros policiacos, como para la institución que los tiene procesados”, declaró Ramón Navarrete.

Destacó que las policías comunitarias no adquieren el carácter de autoridad cuando están fuera de sus comunidades, de ahí que no haya actualización para la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, pues su actuación es contra autoridades reconocidas como tales y que violan Derechos Humanos.

“La Comisión de Derechos Humanos actúa contra autoridades y cuando se trata de particulares, es competencia del Ministerio Público. Hay una zona que sí entra en la cobertura de legalidad y reconocimiento como autoridad comunitaria a estos elementos que es en San Luis Acatlán y sus alrededores”, aclaró.

Ramón Navarrete abundó que la reunión para lograr la liberación de los miembros de la Guardia Nacional se desarrolló durante varias horas y en ella participaron “los altos mandos” de la UPOEG, entre ellos Bruno Plácido Valerio.

Afirmó que el pago de 130 mil pesos que hicieron los civiles armados también se discutió durante la junta, no obstante que se trató de una relación entre particulares.