Llama Tlachinollan a los guerrerenses a luchar contra la militarización

CHILPANCINGO, Gro., 15 de septiembre de 2022.- El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan Abel Barrera Hernández llamó a los guerrerenses a luchar contra la militarización que se impone en el país con las reformas aprobadas para que la Guardia Nacional dependa del Ejército en control operativo y administrativo.

Durante el foro La opacidad de las fuerzas armadas, llevado a cabo en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, Barrera Hernández recordó que en Guerrero el Ejército Mexicano no sólo ha participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino desde la época de 1960 con Luis Raúl Caballero Aburto reprimió a los estudiantes y 10 años después en la llamada Guerra Sucia también fue usado para asesinar a activistas políticos.

El director de Tlachinollan calificó de grave que senadores y diputados federales de Morena ahora aplaudan al Ejército y lo reconozcan como un actor importante en la trasformación del país y los pongan como paladines de seguridad.

El activista sostuvo que los legisladores no están haciendo caso al reclamo histórico que existe contra el Ejército para que rinda cuentas en la violación de derechos humanos, asesinatos y desapariciones que ha cometido, sino que ahora existe un proyecto nacional para colocarlo como un actor político, estratégico para la seguridad y la democracia del país.

Apuntó que para 2028, el Ejército actuará directo en acciones de seguridad, porque se impulsa un modelo de militarización para que los soldados tengan el control de las instituciones de seguridad pública, y dijo que el ejemplo claro es en Guerrero donde tiene el control de la Fiscalía.

Llamó a los guerrerenses a luchar contra ese modelo de militarización, porque Guerrero sigue siendo cuna de la resistencia y dijo: “Se debe conocer la historia de Guerrero, donde siempre ha luchado contra los controles políticos, caciquiles y las fuerzas del Estado”.

Por su parte, el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra señaló que “en México el Ejército tiene un poder y sin control civil ni contrapeso para que la actuación de los militares en materia de seguridad pueda ser revisada por un juez”.

Rosales Sierra, también representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusó al Ejército de ser el principal obstáculo en la investigación del caso, al asegurar que desde 2018, cuando el gobierno federal y la Sedena firmaron un documento para dar información sobre la tragedia de Iguala, la institución no ha otorgado ninguna información.

También criticó que de 20 órdenes de aprehensión que existen contra militares por el caso Iguala, hasta la fecha sólo se ha cumplido una.