Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
ACAPULCO, Gro., 21 de agosto de 2019.- Ante un promedio de 98 muertes al año en accidentes viales en el estado de Guerrero en los que además mil 579 personas resultaron lesionadas tan solo del año 2012 al 2017 el diputado Arturo López Sugía consideró urgente que el Congreso de la Unión saque de la congeladora la iniciativa de Ley General de Seguridad Vial.
De acuerdo con un boletín, “esta iniciativa se encuentra congelada en las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial y vivienda y de Estudios Legislativos del Senado desde el pasado mes de abril, pese a que fue propuesta por organizaciones civiles y los senadores la hicieron suya”, señaló el legislador de Movimiento Ciudadano.
López Sugía lamentó que se encuentre en un estatus de pendiente una Ley General “que por su propia naturaleza jurídica significaría las pautas y límites con los cuales se desarrollarían las normatividades de los estados respecto a seguridad vial se encuentra de momento olvidada”.
Por lo que presentó al Congreso de Guerrero un exhorto dirigido al Congreso de la Unión que fue aprobado la semana pasada, y recordó que “incluso, Congresos de otros Estados ya se han manifestado al respecto, este es el caso del Congreso de Jalisco que el pasado 5 de junio presentó ante la Cámara de Senadores un exhorto con la finalidad de agilizar el trámite legislativo”.
Agregó que según el Instituto Nacional de Seguridad Pública Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.
El diputado destacó que la Ley General de Seguridad Vial sería de orden público, e interés y observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, para prevenir y reducir al máximo las muertes, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito.
Además de ordenar y regular el sistema de seguridad vial en el territorio nacional, “por ello, su inclusión al sistema jurídico mexicano es de suma urgencia tomando en consideración las cifras antes referidas”, dijo finalmente.