Llaman a Profepa a intervenir en conflicto por tala en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro., 4 de febrero de 2021.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del Gobierno de Guerrero, Arturo Álvarez Angli, declaró que los permisos y autorizaciones para tala de madera en la entidad son facultad del gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde el gobierno estatal “no tiene injerencia”, por lo que llamó al gobierno federal a escuchar y dialogar con los pobladores, específicamente los de del poblado de Jaleaca, municipio de Chilpancingo, quienes este jueves marcharon en esta ciudad para denunciar la tala inmoderada de árboles en su comunidad,  por parte de sus vecinos de Chicahuales.

Álvarez Angli fue entrevistado esta tarde en por el periodista Luis Flores Lonazku en su  noticiero radiofónico en Chilpancingo, donde el funcionario estatal detalló que todos los permisos de  tala y aprovechamiento de madera en Guerrero vienen de la Profepa, y la Semaren se limita a hacer recomendaciones, para que los ejidatarios inconformes como el caso de Jaleaca puedan opinar en la revisión de los permisos, al existir denuncias y señalamiento de excesos de tala inmoderada.

Del caso Jaleaca-Chicahuales dijo que este último poblado tiene el permiso de tala y aprovechamiento de madera, pero son los habitantes de Jaleaca quienes denuncian la sobreexplotación y tala de árboles, al existir dichas denuncias las empresas madereras incurren a una tala clandestina y la madera que se extrae se convierte en ilegal.

Aseguró que después de la marcha que este jueves realizaron los pobladores de Jaleaca, se desarrolló una reunión en la Secretaría General de Gobierno y se demanda que la Profepa revise las condiciones de aprovechamiento que existe entre Jaleaca-Chicahuales y de ser necesario se suspenda la tala o revocar el permiso.

“Los permisos de la autoridad federal no pueden convertirse en una autorización para delinquir. Un permiso no puede ser amparo para exceder y sobreexplotar los recursos naturales”.

Agregó que en los dos últimos años (2018-2020) la Profepa les ha informado que ante la falta de presupuesto, les ha sido imposible enviar inspectores capacitados a las zonas de conflicto para  visualizar las áreas explotadas.