Lineamientos para ZEE prevén 800 empleos directos en primeros 5 años

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2018.- Lineamientos para el otorgamiento de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones en materia de Zonas Económicas Especiales para los interesados en fungir como administradores integrales o inversionistas priorizan la generación de al menos 800 empleos directos en los primeros cinco años, contados a partir del otorgamiento de la licencia.

Además, serán considerados empleos directos y aquellos que se registren dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El monto de inversión debe ser por lo menos 90 millones de dólares en los primeros cinco años para las Zonas o Secciones, en una superficie donde se pretenda establecer la Zona o Sección de la misma con proyección de al menos veinte hectáreas (20 ha) desarrolladas en el mismo periodo mencionado.

Dichos criterios de generación de empleo e inversión anteriormente descritos serán revisados por lo menos cada tres años ante la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pide valor agregado a la inversión, así como el acceso a las cadenas de valor regionales e internacionales, desglosando aquellas que correspondan al potencial Administrador Integral, así como de los posibles inversionistas.

Para el otorgamiento de Permisos y Autorizaciones, se considerara, entre otros aspectos, la opinión que emita la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

De ser procedente, actualizados por la Autoridad Federal con base en la información que se desprenda de las condiciones para establecer secciones privadas y considerando, en su caso, la información que otorgue el Servicio de Administración Tributaria y el IMSS.

La autoridad federal considerará la solvencia moral del solicitante tomando en cuenta las actividades que puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior, con base en la información proporcionada por autoridad competente y con la finalidad de determinar si existen indicios de que las actividades representen un riesgo.

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